Descolonización y transición
Raúl Prada Alcoreza
Es la primera parte de Descolonización y
transición, libro que publicara Abya Yala en Quito, el año 2014. Ahora lanzamos
esta edición parcial en una coyuntura donde es menester recurrir a la Constitución
y lo establecido por la misma como estructura jurídica-política. Sobre todo, cuando
el “gobierno progresista” ha desmantelado la Constitución, paradójicamente, después
de su promulgación (2009), hasta hacerla desaparecer, apoyada por órganos del Estado
totalmente cooptados, convertidos en apéndices del ejecutivo.
Indice:
¿Qué se entiende por colonialismo, descolonización y colonialidad?
Descolonización y anticapitalismo
Contradicciones y transformaciones en el proceso
El proceso constituyente
Historia de la Asamblea Constituyente
La Crisis del Estado-nación
De la resistencia a la ofensiva indígena
y popular
La Asamblea Constituyente
Interpretación genealógica de la
Constitución
Conclusiones parciales
La crisis del proceso
Conclusiones
¿Qué se entiende por colonialismo, descolonización y colonialidad?
Debemos acercarnos a los problemas a través de las
estructuras de pensamiento; de alguna manera podemos decir que los problemas
dependen de las estructuras de pensamiento. Éstas los inventan o los
construyen; por lo menos están asociadas estructuras de pensamiento y
problemas. No podemos separar las formaciones enunciativas de las reglas que
definen los juegos de verdad. El colonialismo a pesar de ser una realidad cruda
y expansiva desde el siglo XVI, asociada a la expansión capitalista, al ciclo
del capitalismo del mediterráneo, no es tratado como materia del discurso
teórico hasta mucho después. Si bien se puede decir que se desplegaron
discursos anticoloniales constatables desde el siglo XVIII, conformándose de un
modo moderno durante el siglo XIX, es a mediados del siglo XX, sobre todo
después de la segunda guerra mundial y las consecuencias irradiantes de las
revoluciones orientales, la rusa (1917) y la china (1949), cuando se construye
un discurso descolonizador articulado al discurso antiimperialista. Uno de los
artífices de esta construcción es indudablemente el intelectual crítico
martinico Franz Fanon (1925-1961). Diremos que la teoría sobre el colonialismo
está íntimamente ligada al discurso descolonizador; podríamos decir que es la
voluntad descolonizadora la que ilumina sobre la problemática del colonialismo
y la colonialidad. Lo que permite hacer ver de manera más estructurada las
formas de dominación colonial, su subsistencia y perdurabilidad, dando lugar a
la colonialidad en las sociedades llamadas poscoloniales, es decir, a la
herencia colonial en los países independizados. Sin embargo, a pesar de esta
constatación, de que el discurso descolonizador se da con bastante
posterioridad al hecho colonial, no podemos de ninguna manera desentendernos de
expresiones y discursos anticoloniales que aparecieron con anterioridad;
primero durante el siglo XVIII y después durante el siglo XIX en el continente
americano, atravesado por las guerras anticoloniales y por las guerras de
independencia. Durante estos dos siglos
se extiende la crisis de los dominios coloniales extraterritoriales británico,
español y portugués. Se trata de discursos anticoloniales heterogéneos y
diferenciados. Durante el siglo XVIII en los Andes se desata una guerra
anticolonial indígena que cuestiona las mediaciones coloniales de los caciques
y el dominio de las autoridades coloniales, configurándose un proyecto político
cultural de reconstitución que adquiere distintas tonalidades en los distintos
periodos y contexto del conflicto. Durante el siglo XIX se conforma un
nacionalismo criollo articulado al discurso liberal, vinculando los conflictos
locales y regionales a un ideario republicano o patriótico. Se puede decir que
el ámbito de esta formación discursiva política tiene dos umbrales, uno que
corresponde a la guerra anticolonial norteamericana (1775-1783) y el otro que
corresponde a la revolución independentista de los esclavos africanos en la
isla La Española (1795), inspirada en la revolución francesa, revolución que
emite la declaración de los derechos del hombre. Pero también se puede decir
que el ámbito de esta formación discursiva política anticolonial se abre a
horizontes que no terminan de desplazarse.
En toda esta historia de la problemática colonial no
pueden confundirse las distintas formaciones discursivas y estructuras de
pensamiento, no son las mismas interpretaciones. Las expresiones comunitarias
nativas, ligadas a las estructuras del ayllu,
son distintas a las invenciones políticas de los criollos andinos, usando un título
de Marie Danielle Démelas[1].
En un caso hablamos de una combinación compleja y en transcurso de
representaciones mesiánicas en combinación con cosmovisiones cíclicas del pachakuti, articuladas también con
problemas de legitimidad de los caciques y mediadores entre el Estado colonial
y las comunidades reconocidas. En el otro caso hablamos de la incorporación del
discurso liberal a los conflictos de poder y representatividad entre criollos,
mestizos y españoles, colocando como transformado a la comunidades indígenas.
La incorporación liberal fue bastante complicada pues no era simple asimilarla
en una coyuntura histórica atiborrada, definida por la invasión napoleónica al
centro del imperio español, la abdicación del rey Carlos IV, la transferencia
de la monarquía a Fernando VII, preso también del ejército francés, contando
así mismo con pretensiones de la infanta Carlota Joaquina, en medio de los
conflicto de las juntas que reaccionan a la ocupación, la de Sevilla y la
Central. Una confusión que lleva a los primeros levantamientos a hablar a
nombre del rey, acudiendo a la legitimidad del monarca, incluso en contra de
las autoridades coloniales, los virreyes y las autoridades de la Audiencia de
Charcas[2].
Este discurso adquiere ribetes cada vez más liberales en la etapa de la
elaboración de las constituciones, después de la guerra de independencia.
Durante el siglo XX emergen otras estructuras de
pensamiento y formaciones discursivas que ponen en cuestión las herencias
coloniales, podemos identificar entre éstas a las alocuciones indigenistas en
el despliegue de estos discursos. Habría que remontarse a la experiencia de las
escuelas indígnales ambulantes que se inician en 1905, recorriendo ayllus y
comunidades para enseñar el alfabeto. En esta secuencia, cinco años después,
debemos tomar en cuenta la publicación de la Creación de la pedagogía nacional de Franz Tamayo, que con una
visión vitalista define al indio como fuente de la energía nacional. Después de
la guerra del Chaco los gobiernos nacionalistas van a retomar la perspectiva
indigenista de una manera más integral vinculándola a las políticas públicas y
a las estrategias nacionales. Primero será el gobierno militar de Gualberto
Villarroel el que se comprometerá en abrir espacios para las reivindicaciones
indígenas en el Estado, como el Primer Congreso Indigenal (10 de mayo de 1945);
después será la misma revolución nacional de 1952 la que conforme
institucionalmente una política indigenista en el marco del nacionalismo
revolucionario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los nacionalismos
articulan el indigenismo en la perspectiva del mestizaje. Comparando
nacionalismo y liberalismo, si el liberalismo quería civilizar a las
poblaciones nativas, el nacionalismo buscaba su mestización. Ambos proyectos buscan
la incorporación modernizadora al Estado de los pueblos nativos, desconociendo
la historia, la cultura, la civilización propia de las naciones y pueblos
indígenas, aunque recogen preocupaciones por la condición y destino de las
poblaciones nativas. También podemos decir con cierta certeza que ambos
proyectos no cobran conciencia de que no dejan de ser prolongaciones de las
políticas coloniales, aunque se den por otros medios y caminos, con otras
metodologías, utilizando un discurso indigenista.
Habría que preguntarse si de esta colonialidad del
saber escapa el marxismo boliviano de aquellos tiempos. Por razones de espacio
no podemos hacer una evaluación descriptiva de los autores considerados
marxistas, empero podemos seleccionar algunos, que por su incidencia en el tema
son importantes. Uno de ellos es indudablemente Gustavo Navarro, que es más
conocido por su seudónimo, Tristán Marof. A diferencia de una interpretación
mas bien culturalista del indigenismo Tristán Marof va tocar claves materiales
de la emancipación indígena. En la Tragedia
del Altiplano comprende que lo que
interesa al indio no es su instrucción
inmediata sino su libertad inmediata. Vale decir, su independencia económica,
la ruptura de su sumisión con el patrón, la reivindicación de sus condiciones
de hombre[3].
El discurso marxista introduce en la interpelación a la explotación la
perspectiva de la emancipación del trabajo, la toma de tierras y la
nacionalización de las minas. Es conocida la consigna de Tristán Marof de tierras al indio y minas al Estado. Reivindicaciones
con las que cumplen la revolución nacional de 1952 con la reforma agraria y la
nacionalización de las minas. Ante la elocuencia de este discurso y ante las
medidas de la revolución, habría que hacerse una pregunta: ¿Se agota en este
discurso y con estas medidas la problemática colonial? Retomando lo que
dijimos, podemos afirmar que no se resuelve de ninguna manera la problemática
colonial con la incorporación del indio a la llamada civilización, que no es otra cosa que la imitación de modernidad,
tampoco con su incorporación al Estado, así mismo no se resuelve el problema
con la reforma agraria y la emancipación económica. Estas soluciones políticas
suponen una perspectiva colonial, considerar que la civilización es la occidental, consolidada después como cultura
moderna, y que de lo que se trata es de civilizar, modernizar y liberar
económicamente al pongo. Lo que ha
hecho precisamente la dominación colonial es destruir las civilizaciones, las
culturas, las instituciones nativas, atravesando los cuerpos, inscribiendo su
dominio como historia política en la superficie de los mismos, induciendo a
comportamientos y conductas de sumisión. La dominación colonial es polimorfa,
afecta el ámbito de las subjetividades, se efectúa en la desconstitución de
sujetos colectivos y trabaja la constitución de sujetos sumisos, domesticados,
después, con el establecimiento de las instituciones modernas, trabaja la
constitución de sujetos disciplinados. Por eso, si bien podemos aceptar que de alguna
manera, los discursos liberales, nacionalistas y también de la izquierda
tradicional se enmarcan en el horizonte del
derrumbamiento de las potencias coloniales, no llegan a ser discursos
descolonizadores, no responden a la problemática de la dominación
civilizatoria, tampoco de la crisis de la modernidad y su universalización.
Las anotaciones de Karl Marx en los Cuadernos Kovalevsky nos muestran un
interés por aprender sobre las comunidades campesinas, sus orígenes, su
pervivencia y su posibilidad alternativa a superar el capitalismo, sin esperar
el desarrollo del capitalismo en la periferia del sistema-mundo. Esta lectura
abre la posibilidad de pensar la condición multilineal de la historia,
escapando a esa visión reduccionista y evolucionista de la linealidad de los
modos de producción. Planteando también otras posibilidades de transición del
capitalismo al comunismo[4].
En esta perspectiva se encuentra también las tesis de Marx sobre el modo de
producción asiático, mostrando la necesidad de una interpretación histórica
diferente de las formaciones económicas sociales y modos de producción de las
civilizaciones asiáticas. Aunque Gayatri Chakravorty Spivak critica esta forma
de manejar una excepción histórica, la del modo de producción asiático, inventándose
otra homogeneidad asiática sin poder ver la pluralidad de formaciones y
multinilealidad de historias, queda
claro que no se puede asumir la historia europea como historia universal[5].
Así mismo queda planteada la necesidad de discutir el concepto de modo de
producción. Estos desplazamientos de
Karl Marx, incluyendo las cartas a Vera Zasulich, muestran búsquedas alternativas
comprendiendo la evidencia diferencial de los procesos históricos[6].
Estos análisis, tomando en cuenta también a los Grundrisse, estuvieron ausentes en las lecturas y reflexiones de la
izquierda tradicional, en gran parte porque las publicaciones y traducciones
vinieron con posterioridad. Sobre todo no fueron atendidas sus consecuencias
cuando se trataba de definir estrategias y tácticas políticas en las luchas
sociales de cada país. Fueron los estudiosos de la obra de Karl Marx los que
terminaron introduciendo estos tópicos, frecuentemente en la formación
académica, teórica e investigativa. Ahora bien, retomando la crítica de Gaya Chakravorty
Spivak, podemos decir que, de todas maneras, Marx no dejó de ser un hombre de
su tiempo y no dejó de pertenecer a la episteme naciente de la modernidad. Se
notan condicionamientos epistemológicos de la economía política inglesa, por lo
tanto también de concepciones liberales sobre el capitalismo, también es
notoria la perspectiva en un horizonte eurocéntrico en expansión[7]. No se puede esperar que en aquel tiempo se
desarrolle una tesis descolonizadora sobre el capitalismo. Estas tesis vendrán
después; los portadores serán intelectuales que emergen de la experiencia
dramática del colonialismo.
El colonialismo moderno, del siglo XVI adelante,
corresponde a la expansión violenta del capitalismo como acciones sucesivas de
conquista, ocupación de territorios, sometimiento de poblaciones, extracción
desmesurada de los recursos naturales, explotación, sometimiento y
esclavización de las poblaciones nativas y africanas. Por esto mismo el
colonialismo está asociado con la expansión universalizadora de la modernidad,
aunque ésta al implantarse en territorios periféricos del sistema-mundo sufra
adecuaciones heterogéneas. Lo que significa que el colonialismo no es solamente
la dominación de las potencias europeas, tampoco solamente la dominación del
capitalismo a escala mundial, sino la dominación de la civilización occidental
de acuerdo a los códigos de la modernidad. Por lo tanto la lucha contra el
colonialismo implica esta comprensión múltiple y compleja, también integral,
del fenómeno colonial, lo que implica el combate en múltiples niveles a las
formas y engranajes de dominación colonial; particularmente interesa la lucha
contra la dominación civilizatoria, eurocéntrica y moderna. Lucha múltiple que
implica abrirse a los diferentes proyectos civilizatorios inhibidos con las
conquistas y los ciclos coloniales. En el continente de Abya Ayala, llamado América, implica la interpretación del presente
y su futuro alternativo a partir de su pasado contenido, bajo la interpretación
de las cosmovisiones indígenas. Esta lucha anticolonial, descolonizadora, es
también una lucha anti-imperialista y contra el capitalismo.
La descolonización significa revertir la
cristalización en los huesos de la violencia colonial contra las estructuras,
instituciones y formas de la dominación colonial[8].
Significa alternativamente la deconstrucción, el desmontaje, desandando el
camino, de los engranajes, las maquinarias y las prácticas de la colonialidad.
Lo que también implica la desconstitución de subjetividades sumisas,
domesticadas y sometidas, así como la constitución de subjetividades de
resistencia, de emancipación, abiertas a distintos posicionamientos del sujeto
liberado, en sus condiciones individuales, grupales, colectivas, comunitarias y
multitudinarias. La descolonización significa también transiciones múltiples,
institucionales, políticas, económicas, sociales y culturales. En Bolivia el
camino optado de la transición descolonizadora tiene el nombre de Estado
plurinacional comunitario y autonómico. Lo que comprende un nuevo mapa
institucional, la transformación estructural del Estado de acuerdo a su
condición plurinacional y comunitaria, también de acuerdo al sistema político
de la democracia participativa, en el sentido de un ejercicio pluralista de la
democracia, directa, representativa y comunitaria. Así mismo comprende un nuevo
modelo territorial de acuerdo al pluralismo autonómico establecido por la
Constitución. Entendiendo los mandatos de la Constitución, también comprende la
transformación del modelo económico, abriendo caminos hacia la economía social
y comunitaria. Estos tres modelos constitucionales, el de Estado, el
territorial y el económico, se encuentran articulados por el modelo
civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del
vivir bien.
Descolonización y anticapitalismo
Parece que la clave de la discusión de la coyuntura
del proceso radica en cómo resolver la necesaria articulación entre la lucha
anticolonial, que con el tiempo se transformó en una lucha anti-imperialista y
también en una lucha descolonizadora; lucha íntimamente relacionada con la
lucha anticapitalista, con la lucha de emancipación proletaria, en contra de la
explotación del capital, de las formas de acumulación del capital. La pregunta
en términos sociales y políticos puede traducirse del modo siguiente: ¿cómo
articular la perspectiva de los movimientos sociales, de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos con la perspectiva del proletariado?
Ciertamente no podemos contentarnos con el uso del término pueblo, que es demasiado amplio, aunque la convocatoria anti-imperialista
acude a la movilización del pueblo contra la dominación e intervención
imperialista. En el análisis de esta posibilidad, de la posibilidad de una
articulación compleja y múltiple, que encare la combinación y composición de la
lucha descolonizadora y anticapitalista, aparecen varios problemas.
Detengámonos en algunos de ellos, sobre todo los más determinantes.
La perspectiva de los movimientos sociales se
configura desde las capacidades inherentes de resistencias y auto-convocatorias
autogestionarias de los sujetos y subjetividades interpelantes de las
instituciones, las leyes, los ordenamientos jurídicos, políticos y sociales,
las limitaciones económicas impuestas por las realidades económicas concretas.
La perspectiva de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos
deviene de las luchas anticoloniales del siglo XVIII; se trata de una
acumulación política y cultural, de una interpelación a las formas del
colonialismo, la colonialidad, incluso en sus herencias y condiciones poscoloniales.
La perspectiva proletaria ha sido construida en la lucha económica y política
de los trabajadores, con incidencia del discurso marxista y de las formas de
organización partidista, que apunta a la revolución de los trabajadores contra
las formas de explotación, de subsunción, de acumulación del capital. En las
condiciones de los países periféricos, esta lucha adquirió las formas de una
lucha anti-imperialista combinadas con las formas de una revolución que se
nombró como ininterrumpida, permanente, guerra prolongada. En Bolivia adquiere
el diseño de un programa de transición que combina las tareas propias del
proletariado que apunta a una sociedad sin clases y las tareas no cumplidas por
la burguesía nacional. En la jerga de los militantes se hablaba de la
combinación de las tareas socialistas y las tareas democrático-burguesas. Esta
interpretación se puede adscribir bien a las tesis sobre el desarrollo desigual
y combinado, también a las tesis orientales elaboradas por Lenin, Trotsky y Mao
Zedong sobre el desplazamiento de la revolución a los países dominados por
imperialismo, con incipiente desarrollo industrial y poblados
preponderantemente por campesinos.
Estas tres perspectivas, corresponden a distintas
temporalidades, a distintos campos problemáticos, aunque también se superponen
en contextos de realidad compartidos, conformados en la complejidad del
sistema-mundo capitalista. Estas perspectivas han convivido de manera
entrelazada en el estallido de la crisis múltiple del Estado y del proyecto
neoliberal durante el periodo de movilizaciones de 2000 a 2005. Ciertamente, se
puede notar, que los discursos preponderantes en este periodo, incluso desde
antes, durante la última década del siglo XX, van a ser los discursos
autogestionarios y auto-determinantes de los movimientos sociales, también los
discursos críticos del colonialismo interno y de la de-colonialidad. En cambio
el discurso obrerista y los discursos izquierdistas van a quedar rezagados,
afectados por el derrumbe del movimiento obrero con la derrota de la Asamblea
Popular (1971), también afectados por la derrota del gobierno de la Unidad
Democrática y Popular (UDP; 1984), derrotas patentizadas con la frustración de
la marcha por la vida de los mineros, que trataban de impedir la relocalización
y el cierre de los centros mineros (1986). Lo que viene desplegándose desde la
guerra del agua (abril de 2000) es la conformación de una perspectiva
descolonizadora, plurinacional, comunitaria y autonómica. Perspectiva expresada
en la concurrencia de distintos discursos, indianistas, populistas,
nacionalistas, izquierdistas, también autonomistas, que no terminan de irradiar
su propia hegemonía. Sin embargo logran darle una textura a la escritura de la
Constitución Política del Estado. Esta convivencia discursiva, que no logra
configurar una formación enunciativa plasmada, ha durado aproximadamente y
dramáticamente la dificultosa temporalidad de la primera gestión de gobierno.
Los primeros problemas aparecen en la propia Asamblea Constituyente, durante el
proceso constituyente, también aparecen en el conflicto de Huanuni en el
enfrentamiento entre mineros trabajadores de COMIBOL y cooperativistas mineros
(2006). Sin embargo, los problemas de convivencia discursiva y de perspectivas
se hacen acuciantes después de la aprobación de la Constitución, cuando hay que
asumirla y aplicarla, con el objetivo de las transformaciones institucionales y
estructurales económicas, políticas, sociales y culturales. Los enfrentamientos
con el CIDOB, que exigía el cumplimiento de la Constitución, de los derechos de
las naciones y pueblos indígenas originarios, el respeto al territorio indígena
y a las áreas protegidas, muestran patentemente el choque de enfoques
diferentes, de discursos ya contradictorios y de perspectivas políticas distintas.
El enfrentamiento se da entre un discurso populista-nacionalista y un discurso
indianista descolonizador. También los enfrentamientos en Caranavi con las
organizaciones sindicales campesinas y las instituciones locales muestran
patéticamente que no es fácil conjugar intereses locales y los intereses del
gobierno, perspectivas burocráticas institucionales y demandas específicas de
desarrollo local. Hay pues una crisis del discurso campesino y del discurso
populista. Así mismo, los enfrentamientos en el departamento de Potosí, con el
Comité Cívico de Potosí, acompañado por otras instituciones y organizaciones
del departamento, muestran las complicaciones del discurso autonomista, pero
también muestran las contradicciones inherentes entre las regiones y la
estrategia del gobierno central.
Avanzando en la revisión de los conflictos, podemos
observar claramente que la crisis del “gasolinazo” ha destapado profundas
contradicciones latentes del proceso (fines de 2010). El levantamiento popular
contra el decreto de nivelación de precios muestra patéticamente el desarrollo
de la contradicción entre las políticas públicas y el pueblo. Esta
contradicción se ha vuelto el rasgo fuerte de la coyuntura crítica del proceso.
Hay demandas económicas insatisfechas, también hay demandas políticas, que
tienen que ver con la participación social en el marco de la democracia
participativa, contradicciones en las lecturas del proceso de nacionalización.
Después del decreto 748, de su abrogación, los precios de los bienes, sobre
todo de los alimentos, subieron para no bajar, ocasionando grados de intensidad
en el incremento de la inflación. Frente a esta situación, la COB reclama un
incremento salarial acorde a la situación. El gobierno responde con un
incremento del orden del 10%, empero la COB rechaza esta oferta y opta por una
lucha salarial y económica, con algunos ribetes de crítica política, desatando
un conflicto social en las principales ciudades capitales, sobre todo en la
sede de gobierno. Este conflicto deriva con una prolongada movilización, en
marchas y bloqueos de caminos, que sólo consigue arrancar al gobierno un 1% más
de incremento sobre el 10% ya ofrecido. Podríamos decir que se ha movido una
montaña para parir un ratón. Sin embargo, las características mismas del
conflicto nos muestran tendencias a la reorganización del proletariado en el
contexto de un proceso en crisis. Por eso es menester analizar las
posibilidades de los sujetos involucrados, de sus perspectivas, sus discursos y
sus estrategias políticas.
Al respecto, la
hipótesis interpretativa que podemos lanzar se expresa de la siguiente manera:
No se puede ser consecuentemente anticapitalista si no
se es consecuentemente anticolonial, por lo tanto descolonizador; tampoco se
puede ser consecuentemente descolonizador si no se es consecuentemente
anticapitalista. Por lo tanto, es indispensable para salir del estancamiento
del proceso, de la crisis política de la coyuntura, articular ambas
estrategias, la anticapitalista y la anticolonial. Esto en términos
organizacionales significa resolver las diferencias entre los sindicatos
urbanos y los sindicatos campesinos; en términos políticos significa una
discusión profunda sobre los alcances y límites de los discursos en
concurrencia, proyectando la construcción consensada de una formación
enunciativa que dé cuenta de la complejidad de la transición transformadora. En
otras palabras, se requiere de una perspectiva que interpretante del diálogo
necesario entre proletarios, movimientos sociales y naciones-pueblos indígenas
originarios campesinos. En términos
teóricos se requiere elaborar una estrategia anticapitalista y descolonizadora;
en términos prácticos se requiere responder a la pregunta sobre cómo articular
la demanda de desarrollo de los trabajadores y la demanda por la soberanía
alimentaria de los campesinos, decodificada en la perspectiva ecológica de
armonía con los seres vivos de la madre tierra de las naciones y pueblos
indígenas originarios.
Contradicciones y transformaciones en el proceso
El proceso constituyente
Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el proceso
constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas son
fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente
boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la
década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de
la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno
Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente?
¿Comenzó con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del
gas? ¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de
2006? Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino
debido a que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras.
Empero la interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento
histórico y político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis
del Estado. ¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay
consciencia colectiva de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad
de construir una alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha
ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de
movimientos sociales de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado
evaluando la concomitancia de los acontecimientos; empero la crisis del Estado
comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios
hitos que conviene tener en cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos,
estos momentos de crisis del Estado, para comprender desde una perspectiva más
amplia el proceso constituyente, a través de esta visualización.
¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la república?
¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación? Hay que
construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas con-figurantes del
proceso y de la guerra de la independencia. El panorama histórico de la época
no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los proyectos republicanos
en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa de del rey cautivo.
Lo que se formó entonces en el contexto de los quince
años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia son las
condiciones histórico políticas barrocas de una forma de Estado que era
imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la materialidad
práctica e institucional de la administración colonial, por lo menos en su
escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló de
“republiquetas”, casi definidas por el dominio de las oligarquías regionales y
locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es que
preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y
regionales frente a los intereses de una burguesía continental o
subcontinental, que en ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso
se descartaron los grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y
Simón Bolívar. Se puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre
todas las parte al momento de la conformación de las administraciones políticas
independientes. Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los
famosos “doctorcitos” de Charcas, militares, sobre todo los del ejército
independentista, no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se
encontraban bajo tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En
el caso de las repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente
descartados, lo que no ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena
formó parte de la estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre
dos formas administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente
a la administración colonial. En esta
independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les
quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia
fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían
prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos,
indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que
defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en
contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que
nace en estas condiciones es un Estado Pactante[9];
en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las
fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano,
aunque conservando todos los modalidades coloniales. A propósito, se puede
decir que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero
entre las fuerzas victoriosas; aunque el caso británico nos muestre también un
pacto entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de
parte de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del
Estado-nación se asienta en una victoria, algo que no terminó de ser
concluyente en América Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con
la revolución y la independencia de Haití, donde la revuelta de los esclavos
comandados por François Dominique
Toussaint-Louverture pone
fin a la dominación francesa y a la esclavitud en 1795.
En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy bien esta
complicada red de alianzas en El complejo
proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María Luisa Soux[10];
se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república
durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis
estatal en Entre la alianza y la
confrontación de Pilar Mendieta[11].
Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso
mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de
estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente
contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante
desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos.
Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan,
empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre
el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca.
Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la
gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas
administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero
también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las
parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una
realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso
material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las
repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado
latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un
espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la
ciudadanía.
Hablar de Estado en estas condiciones es no solamente
hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de la
articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a
relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional,
pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el
entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este
minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera
detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta
perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición
moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está
fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus
perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una
utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales,
empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a
los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura,
recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos
decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se
parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.
En
un país perdido en los inmensos territorios de la periferia concurren intentos
repetidos y minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por
ocupar un edificio en construcción, algo así como una torre de Babel, empero
esta vez no se trata de la proliferación de las lenguas sino de la abundancia
de las formas políticas. En cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más
tarde cuando la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se
hace un observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio
podrán ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El
observador no puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la
diversidad y variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses.
Hay en todo esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de
contingencia y de inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y
habitarlo permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros
lugares, donde mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas
dispersas y barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos
intempestivos de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a
sospechar; es posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un
proyecto, que en su materialidad práctica siempre va a ser una construcción
inacabada, que además debe adecuarse constantemente a los rediseños y la
escasez de material de construcción o a los cambios de insumos.
Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda a
ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos
interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido
presente en las cabezas de las elites; lo estuvo en Simón Bolívar, lo está
ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno
indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal,
volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas
de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites
neoliberales.
En conclusión podemos decir que en la historia
política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y
reconstrucción constante, forma parte del imaginario liberal y también del
imaginario nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos,
de las edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin
embargo, en esta historia, en la genealogía política del Estado, hay que
considerar los recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se
puede hablar así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies, las ocupaciones temporales de distintos
visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar
mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que
al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama
Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa
edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos
recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación
provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa
instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política, a este complejo mapa institucional, que es el
Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de
poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios
fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del
análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración,
ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en
todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas
no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coerción.
Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni
institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y
compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma
edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este
Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio
de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas,
ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo
desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y
las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y
estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta
perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del
Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de
la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo,
desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus
formas deformadas de aplicación.
Historia de la Asamblea Constituyente
¿Dónde comienza esta historia? No puede por cierto
restringirse esta historia a la descripción temporal de las constituyentes,
convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y XX, diez y ocho
en total[12],
pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis
estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado,
por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas
constitucionales, como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes,
convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el
proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas
constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones
jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las
formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su
desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como
dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las
formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva
también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no
se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como
acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las
multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso
constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior Constitución
y estructura de leyes, sino a un viejo mapa institucional y el ejercicio del
poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos.
En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se
encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los
desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos
a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las
luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y
afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha
descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia
estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva
abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la
pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado
plurinacional comunitario y autonómico.
La Crisis del Estado-nación
Ya habíamos dicho que la construcción del Estado
moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que expresa la
crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto señorial,
crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía colonial, crisis
de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey preso por las
fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y regionales. Todo
esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata, pero también del
monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis dada en el cierre de
un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la hegemonía del capitalismo
genovés, repetido con el cierre del ciclo del capitalismo bajo la hegemonía del
capitalismo holandés, en plena apertura a un nuevo ciclo del capitalismo, el relativo
a la hegemonía del capitalismo británico, que introduce dos cambios
estructurales profundos en la composición del sistema-mundo capitalista: uno es
el que tiene que ver con la articulación e integración del Estado con el
Capital, el segundo es el correspondiente a la revolución industrial. La
respuesta política a este contexto histórico crítico, que manifiesta los
alcances y la complejidad de la conformación universal de la modernidad, van a
ser, en el continente nombrado como América, las guerras de la independencia,
por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando repúblicas, es
decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas se constituye la
República de Bolívar, que después va a ser llamada República de Bolivia.
Hay que anotar que cuando se habla de crisis del
Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones
temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del
Estado-nación, otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento
mismo del Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países
del continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento
del Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad.
Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción
incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente.
Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta
disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del
centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los
Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y
el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva institucionalidad
y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la periferia habrían
aplicado también la violencia, empero a pesar de los aplastamientos de los
pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el problema, dejando
pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y la articulación de
la formación económica y social, optando por la renovación incierta de pactos y
acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que repetidamente han sido
traicionados. Este es el caso de la República de Bolivia.
Que la crisis sea de inacabamiento no quiere decir que
se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación. Esto
parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la
mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo
teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras.
La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las
multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios,
proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y
autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la
estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a las
naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y
potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad
y al capitalismo.
De la resistencia a la ofensiva indígena y popular
Se puede decir que fueron cinco los procesos de
modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo
colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma
constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales
(1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales
neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y
profundización fue el correspondiente a la revolución nacional, todo esto sobre
todo por las características de la propia revolución con clara participación
obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que introduce, la
nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la
reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a partir de la simbiosis
del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América Latina, siendo el caso
más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso de construcción del
Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio de constituir un
Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas mismas de la
revolución; el proletariado tenía una versión propia de la construcción del
Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede hablar así, tenían
otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el proletariado se
trataba de una transición al socialismo, para las clases medias y quizás
también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática y
burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias indefiniciones
y ambigüedades, sus propios retrocesos y “traiciones”; los gobiernos
nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la hegemonía
norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del sistema de libre
empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo norteamericano.
Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución nacional cae por
los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos alcances de la economía política del chantaje, es
decir, de la corrupción, la corrosión de las formas administrativas por las
prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento de los circuitos de
influencia y de presión, así como de ocupación esporádica del complejo edificio
de la construcción del Estado moderno.
El último proceso de modernización fue el proceso
neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el
Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la
globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama
en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y
desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía
popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado,
los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un
contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La
resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal; sin
embargo, es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto
insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración
históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga,
este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto
proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945
hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los
trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y
la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos
movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos
anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco
van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marchas indígenas
de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un
periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos
indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación,
reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este
planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política,
la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de
las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora
ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser
retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como
convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 se
caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo de
luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por la
proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los movimientos,
sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el
desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones
decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra
del gas. Estas movilizaciones en defensa
del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales,
particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales
irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos
ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba
en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El
Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló
en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del
gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí,
confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones
fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron
responsabilidades a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción
ecológica y soberana de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial
e irradiante del ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de
septiembre de 2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la
tierra sino también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese
entonces se planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza.
Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de
movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión
indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan
dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas,
de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las
cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de
movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas,
correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la
defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido,
uno de los colores de la narrativa del awayo.
Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada
clase sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de
las movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de
movilizaciones son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de
todo el proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del
proceso constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su
núcleo instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar
apropiadamente la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.
La Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente tiene dos convocatorias; una
práctica y efectiva, dada por las propias movilizaciones, un cabildo en
Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las movilizaciones de mayo y
junio de 2005; otra formal, dada por el Congreso. Estas dos convocatorias nos
muestran el intervalo de la contradicción en la que se va mover la propia
Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional, contradicción
que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente y el poder
constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto sino también
todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo sucedido
después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe sucede algo
inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la redacción aprobada
por los constituyentes, violando de esta forma los alcances ilimitados del
poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por parte de un
poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el Congreso. Esto se
hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el objetivo era claro,
limitar los alcances de la Constitución.
La Asamblea Constituyente se instala el
6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por
un desfile apoteósico de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero
también por un desfile militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario
donde se va a desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con 255
asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La
correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El
Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el
resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se puede
ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía resolver el
problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del Congreso,
introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación por dos
tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa dentro de
la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática de la
aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las decisiones.
Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso de
aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto, también
se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por dos
tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es tedioso
y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto que
detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena
detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera
ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea
Constituyente.
Recurriendo a la comparación, tomemos
en cuenta la solución por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador
respecto del problema de la aprobación; en este caso se aprueba por mayoría
simple. En Bolivia, teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría
absoluta, sin embargo, como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los
dos tercios. La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el
reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el
reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el
desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por
mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta,
cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta
de la comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto
intermedio. Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener
la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a
un acuerdo en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea
Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la
mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos
tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la
propuesta de la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega
a un acuerdo parecido al de la comisión de reglamento.
Sobre qué nos ilustra esta experiencia;
primero que el conflicto se explica en gran parte por la contradicción
inherente entre el poder constituyente y el poder constituido; segundo que es
muy grave no tomar en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes,
quienes evalúan las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea,
esta desconexión entre la experiencia de los constituyentes de la bancada
mayoritaria de la Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves,
debido a órdenes y orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia
dirección de la Asamblea; se pierde mucho tiempo en problemas como el de la
aprobación dejando pendientes las tareas primordiales como era de concentrarse
en la estructura del texto constitucional y en la redacción de la Constitución.
Otro conflicto también pone en peligro
la continuación de la Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido
como el conflicto de la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación
de Chuquisaca por el retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad
de La Paz a Sucre, reivindicación asumida políticamente por el Comité
Interinstitucional de Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de
la llamada “media luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es
sumamente grave dada las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea
Constituyente se encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla
cuando se inicia el trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional,
una vez cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto
impide que se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo
estipulado, de un año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea
Constituyente para terminar con la redacción de la Constitución. Una vez
cumplido el tiempo otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está
obligada a contar con una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al
alcance dos alternativas; una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus
propias atribuciones, amplié su propio tiempo de funcionamiento; la otra, que
el Congreso, quien había convocado formalmente a la Asamblea Constituyente, sea
el que amplíe el plazo. Lo segundo significaba supeditarse nuevamente al poder
constituido. Lastimosamente se decide por la segunda alternativa obedeciendo a
las decisiones del ejecutivo. Estas supeditaciones constantes del poder
constituyente al poder constituido van a
tener consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente
sino también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre
la redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con
la aplicación de la Constitución.
Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir
que a pesar de las grandes dificultades y contradicciones que tiene que
afrontar la Asamblea Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene
que sufrir el texto constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra
redactar y aprobar una Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato
de las movilizaciones y de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea
Constituyente se mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la
fundación de un nuevo Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo
Estado, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición
autonómica. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos y afro-bolivianos son constitucionalizados. Se plasman los valores y
principios de las naciones y pueblos indígenas originarios, orientadores de la
interpretación de la Constitución como el vivir
bien, suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad, además de los principios universales
democráticos. En lo que respecta a la
Organización Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía
social y comunitaria en el contexto de la articulación e integración
complementaria de la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque
ecológico y territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este
espíritu constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas
sociales, es la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene
que interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las
contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución
como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende
no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y
esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia
constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir
para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al
espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.
La Constitución es aprobada el 2008 en Oruro con la presencia de 164 de los
255 asambleístas, es decir con el 64% de su conformación. La redacción de la
Constitución es revisada por el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que
afectan a 122 artículos. En términos cuantitativos la Constitución aprobada en
Oruro es modificada en un 30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la
aprobación del pueblo boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al
referéndum constitucional y el 25 de
enero de 2009 el pueblo boliviano
aprueba la Constitución Política del Estado
con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado
Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el
Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en
vigencia.
Interpretación genealógica de la Constitución
Se pueden hacer varias interpretaciones de la
Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que
dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una
interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito.
Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales
y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso
constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales
y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una
interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que
han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la
significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes
comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las
multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor
histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la
interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la
propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las normatividades
colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido de la
dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de la
Asamblea Constituyente.
El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional,
el nuevo horizonte histórico político, establece que:
Bolivia
se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, Intercultural,
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país.
Este artículo, como dijimos, tiene que ser leído desde
varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un acuerdo
político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en
la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento articulado del
Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características
de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se
encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las
minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado
como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se
encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado; la
caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional
comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es
resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las
reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo
nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su
condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido se puede decir
que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la
comprensión de que se trata ahora de un Estado plurinacional comunitario y
autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación. Constitucionalmente este
Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar y construir el Estado
plurinacional comunitario autonómico mediante transformaciones estructurales
institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, abriendo el
espacio a formas de relacionamiento integrales y participativas entre los
ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que
se llama Estado se convierten en instrumento de las sociedades, las
comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y
afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo.
Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política del Estado
define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado plurinacional
comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones
administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da una clave fuerte
para la transición:
Bolivia
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Esto es, el pluralismo, pensar la transición desde la
pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la
pluralidad; aplicar la Constitución respondiendo al pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el
reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio
en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar
y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver
al mono-culturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las
mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación
subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo
dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la
geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del
sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de
la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse
plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al
pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades
culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad
de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos
simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y
enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe
quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento
constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que
exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las
lenguas, promocionando su reconstitución plena.
El segundo artículo de la Constitución ratifica las
condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva
fuerte de la descolonización. El artículo dice que:
Dada la
existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a
la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a
esta Constitución y la ley.
El artículo 2 de la Constitución
convierte el carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización;
se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos, por lo tanto el derecho al dominio ancestral sobre sus
territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al
autogobierno. Aquí radica el
desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al Estado-nación, al Estado
centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales
del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en la transición fundacional
del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece
que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a su cultura, al reconocimiento de sus
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales exige no
sólo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad sino la
incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a
ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Esto también implica un descentramiento profundo del Estado moderno por la
forma de organización del nuevo estado, que exige un pluralismo institucional.
Otro tópico importante tiene que ver con los territorios indígenas, territorios
que no sólo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial sino que deben
concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la
Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos
jurídicos y políticos debe comprenderse que la descolonización no solamente es
cultural sino que implica profundas transformaciones institucionales y en los
ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los
pueblos con sus hábitats. A esto es a lo que podemos llamar alternativa
civilizatoria a la modernidad. En este sentido la autonomía debe ser concebida
plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Mas
bien el Estado está constituido por autonomías, la forma de Estado es un
entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado; el
pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La
descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los
engranajes de la dominación colonial, sino también avanzar por los caminos de
la emancipación.
En el artículo 3 se define al
pueblo, tema que fue de fuerte discusión en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos
decían que el pueblo no se define, mientras otros planteaban que dado el
carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. Como se puede
ver, es la segunda posición por la que se optó prácticamente en consenso. Sin
embargo, esta redacción sufrió varios cambios, quedando con una descriptiva, a
partir de su condición cultural e identidad colectiva. Por eso el artículo
expresa que:
La nación
boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos,
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades
interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo
boliviano.
Al respecto debemos hacer una aclaración,
cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las
poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente
intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones
migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable
cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se
nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales
originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del
pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente
se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición
social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto
también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos
multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es
interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando
su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de
pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso
de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el
concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil,
volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad,
incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.
Los tres artículos que hemos
analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, el
carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter descolonizador y el
carácter pluralistas de la Constitución. Es así como comienza la Constitución,
con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento
universal, con el pensamiento moderno, se abre a la circulación de distintos
paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los mismos, al
desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y
discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación
pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de
la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este
pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la
interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo
normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los
problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos
oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas
estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político
del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una
sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales
generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de
ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica,
descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos muestra la episteme
pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos
de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas
descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas
sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes
que se deriven y se construyan con la participación popular nos son
repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos
contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y,
por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la Constitución se
encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado, moviéndose en un
círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la restauración. El
quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las prácticas, sobre
todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas, por la fractura
de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de las multitudes,
al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto
primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de clases
y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo
administrativo, a la policía, no la
defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden
liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la
Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente
del modelo de Estado.
Vamos a dejar pendiente los
artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de
creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las
modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión; el
artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos
indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la ratificación
constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de establecer los
símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos
estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la soberanía.
Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los
principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo 8, donde se
definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí saltaremos
al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que analizaremos
íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.
El artículo 7 establece que el
sujeto de la soberanía es el pueblo, dice expresamente que:
La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma
directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y
atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Esta es una declaración primordial
democrática, supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el
ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el
pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo por que contrasta con
la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa
claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda
relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho.
Estos contrastes nos muestran la presencia todavía de complejas combinaciones
en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición,
en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar
esto sobre todo cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de
gobierno, el artículo 11 defina a este sistema como de democracia
participativa? En primer lugar, como dijimos más arriba, la característica del
Estado como social de derecho se encuentra en una definición compleja y plural
de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es
en este pluralismo constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa
de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es
importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las
transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la Constitución
es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos históricos y
políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la
transformación, la condición política de la descolonización, la condición
epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad
intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar
la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes
inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la
comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las
leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el
desarrollo de las transformaciones institucionales.
El artículo 7 continúa estableciendo
que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el
ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la
representación. Aquí también nos encontramos con la combinación de formas de
soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos entonces de una soberanía
plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo a
su propia compleja composición, hablamos del ejercicio de la soberanía de los distintos sujetos y
subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales, el
ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del proletariado, el
ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de los
ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural.
Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos.
Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e
ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un
presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y
modernidades alternativas.
Cuando se dice que de la soberanía
que radica en el pueblo emanan, por
delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público,
no se dice otra cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La
tesis afirma que del poder constituyente emana el poder constituido; pero el
problema es que esta institución termina limitando al poder constituyente,
limitando los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del
poder constituido es la teoría que establece los límites al ejercicio directo
del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de
la soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta
se da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante
es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones
institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional
comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben
darse de tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las
puertas del aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente
atraviese la propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento,
llegando a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo
que se trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente,
interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que
constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas
problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales
y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad,
salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La
salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas
institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es
conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una
geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece
encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con
las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la
gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los
casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía
popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de
legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema
práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.
No vamos a leer completo el
artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que podríamos llamar los
principio negativos, ama qhilla, ama
llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en
discusión por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los
primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes
dicen que no son principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en
discusión por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no
tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que
sigue:
El Estado asume y promueve como
principios ético-morales de la sociedad plural: … suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Estos valores son primordiales pues
tienen que ver con el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa,
la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la
apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre
todo respecto a la problemática del cambio climático, estos valores se han
convertido en las resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio
alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien.
Entonces el vivir bien se convierte no solo en una transversal en el texto
constitucional, en la estructura del texto, sino también en un macro-modelo que
articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional
comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo
económico, social y comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y
abre un horizonte civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la
aplicación de la Constitución.
¿Qué es el vivir bien? Esta es una
de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y
Ecuador, se ha traducido del suma qamaña
aymara y del suma kausay quischwa.
Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones
puntuales, que tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en
contextos específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a
figuras como el taqui, el camino, la
armonía, interpretada como pacha.
También se dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como
plenitud o vida plena. El término qamaña
está asociado al término qamiri, que
quiere decir jaque, es decir alguien,
hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe
vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las
condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido
apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y
pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea
Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y
Movimientos sociales Contra el Cambio
Climático, por el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien.
En otras palabras, el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la
enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo
discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en
algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta
a la invención de horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías,
desde la discusión de la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta
discusión puede ser esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la
erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales
que se hacen en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por
los movimientos sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta
perspectiva?
El vivir bien es la búsqueda de
alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de
lograr una armonía con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus
ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de
lograr un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y
reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En
este sentido es una búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como
los relativos a la soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al
calentamiento global, a la pobreza, a la explotación, a la discriminación, a
las dominaciones polimorfas sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los
pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía?
Se podría decir que sí sobre todo si pensamos el horizonte emancipador
que abre, pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la
reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los
códigos economicistas del ingreso y del gasto.
La declaración de principios,
valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos
indígenas originarios sino también valores democráticos largamente conquistados
y posesionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda
parte establece que:
El Estado
se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia,
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Lo interesante de este enunciado es
que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos
indígenas originarios sustentan la predisposición ética en la perspectiva del
vivir bien, con lo que resulta que el vivir bien es también una construcción
posible desde los valores democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear
la alternativa en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos
dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea
los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las
subjetividades, también la complementación, si se puede hablar así, de los
sujetos individuales, colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el
enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la
composición de valores plurales y combinados.
En el capítulo tercero sobre el
sistema de gobierno se produce uno de los desplazamientos más importantes en lo
que respecta al ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del
contra-poder, pues se constitucionaliza no sólo la participación sino el
sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que
se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma
constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de
la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la
transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa
al pueblo, creando nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que
llamaremos gobierno de las multitudes.
El artículo 11 establece en el
numeral I que:
La
República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones
entre hombres y mujeres.
Este enunciado configura el
ejercicio plural de la democracia y también la concepción de un pluralismo
democrático. Esto es retomar la profundización y expansión de la democracia por
los caminos de las formas de la democracia, formas plurales que además
comprenden dos figuras avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario
de las formas de la democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio
representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia
plural, plantea desafíos complejos en lo que respecta a las formas de gobierno,
que llamaremos pluralismo gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y
construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo
que respecta a la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el
artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran
avance en lo que respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la
configuración política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La
pluralidad del Estado también tiene que ser entendida desde la perspectiva de
género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y
praxis femeninas.
En el segundo numeral el artículo
dice que:
La
democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la
ley:
Directa y
participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la
revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las
asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
Este ejercicio directo de la
democracia es el que reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos
autogestionarios y auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de
la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia
participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo
y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de
mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de
la decisión política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y
cabildos como recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente
las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso?
Ciertamente en el mismo artículo se dice que la asamblea y el cabildo son
instancias deliberativas cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno
de los lugares donde se manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la
participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir
la experiencia de la participación para comprender sus dinámicas y
entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas,
antes de pretender regular la participación con una ley.
Ciertamente la forma de la
democracia representativa es la más conocida, además es la que funciona en los
sistema políticos republicanos, que consideran que la forma representativa es
la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma
delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y
representados, entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación
de dominación en todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa
se ha ido ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación
de los derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia
representativa con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la
problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo,
también de la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación,
argumentación colectivas y formulación de políticas consensuadas,
materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo se
pueden resolver si salimos del círculo de la democracia representativa y se
profundiza la democracia con el ejercicio de formas de democracia
participativas, como son la democracia directa y la democracia comunitaria.
En el artículo en cuestión la
democracia representativa se la define así:
Representativa,
por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
El gran avance del ejercicio plural
de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación
descolonizadora de la política, sobre todo al reconocer las formas propias de
participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades
y de caminos (taqui) que recorren las
autoridades originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el
artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o
nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia
comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y
prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva
podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de
gobierno, así como de las formas de gestión.
En el artículo se define así a la
democracia comunitaria:
Comunitaria,
por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
Por lo tanto el ejercicio plural de
la democracia se da en esta composición rica de formas democrática, en su
ejercicio propio de cada una de estas formas, en la combinación y
complementación de las mismas, en la articulación de estas formas que conforman
un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.
En cuanto a la organización del
Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose
un nuevo órgano o, mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano
Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues,
en un principio se planteó coherentemente que debería constituirse un poder
social, que además debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde
emerjan éstos. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el
sentido histórico-político de las luchas, los
movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios,
era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente; se establecía
la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional
comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía
confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la
organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos
argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización
del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz
fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización
estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como
división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de
este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución
Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social.
Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con
la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa,
directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y
Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una
nueva forma de organización del Estado.
El artículo 12 establece que:
El Estado
se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada
en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
En el numeral II se amplían las
funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad
y la Defensa del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y
defensa, como se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al
respecto. Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede
llegar interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios
atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las
instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De
este modo puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo
de la democracia plural.
El enunciado del numeral citado es
el siguiente:
Son
funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa
del Estado.
Dejando claro que se trata de
órganos independientes los correspondientes a la organización del Estado,
recogiendo además implícitamente la figura de la división, el numeral III deja
despejado que no puede haber una unificación de poderes, ni tampoco una
invasión de los mismos, ni transferencia de sus funciones. Esta idea de
división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de
la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado
plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales
y estructurales que implica.
Esta figura de la división se
expresa en el artículo de la manera siguiente:
Las
funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni
son delegables entre sí.
Conclusiones parciales
Se hizo el análisis del proceso
constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de
la aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo
primero, que trata sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las
bases fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales
pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos
conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una
manera integral.
Para comenzar con las conclusiones
podemos decir que estamos ante una Constitución de transición, de la transición
descolonizadora, correspondiente a la construcción de un Estado en transición,
que es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura
mundial que está caracterizada como de la crisis de la modernidad y del
capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y
mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las
transformaciones institucionales y la fundación del Estado plurinacional
comunitario y autonómico. Esto significa la muerte constitucional del
Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que a su vez, en los
territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado al
desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, al
desconocer sus instituciones, normas y procedimientos propios.
Partimos de que el proceso
constituyente se debe a la crisis del Estado, una crisis permanente desde los
inicios mismos de la república. Se ha mostrado que una manifestación de la
crisis se da en los reiterados pactos para sostener la endeble administración
del poder, también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia
del sistema-mundo capitalista como la de un Estado en construcción y articulado
a circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos, ocupaciones de disímiles grupos de poder.
Después de una evaluación de los intentos de modernización del Estado y
teniendo en cuenta los fracasos sucesivos de las reformas de modernización,
además de la crisis del proyecto neoliberal, del desenlace de esta última
reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo
el Estado-nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se
deduce que se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa
al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser
considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas
de la descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna,
condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la
crisis del Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también
entonces las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del
Estado plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la
transición descolonizadora.
El análisis ha remarcado el
sustrato de proceso constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas
sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.
Es este sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el
ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el
ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un
tejido de la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la
guerra del agua y la guerra del gas, y un plano
de consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las
estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y
este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples
movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación;
cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso
policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se
caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria,
estos movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que
derrota al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.
La Asamblea Constituyente ha sido
definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto
social. Asamblea que se ha movido en el dilema contingente de la contradicción
entre el poder constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su
desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose
al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba
elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan truncar el
proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y
boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra
aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las
organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos.
En lo que respecta al modelo de
Estado, a los doce primeros artículos analizados de la Constitución, hemos
visto que los tres primeros artículos configuran el Estado plurinacional
comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición
descolonizadora, exigiendo una epistemología pluralista y dando apertura a
transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros
artículos analizados constituyen las bases jurídicas y políticas de la
democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como
un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y
comunitaria.
La crisis del proceso
Antes una anotación sobre el concepto de proceso, prosessus, en latín, que significa ir
adelante, hacia un fin, comprendiendo el transcurso del tiempo, fases
sucesivas; hay en la idea de proceso un presupuesto acumulativo, también
evolutivo, incluso de transformación. Está claro que el concepto contiene el
sentido teleológico, de encaminarse a un fin, y de alguna manera que todos los
componentes del proceso están articulados, no necesariamente como una unidad,
empero sí afectando simultáneamente una dirección, una orientación. También
puede entenderse el proceso como una producción, usando la metáfora del proceso
productivo, donde se controla la transformación de las materias primas en el
proceso productivo mediante la intervención de los medios de producción, la
tecnología, y la fuerza de trabajo, la administración de la composición del
capital, llegando a la realización del producto y la valorización del valor.
Ciertamente hay que comprender que se trata de una metáfora cuando se usa el
concepto de proceso para referirse a los acontecimientos políticos, a la lucha
de clases, a la lucha descolonizadora, pues en este caso no se controlan las
condicionantes, los factores intervinientes, las múltiples singularidades
intervinientes. Lo que da la sensación de un cierto control, de una afectación,
es la fuerza de las movilizaciones, la fuerza de la multitud, la fuerza de la
masa, la participación de las organizaciones, el flujo interpretativo de los
discursos interpeladores. Para que haya proceso, en el sentido riguroso del
término, es menester que se dé una constante afectación, cambio y
transformación de las condiciones, factores, estructuras, instituciones,
relaciones, singularidades intervinientes. De alguna manera una especie de
control de la composición del acontecimiento. En la medida que la
transformación de las condiciones no se da no es tan fácil sostener hablar de
proceso para referirse a la coyuntura y a las coyunturas del periodo crítico.
En este sentido lo que vamos a hacer es poner a prueba el concepto de proceso
en relación al periodo de crisis y de emergencia que se vive en Bolivia desde
el 2000 al 2011.
Es imprescindible hacer una reflexión teórica sobre el
proceso que vivimos, llamado proceso de cambio; reflexión teórica pues
requerimos evaluar la complejidad del curso de los acontecimientos inherentes,
sus articulaciones, complementariedades y vecindades, la fuerza de sus
tendencias, la correlación de fuerzas, los ritmos, las resistencias y
obstáculos al cambio. Sobre todo responder a la pregunta: ¿Por qué está en
crisis el proceso? Decimos que hay crisis por las evidencias que se presentan
en la coyuntura del proceso: 1) el proceso se ha estancado, no puede
realizarse, seguir ascendiendo, continuar con los cambios, con las
transformaciones; 2) no se aplica la Constitución aprobada por la mayoría del
pueblo boliviano, al contrario, en vez de lograr las transformaciones
institucionales, las transformaciones estructurales económicas, políticas,
sociales y culturales, se mantiene la vieja maquinaria estatal, se restaura el
Estado-nación, se mantienen las normas y prácticas liberales; 3) se producen
enfrentamientos entre el gobierno indígena y popular con el pueblo, con las
organizaciones indígenas originarias, con sindicatos campesinos y organizaciones
e instituciones regionales, ciertamente también con los sindicatos obreros y de
los sectores urbanos de maestros y trabajadores de salud; 4) se devela con la
medida de nivelación de precios, llamada popularmente “gasolinazo”, las
profundas contradicciones y estancamiento del proceso. Al respecto de esta
medida conocida popularmente como gasolinazo, se trata de una medida
antipopular, pensada desde la más cristalizada mentalidad monetarista, medida
de shock, que termina mostrándonos el estancamiento del proceso de
nacionalización, el dominio de las empresas trasnacionales, la efectiva
vigencia de los procedimientos neoclásicos en el gabinete económico, la
bondadosa política con las transnacionales mineras, la derechización de la
conducción del gobierno, perdido en un imaginario industrialista, que no es
otra cosa que la supeditación a las necesidades de energía de una potencia
emergente vecina. Por lo tanto es esta crisis política la que debe ser
analizada.
A propósito, no es suficiente decir que todo proceso
vive esta curva de ascenso y descenso, que llega a un momento cuando las
contradicciones logran estancar el proceso, detenerlo, que es menester en esa
coyuntura precisa, resolver las contradicciones acumuladas, de tal manera que
se afecte a las correlaciones de fuerzas en el campo político, en el campo
social, en el campo económico y en el campo cultural, empujando las
transformaciones institucionales postuladas por los movimientos sociales.
Tampoco es suficiente decir que las razones de este estancamiento se encuentran
en el realismo político y pragmatismo optado, en el diferimiento de las tareas
de cambio; así como no es suficiente decir que un bloque dominante nacionalista
se ha hecho cargo de la conducción del gobierno y del proceso; por lo tanto
empuja el desenlace del proceso a una dirección y orientación estatalista,
centralista, nacionalista, industrialista y desarrollista, desestimando la
realización de las trasformaciones estructurales y la fundación del Estado
plurinacional comunitario. De lo que se trata es de comprender como se ha
llegado a una situación donde las formas del contra-proceso apuntan a no sólo
detener el proceso mismo sino también a desarticularlo. Nos acercaremos a este
análisis a través de la evaluación de la dinámica molecular de las fuerzas
concurrentes del proceso.
Hipótesis
La crisis múltiple del Estado emergida desde las
entrañas mismas del mapa inscrito de los dispositivos de poder, de los
diagramas de poder, que atraviesan los cuerpos, crisis manifestada como crisis
política, en la contundencia de las movilizaciones explosivas que atravesaron
los espesores subjetivos y los mapas sociales, sus geografías políticas y
cartografías, durante seis años de luchas insurreccionales sostenidas, muestra
la vulnerabilidad de las instituciones, de la clase política y de la maquinara
estatal, empero también oculta los sedimentos acumulados de las costumbres, de
los sentidos comunes, le las propias organizaciones y dirigencias involucradas
en la movilización. En otras palabras, la rebelión social y de los pueblos
indígenas originarios, los levantamientos populares múltiples, expresan la
fuerza de la interpelación de los sujetos colectivos, empero terminan ocultando
el carácter conservador de los sujetos individuales, de las subjetividades labradas
en las instituciones y organizaciones. La movilización social abre el horizonte
descolonizador, plurinacional, comunitario y autonómico del proceso, empero
esconde la persistencia y fortaleza de esta persistencia, por así decirlo, de
las estructuras consolidadas de una sociedad heredera de las patrimonios y
transmisiones coloniales.
Las fuerzas capaces de convocatoria a la movilización,
capaces de desplegar formas organizativas autogestionarias y de
autoconvocatoria, con fuerte configuración organizacional horizontal, no
estaban preparadas para inventar nuevas formas de administración
autogestionarias. Esto se puede observar cuando la Coordinadora del Agua y
Defensa de la Vida debe hacerse cargo de la administración del agua en
Cochabamba, se opta a volver a la administración municipal, donde se termina
ahogando el proyecto de administración autogestionaria. Casi lo mismo ocurre o
algo parecido cuando las dirigencias se hacen cargo de las administraciones
municipales, donde terminan ahogados por las normas, procedimientos y formas
administrativas del viejo Estado. Terminan tragadas y lo que es lo peor se
convierten en los mejores defensores de estas administraciones liberales y
nacionales. Lo más patético ocurre cuando el MAS llega al gobierno, el poder
termina tomando al MAS y no el MAS al poder. El MAS se convierte, a través de
los celosos ministros invitados, en el mejor dispositivo de mantención,
conservación del Estado-nación, como forma moderna del Estado liberal y como
forma oculta, opaca, del Estado colonial. El gobierno llamado indígena-popular
se agarra de las redes, de los amarres, de los engranajes e instrumentos
operativos y técnicos del Estado, buscando refugio en el aprendizaje dramático
de la administración pública. Los altos funcionarios y los mandos medios,
incluso la poca dirigencia que ingresa al aparato ejecutivo, terminan
convirtiéndose en los mejores defensores del sistema administrativo, de sus
normas y sus prácticas. Se gana de esta forma un nuevo funcionario, perdiéndose
un dirigente. ¿Qué nos muestra esta experiencia? ¿Qué los postulados, las
agendas y los objetivos que se proponen los movimientos sociales son sólo
utopías, que no pueden trastrocar las estructuras fosilizadas de una sociedad
de clases y de un Estado colonial? ¿O mas bien, qué no hay voluntad política,
que no hay las condiciones para la realización de esta voluntad, que no se dan
las condiciones subjetivas, para usar términos de una vieja discusión? El
problema es que no es tan fácil responder a esta pregunta, pues tenemos, de
todas maneras, a pesar de la construcción dramática del pacto social y político,
aprobada una Constitución, la escritura de los planteamientos caros de las
movilizaciones: Estado plurinacional, comunitario, autonómico, modelo
pluri-institucional del Estado, democracia participativa, modelo de pluralismo
autonómico, modelo de economía social y comunitaria, manteniendo la condición
comunitaria del Estado y apuntando a la perspectiva de un paradigma alternativo
al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, el vivir bien. Esta decisión es
mayoritaria, está constitucionalizada, ese es el programa político, ese es el
querer de la mayoría de los bolivianos. ¿Cómo es que no se convierte este
querer en voluntad o cómo la voluntad no se plasma en materialidad política y
en un nuevo mapa institucional? Considero que para poder responder esta
pregunta es menester considerar un grave problema político, que puede ser
llamado como de disyunción, desencajamiento, desacoplamiento, incluso de hasta
contradicción política; problema político que tiene que ser comprendido, hecho
inteligible, mediante una cruda interpretación: en el fondo, a pesar de los
discursos, el gobierno, los ministros, los funcionarios, tampoco el MAS, y,
lastimosamente, la dirigencia ejecutiva de las organizaciones, no creen en la
Constitución. Consideran que es un discurso político bueno para lanzarlo en las
campañas electorales, contra la derecha, y en los escenarios donde se recicla
la ritualidad y ceremonialdad del poder, está bien para el teatro político,
pero no para aplicarla, no para tomarla en serio, menos para usarla como
instrumento de transformación. Esa posición nos muestra fehacientemente que se
ha llegado al poder para estar en el mismo, aposentarse, gozar de sus beneficios y privilegios, pero
no para transformarlo, se ha llegado al Estado para mantenerse en el mismo,
habitarlo, pero no para destruirlo y construir otra forma política que ayude a
efectuar las emancipaciones múltiples.
El llamado modelo económico extractivista tiene varado
a todo el campo económico en las formas de reproducción de la dependencia, de
la supeditación y subsunción a las formas de acumulación del capital a escala
mundial. En este sentido se entiende que todos los dispositivos
administrativos, normativos e institucionales estatales estén condicionados por
las formas de la economía extractiva y estén para mantener este sistema,
conservarlo e incluso mejorarlo, ampliando la expansión extractiva. Por eso
mismo se puede entender que la administración estatal de la economía sea uno de
los espacios más conservadores y resistentes al cambio. No es tan fácil cambiar
las políticas económicas cuando estas se han consolidado en las formas de
funcionamiento de las oficinas del gabinete económico. Menos aun cuando se
trata enfoques y métodos incorporados desde los programas de apoyo de la cooperación
internacional. Hay como una concomitancia entre los programas internacionales y
las reformas nacionales en la perspectiva de reforzar los engranajes del orden
internacional, de la dominación mundial del centro sobre la periferia del
sistema-mundo capitalista. No es casual entonces que en este espacio de acción
institucional se haya gestado el “gasolinazo”, tampoco que se oriente la
política económica desde la cautelosa lectura del supuesto del equilibrio
macroeconómico. Usando términos relativos a la metáfora arquitectónica del Prefacio de El capital, podríamos decir que entre estructura económica y superestructura
jurídica, política, ideológica y cultural, se produce un condicionamiento
perverso induciendo una estrategia económica dependiente. Estos
condicionamientos materiales impiden la aplicación de la Constitución en lo que
respecta a la transformaciones económicas, al cambio de modelo económico, salir
del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo-producente,
orientado a la economía social y comunitaria, articulando y complementando la
economía plural de una manera integral, en la perspectiva de la democracia
económica, la armonía ecológica y la soberanía alimentaria, en el horizonte del
vivir bien.
No se ha construido el sistema de gobierno de la
democracia participativa, no se ejerce la democracia plural, ejerciendo la
democracia directa, representativa y comunitaria. No se han abierto las puertas
a la participación y el control social. Al contrario, se mantienen las formas
de gestión liberal, que separa Estado de sociedad civil, gobernantes y
gobernados, especialistas de neófitos, los que saben respecto de los que no
saben, es decir, recreando la división del trabajo entre la clase política
respecto de las y los ciudadanos, las y los trabajadores, las comunidades. Por
lo tanto se trae, como consecuencia de todo esto, el moverse en un círculo vicioso,
los que creen saber terminan repitiendo lo mismo que hicieron la burocracia y
los funcionarios de anteriores gobiernos, reforzar la auto-referencia de un
sistema institucional parasitario, que sirve para mantener las dominaciones
múltiples, bajo la ilusión de que se hace política, cuando lo que se hace es
legitimar las estructuras de poder.
No se han abierto los espacios de crítica y
autocrítica, al contrario se han cerrado, optando mas bien por descalificar
estas opciones, de reforzar las formas de reproducción de la alabanza
generalizada, del contingente de aduladores, los llamados popularmente lluncus, recreando los escenarios
patéticos de supeditación servil a los jefes, ocasionando grotescas
sobre-estimaciones de sus egos. Empujando con todas estas prácticas sumisas a
la desconexión institucional de la realidad, generando microclimas
organizacionales aislados de los contextos concretos, de las contradicciones y
de los conflictos. De esta forma se puede explicar la formación de una
consciencia paranoica en los altos funcionarios, que los empuja a la permanente
defensa y a identificar enemigos por todas partes.
No se ha podido extirpar la corrupción, mas bien se ha
generalizado, invadiendo expansivamente zonas que antes estaban como exentas de
estas prácticas, pues estaban al margen de ellas. Se retoma la idea del botín
en expresiones como que ahora nos toca, reutilizando viejas prácticas
prebéndales y clientelares, de circuitos de influencias, de corrosiones
exacerbadas, demoliendo con esta imposición de relaciones morbosas las
posibilidades de prácticas transformadoras y comprometidas con el cambio. Lo
grave de esta proliferación corrosiva es que se articulan redes de alianzas
complicadas entre las viejas castas dominantes y ciertos estratos de decisión
política.
Conclusiones
Hay que acercarse a la dinámica molecular del proceso
para comprender sus cursos, sus rutas y recorridos, sus contradicciones, su
campo de posibilidades, sus tendencias y sus correlaciones de fuerzas. Sobre
todo tratar de explicarse la crisis del proceso. Teniendo en cuenta las
hipótesis planteadas y la experiencia del proceso, lo que llama la atención es
la separación casi inmediata entre ejecutivo, incluso gobierno, y movimientos
sociales, en lo que respecta a la construcción de la decisión política, de las
políticas públicas y de las medidas que deberían estar destinadas al cambio. En
otras palabras, los que lucharon y abrieron el camino del proceso no gobiernan,
gobiernan los funcionarios. Quizás esta separación forma parte importante de la
matriz de la crisis, empero para tratar la matriz de la crisis debemos tener
una mirada integral. Tampoco debemos circunscribirnos sólo a las condicionantes
internas de la crisis del proceso sino también debemos abrirnos a sus
condicionantes externos; no podemos olvidar que nos encontramos insertos en un
sistema-mundo y en una economía-mundo capitalista, que, por lo tanto estamos
también afectados por la crisis global. En este sentido, al conjunto de
hipótesis relativas a las condicionantes de la crisis del proceso, debemos
añadir una lectura de la crisis estructural del capitalismo.
¿A qué llamamos crisis estructural del
capitalismo? Hablamos de una crisis
múltiple, crisis de reproducción, de sobreproducción, crisis de hegemonía,
crisis financiera. Esta crisis es estructural porque afecta al sistema-mundo y
a la economía-mundo capitalista, pero lo hace bajo las condiciones históricas
concretas, las que corresponden al ciclo del capitalismo vigente, nos referimos
al ciclo que contuvo la hegemonía norteamericana y ahora contiene el dominio a
secas de los Estados Unidos de América. Este ciclo ha ingresado a su fase de
crisis financiera, que es como el lugar especulativo del sistema económico del
capital, cuando se transfiere la crisis de sobreproducción a los mecanismos
especulativos financieros. Los Estados Unidos hegemonizan el despliegue del
ciclo de acumulación capitalista vigente desde el fin de la segunda guerra
mundial, imponen su sello, transformando el sistema de libre comercio, conformado
por la hegemonía británica, en un sistema de libre empresa, produciendo
transformaciones estructurales en la forma del capitalismo, introduciendo
nuevas formas de administración industrial y de administración económica, como
el taylorismo y el fordismo, expandiendo estas formas por el mundo, amparados
por su dominio y mediante la inversión directa de capital y la instalación de
sus corporaciones trasnacionales. Esta hegemonía se clausura con la derrota en
la guerra de Vietnam, dándose lugar desde entonces a una crisis política, a un
replanteo de sus estrategias y a un dominio a secas sobre el mundo, sin
hegemonía y sin legitimidad. Hablamos de un mundo capitalista estructurado y
jerarquizado geopolíticamente y geográficamente; en la cúspide contamos con el
dominio tecnológico, militar, económico y comunicacional de los Estados Unidos
de América; después están los países centrales, que comparten la dominación y
se comportan ambiguamente, a veces como satélites, otras veces resistiendo o
abriendo la posibilidad de bloques alternativos como la Unión Europea, también
emergiendo como posibilidades de un nuevo ciclo, como es el caso del
desplazamiento capitalista de China en la red regional asiática; después vienen
los países semi-periféricos; por último se encuentra el gigantesco espacio
multi-diverso de la periferia, lugar indomable, de plurales resistencias,
aunque también de complicadas sumisiones. En este contexto del sistema-mundo
nos interesa las formas de inserción e irradiación de la crisis estructural del
capitalismo en la periferia, sobre todo interesa comprender los efectos de esta
crisis en el desenvolvimiento de las crisis políticas y las crisis económicas
en la periferia. En lo que respecta a Bolivia interesa entender cómo la crisis
política desatada el 2000 y la crisis del Estado-nación que se extiende hasta
nuestros días (2011) son afectadas, se articulan y forman parte de la crisis
estructural del capitalismo. De cómo ambos escenarios de las crisis, la mundial
y la periférica, desatan procesos de emancipación y de descolonización. Esto
sobre todo para evaluar las posibilidades y los alcances de los procesos
desatados.
Volviendo a la
anotación del comienzo, podemos concluir lo siguiente:
Los movimientos sociales desatados el 2000 y que
continúan hasta el 2005 logran desarticular la legitimidad y la dominación de
la clase política, representantes de la burguesía intermediaria y de la casta
blancoide-mestiza privilegiada por la perduración de las estructuras
coloniales, logran poner en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación y
logran expulsar a los gobiernos neoliberales, abriendo un nuevo curso
descolonizador con el gobierno de Evo Morales, el proceso constituyente y el
inicio de un proceso de nacionalización. Empero, una vez en el gobierno, los
movimientos sociales no logran transformar las condiciones, las estructuras y
las instituciones sobre las que se conforma y reproduce el Estado-nación. Los
aparatos, la maquinaria estatal, las estructuras de gobierno, siguen siendo
prácticamente las mismas. Las prácticas de gestión siguen siendo
recurrentemente liberales, las normas de la gestión siguen las mismas lógicas
liberales. También en la sociedad perduran las estructuras desiguales, las
estratificaciones históricas, las relaciones y prácticas de reproducción de
clases y de castas. Lo que se ha dado es una irrupción indígena, un
empoderamiento de espacios, un trastrocamiento simbólico de los imaginarios
coloniales. En este sentido, lo que podemos decir es que desde el 2006 se
experimentan intentos de construir un proceso de transformación, empero de una
manera diferida, pragmática, contradictoria, que incluso puede tomarse como
regresiva. Este intento de cambio se efectúo desde el gobierno a través de
políticas, que en principio fueron de irrupción, como el inicio del proceso de
nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, pero, en la medida que pasaba el tiempo, las otras políticas
fueron excesivamente tímidas, en la medida que se dejó intacto el aparato estatal,
la estructura ejecutiva y la forma de gobierno y la forma de gestión. El
intento de trasformación también se hizo sentir, de alguna manera, desde las
actividades desesperadas de las organizaciones sociales, intentando
desordenadamente incidir en las decisiones políticas del gobierno. Así mismo
desde el accionar crítico de las organizaciones indígenas originarias,
intentando redefinir voluntariamente un proyecto coherente con la
descolonización. Ciertamente el mayor intento de transformación se efectúo desde
la Asamblea Constituyente, escribiendo una Constitución descolonizadora que
apunta al Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede decir
que el intento de transformación se efectúo de una manera dispersa y
distribuida, a partir de un conjunto de puntos y líneas de enfrentamiento que
intentan lograr transformaciones concretas y específicas. Sin embargo, estos
intentos no han logrado articularse y conformar una fuerza hegemónica de
conducción del proceso; han prevalecido las fuerzas resistentes al cambio,
consolidadas en estructuras, en instituciones y en la arquitectura estatal, han
prevalecido las prácticas y relaciones consolidadas en la costumbre social.
Entonces se puede decir que la articulación de un proceso de transformación está
pendiente.
En relación a
la puesta en prueba del concepto de proceso para referirnos a la segunda etapa
del periodo en cuestión, pues la primera corresponde más claramente a un
proceso de movilización social que replantea la correlación de fuerzas en el
campo político, descompagina las estructuras de poder, cuestiona las formas de
dominación y legitimación liberal del Estado-nación, barre con el modelo
neoliberal. El proceso de transformación del que hablamos, etapa cuya
delimitación arranca el 2006, no está articulado, en otras palabras, no está
conformado, se encuentra en curso de una difícil construcción; se encuentra
como emergiendo, empero enfrentando grandes resistencias y obstáculos de las
estructuras de la vieja maquinaria estatal, de las costumbres liberales, de la
ideología nacionalista cristalizada en los huesos de los funcionarios y
dirigentes. La exigencia del momento, la emergencia de la coyuntura, es desatar
una revolución cultural descolonizadora y una movilización generalizada que reconduzca
el proceso a sus cauces iniciales, establecidos en la Constitución.
[1]
Marie Danielle Démelas: La invención
política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX. IFEA-IEP.
[2] Revisar de María Luisa
Soux El complejo proceso hacia la
independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y
participación en Oruro. Plural 2010; La Paz.
[3]
Tristán Marof: La tragedia del altiplano. Claridad
1935; Claridad.
[4] Revisar de Álvaro García
Linera, Introducción al Cuaderno
Kovalevsky de Karl Marx, La Paz, Ofensiva Roja, 1989.
[5] Gayatri Chakravorty Spivak: Crítica de la razón poscolonial. Hacia una
historia del presente evanescente. Akal 2010; Madrid.
[6] Carta de Carlos Marx a
Vera Zasulich. Material de formación política de la «Cátedra Che Guevara– Colectivo AMAUTA».
[7]
Revisar de Pierre Rosanvallon El capitalismo utópico. Nueva visión
2006. Buenos Aires.
[8] Revisar de Franz Fanon Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica. México.
[9]
Rossana Barragan: El Estado Pactante. Tesis de Doctorado.
Publicación en preparación.
[10] María Luisa Soux: El complejo proceso hacia la
independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y
participación indígena en Oruro. Plural 2010; La Paz.
[11] Pilar Mendieta: Entre la alianza y la
confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia.
Plural 2010; La Paz.
[12]
Revisar de Rossana Barragan y
José Luis Roca Regiones y poder
constituyente. Una historia de pactos y disputas. PNUD 2005. Cuadernos del
Futuro. La Paz.
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