La fiscal general de Venezuela solicita al Supremo que aclare si sigue vigente la "democracia participativa" ante su aval a la constituyente de Maduro
La fiscal general de Venezuela solicita al Supremo que aclare si sigue vigente la "democracia participativa" ante su aval a la constituyente de Maduro
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, volvió a mostrar este jueves su desacuerdo con el oficialismo respecto al proyecto de reforma de la Constitución que promueve el presidente, Nicolás Maduro.
Ortega presentó una solicitud de "aclaratoria" a la sentencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avala la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.
Esa sentencia, publicada el miércoles, admite que la Constituyente se convoque sin necesidad de un referendo previo, algo que tanto la Fiscalía como la oposición rechazan.
Tras presentar el escrito, Ortega calificó la última sentencia del TSJ de "retroceso en materia de derechos humanos" por no someter la Constituyente a una consulta popular previa, como sucedió en 1999 para la actual Constitución.
Ortega afirmó que en el proceso constituyente, anunciado el 1 de mayo por Maduro, "la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión".
AFP
"Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano", dijo la fiscal, crítica con la Sala Constitucional del TSJ.
También solicitó que el máximo tribunal aclare si la soberanía sigue residiendo en el pueblo y explique la diferencia entre "convocatoria" (que la Constitución atribuye al pueblo) y la "iniciativa de convocatoria" (que sí puede corresponder al presidente, entre otros).
Voz crítica
Tras años en los que había sido considerada por la oposición como afín al gobierno, Ortega ha aparecido en las últimas semanas como una voz crítica dentro de las instituciones del Estado.
Representantes del oficialismo hablan de ella como una "traidora" desde que denunció la "ruptura del orden constitucional" en el país por dos sentencias del Supremo a final de marzo que fueron luego aclaradas y parcialmente rectificadas.
Esas sentencias desataron hace más de 60 días la actual ola de protestas que vive el país y en la que han muerto alrededor de 60 personas.
"Ellos (opositores) hoy te aplauden y mañana te crucifican. Esa es la vida de los traidores", dijo el miércoles Diosdado Cabello, cercano a Ortega en el pasado, actual diputado y uno de los hombres fuertes del partido en el poder.
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El analista Luis Vicente León dijo en una reciente entrevista con BBC Mundo que cree que el desacuerdo de la fiscal con el oficialismo es quizás la principal novedad de esta ola de protestas.
"Es el mayor riesgo para el gobierno y la mejor oportunidad para la oposición", dijo León, que cree que de haber un cambio de gobierno será por "implosión".
La fiscal también ha criticado los excesos de las fuerzas del orden frente a los manifestantes y el hecho de que civiles estén siendo juzgados por tribunales militares.
Ortega, leal a Hugo Chávez, al que citó este jueves, defiende la Constitución que el fallecido presidente promovió y que está vigente desde 1999. Entonces se convocó un referendo para validar la convocatoria y otro para aprobar el texto.
Ahora, el gobierno, avalado por el TSJ, no va a convocar referendo previo y queda por ver si lo hará una vez que los 545 miembros de la Constituyente, que serán elegidos en julio, redacten la nueva Carta Magna.
Análisis del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García Marco
Quizás como un mensaje ante los que la llaman traidora, la fiscal Luisa Ortega Díaz hizo una pausa en su discurso y citó a Hugo Chávez al tomar posesión del cargo de presidente el 2 de febrero de 1999.
"¿Acaso le tenemos miedo a la soberanía popular?", se preguntó Ortega con las palabras del comandante, a cuya figura sí que se muestra leal.
La fiscal es quizás la funcionaria de mayor poder de un grupo de chavistas que, sin embargo, se muestran críticos con el presidente Nicolás Maduro, su sucesor desde 2013, y sobre todo con la Asamblea Constituyente que él promueve y que redactará una nueva Carta Magna.
Ortega sostiene, como la oposición, que esa Constituyente debe estar avalada por un referendo. Pero el Tribunal Supremo de Justicia está del lado del Ejecutivo en que no es necesaria la consulta previa. Queda por ver si habrá una posterior.
La fiscal pone así en duda la interpretación de la Constitución que hace el máximo tribunal, al que hace dos meses ya acusó de haber violado el orden constitucional. Este jueves opinó que la nueva sentencia del TSJ es un "retroceso en materia de derechos humanos".
Y no lo hace citando a líderes de la oposición, sino con las palabras de Chávez.
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Las bases de la elección de los miembros de la Constituyente, que será sectorial y territorial, ha sido muy criticada por la oposición por considerar que vulnera que cada voto de los venezolanos valga lo mismo.
El decreto de Maduro establece un representante por municipio, dos en las capitales y siete en el distrito capital, lo que ha sido criticado por desatender el peso de la población en cada zona.
La oposición, que reclama elecciones ante la crisis económica y política, asegura que el gobierno no quiere medirse en las urnas. Desde el triunfo opositor en las legislativas de diciembre de 2015 no hubo más comicios. Las elecciones regionales, previstas para final del pasado año, fueron aplazadas hasta diciembre.
Antes, en julio, habrá la votación para elegir a los miembros de la Constituyente.
El gobierno afirma que esa elección y una nueva Carta Magna son los medios para alcanzar la paz social en el país, pero la oposición ya anunció que no participará en la Constituyente "fraudulenta" y que va a continuar con la lucha de calle, que se prolonga ya por dos meses.
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