Abrogación de la ley inquisidora
Abrogación
de la ley inquisidora
Raúl Prada Alcoreza
Qué es una ley
¿Qué es una ley? De acuerdo a la definición clásica,
la ley es la regla establecida por una autoridad
superior para regular, de acuerdo con la justicia, ámbitos de las relaciones
sociales. En el régimen constitucional, disposición votada por las cámaras
legislativas y sancionada por la autoridad del Estado. La ley
es una norma jurídica elaborada por el legislador; una norma establecida
por la jurisdicción competente, donde se manda o prohíbe, en consonancia con
la justicia, cuyo
incumplimiento conlleva a una sanción. De acuerdo al jurista panameño César
Quintero[1],
la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena,
prohíbe o permite, a la cual todos deben obediencia. El connotado jurista Andrés Bello definió a
la ley como “una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la
forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Desde esta
perspectiva clásica, las leyes son disposiciones que norman el libre albedrío. De este modo,
se interpreta que la ley es el control externo que rige la conducta humana; las
normas que rigen nuestra conducta social. La ley, entonces, constituye una de
las fuentes del derecho; considerada actualmente
como la principal fuente; para ser expedida, requiere de autoridad competente,
es decir, del órgano legislador. En la
historia del derecho, el origen de la
definición de la ley corresponde
a Tomas de Aquino, en su Summa
Theologiae; el teólogo la concibe como la
ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a
su cargo el cuidado de la comunidad[2].
Hasta
ahí con las definiciones clásicas. En la
concepción política, vale decir, democrática, la ley corresponde a la materialidad jurídica de la voluntad general, es decir, de la soberanía, que radica en el pueblo. La ley afirma, entonces, la libertad del pueblo, garantizando sus
derechos y su accionar, no conculcándolos. Hasta ahí con la democracia liberal, que tiene como ideal el Estado de Derecho. De acuerdo a la Constitución Política del Estado
Plurinacional Comunitario y Autonómico, la ley
es un constructo colectivo y
participativo, que orienta la transición
hacia el Estado Plurinacional.
Como
se puede ver, la llamada Ley del Código Penal por ningún lado cumple ni con los
requisitos clásicos, ni con los de la democracia formal, menos de la democracia pluralista y participativa,
que establece la Constitución. No es racional, por sus evidentes
contradicciones; no es una ley que
ratifica la justicia, sino, al
contrario, es una ley represora, que criminaliza la protesta social, la
expresión libre, la profesión, las ocupaciones. No es una ley democrática, al contrario, restringe y amputa el ejercicio
democrático. Tampoco es una ley que
defiende el medio ambiente y castiga
a los depredadores, como insinúa con cierta pretensión demagógica; es, mas
bien, coercitiva, destinada al chantaje; no a la defensa ecológica. Un gobierno
clientelar, entregado de lleno a modelo colonial extractivista del capitalismo
dependiente, que ha promulgado una Ley de la Madre Tierra y Desarrollo
Integral, que convierte a la Madre Tierra en cenicienta del “desarrollo” y en víctima del extractivismo, no expresa
ninguna vocación de defensa de la vida,
en la Ley Penal, sino que manifiesta abiertamente la disposición coercitiva,
funcional al Estado Rentista y a la economía extractivista[3].
Respecto
al retroceso del gobierno en relación a la Ley Penal, aprobada en el Congreso,
entre gallos y media noche, sin cumplir el requisito exigido por la Constitución,
que la ley sea resultado de la construcción colectiva y participativa, no se puede pretender que
abrogando algunos artículos, los más notorios en el reciente conflicto, se
resuelve el problema de la amenaza
del Estado de Sitio encubierto. La ley es un cuerpo jurídico, animado, por así decirlo, por su espíritu despótico. El monstruo
jurídico no lo deja de ser si se le quitan unos dedos, tampoco si se le
amputa una mano, sigue amenazando a la sociedad, a la que criminaliza por sus actos, sus expresiones, sus protestas,
movilizaciones, profesiones y ocupaciones.
La
reunión del CONALCAM con el presidente es solo una pantalla para buscar legitimar la continuidad de actos
inconstitucionales, aunque se retroceda en la abrogación de un par de
artículos. De acuerdo a la Constitución toda ley, además de ser construida
colectivamente y participativamente, debe ser consensuada. Todas estas condiciones y requisitos constitucionales
brillan por su ausencia.
Se
puede decir que la coyuntura del conflicto pasa por instantes cruciales, que pueden convertirse en puntos de inflexión o, mas bien, en puntos de oscilaciones que, al final, sigan manteniendo la
continuidad de una marcha hacia la tiranía.
Ya nadie, salvo la masa elocuente de llunk’us,
cree que todo esto se hace por el “proceso de cambio”, la “revolución
democrática cultural”, el Estado Plurinacional; todos estos membretes han caído
por su propia demagogia. El gobierno
clientelar lo hace porque se encuentra en crisis de legitimidad y de gobernabilidad; en palabras simples,
aprendidas del sentido común, el “gobierno progresista” ha perdido la mayoría; no la tiene. Ha perdido dos
elecciones de magistrados y un referéndum. El conflicto no es solo gremial,
relativo a los médicos y todos los profesionales y ocupaciones de salud; el conflicto es con toda la sociedad, que
está amenazada en cuanto sus derechos, sus libertades y sus actividades, además
en sus libres expresiones.
La
abrogación de la Ley Penal es un
objetivo democrático, corresponde a la defensa de la Constitución, de la
libertad, de los derechos conquistados y establecidos constitucionalmente. Es
también una defensa del soberano, que
es el pueblo mismo. No hay aquí donde
perderse; la Constitución es clara al respecto. El pensamiento estrambótico, que quiere justificar lo injustificable,
las groseras maniobras por imponer una ley
inquisidora, este oscuro pensamiento, enredado en sus laberintos, no puede
ante la claridad constitucional. Los devaneos desfachatados de los congresistas
oficialistas, tampoco los argumentos de los ministros, que recurren a la muletilla de la conspiración, pueden
ante la claridad de la Constitución y de las interpretaciones populares, además
de profesionales y de gremios
afectados. No pueden contra la resistencia ciudadana.
No
solamente está en juego la salud,
sino, sobre todo, la vida. La vida es sincronía vital de los ciclos
ecológicos planetarios, por lo tanto, hábitat
complejo de las memorias sensibles, así como define la biología la vida orgánica. Esta vida está amenazada por el sistema-mundo
capitalista y extractivista. Diga lo que diga el “gobierno progresista”,
que se considera “antiimperialista”, es parte de las máquinas económicas y de las máquinas
extractivista del sistema-mundo
extractivista, bajo el mando de la hiper-burguesía
de la energía fósil, de la cual son parte, como burguesía rentista de un país periférico en la geopolítica del sistema-mundo[4].
No solamente está en juego la libertad de expresión, el derecho a la protesta y
a la movilización, sino la democracia
misma, no solo como ejercicio, lo que
ya está afectado, sino como posibilidad permanente. No solo están en
juego las profesiones y ocupaciones, además de las actividades económicas, sino
la praxis social, al ser intervenida
en sus prácticas y actividades.
Entonces, la convocatoria de los que resisten, se movilizan, marchan, se
pronuncia, están en huelga de hambre, es mayor a lo que se enuncia o lo que
recepcionan los medios de comunicación. Es una convocatoria al pueblo a defenderse como tal, como soberano, como protagonista de la movilización prolongada (2000-2005),
como depositario de los derechos conquistados.
[1] En su
libro Derecho Constitucional.
[3] Ver Capitalismus versus vida. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/capitalismus_versus_vida_2.
[4] Ver Subalternidad
y máquinas del sistema. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/subalternidad_y_m__quinas_del_siste_8f9c2bc7a950e0.
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