Nina Quispe y toda la dirigencia india de la época, entendió que la defensa del ayllu como institución y territorio era la clave de la supervivencia colectiva en un ambiente de guerra permanente dispuesto por el Estado republicano para solucionar por la vía más expedita el problema indio. Uno de los más influyentes intelectuales bolivianos del siglo XIX expresaba “Se extinguirá el pobre indio al empuje de nuestra raza, como se extingue el dodo, el dinornis, el ornitorrinco. Si la extinción de los inferiores es una de las condiciones del progreso universal como dicen nuestros sabios modernos, y como lo creo, señores, (ésta) será irrevocable, por más dolorosa que sea. Es como una amputación que duele, pero que cura la gangrena y salva de la muerte”.4 A pesar de todos los esfuerzos por atraer procesos migratorios como en el Cono Sur y los vaticinios de desaparición del indio, la fortaleza demográfica se mantuvo. En el censo del año 2001, fueron contabilizados como indígenas, un 66 por ciento del total de la población censada5.
La celebración del quincuagésimo aniversario del “descubrimiento de América” en el año 1992 conllevó un importante proceso de movilización y reflexión. La difusión de mensajes y discurso indianista6 tuvo acogida en la población india tanto de las ciudades como el mundo rural. La wiphala (bandera de siete colores) fue adoptada como el símbolo de descolonización y retorno a la cultura y modos de vida de los pueblos indios. En aquella coyuntura líderes y autoridades originarias: mallkus, jilaqatas, t’allas(funcionarios elegidos por las comunidades) hacían grandes esfuerzos por sobrevivir a la sindicalización forzada, que amparado en el discurso de modernidad buscaba borrar todo vestigio de indianidad preexistente. El proyecto de construcción de la nación estado, llevado a cabo por el Movimiento Nacionalistas Revolucionario (MNR), partido que se impuso con la revolución nacional de 1952, tenía en el sindicato campesino el instrumento más efectivo para la aculturación y el abandono de la tradición y la cultura propia7. Sin embargo las autoridades originarias continuaron transmitiendo una visión del tiempo y el espacio diferente, e incluso opuesto al que el Estado buscaba imponer a través de la educación escolar y la ciudadanización. A pesar de todos los esfuerzos invertidos por el Estado en extirpar de la memoria indígena todo vestigio sobre su pasado e identidad, núcleos de dirigencia localizados en zonas de ayllu: Carangas, Killakas, Kirkiyawi, Llallagua, Pacajes e Ingavi preservaban redes de comunicación inter regional que luego se expresó en encuentros de ayllus8.
El año de 1985 en la ciudad de Potosí, fue llevado un Primer Encuentro de Ayllus que debatió la viabilidad o no de reestablecer el ayllu como organización frente al sindicato campesino. Los participantes acordaron consultar y estudiar el pasado, tal como habían hecho los caciques purirantes9. Buscar los títulos sobre tierras y territorios del tiempo de los reyes de España. Un tema de fundamental importancia en los debates fue no perder ni olvidar la tradición, thakhi-ñan (camino en español); el camino que los ancestros habían seguido como norma fundamental de la vida. La relación de la autoridad originaria con la comunidad (tama) en el ayllu está fundada en el cumplimiento de la norma. Los caciques purirantes, en palabras de Andrés Jachacollo, Julián Ugarte, Domingo Jiménez Aruquipa, asistentes en el encuentro de Potosí, habían defendido al ayllu de la agresión gamonal. Llevando sus escritos que anunciaban la libertad de la raza indígena e exhibiendo los títulos que la Corona de España había otorgado a los ayllus a cambio de oro y plata pagados en la ciudad de Lima.
Luego del Encuentro de la ciudad de Potosí y comenzando el decenio de 1990, los ayllus para enfrentar al forzado proceso de sindicalización campesina, que contaba además del Estado, con el apoyo de la iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales10, se organizaron en: Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí (FAOI-NP), Federación de Ayllus del Sur de Oruro (FASOR), Consejo Occidental de Ayllus de Jach’a Carangas (COAJC), la Federación de Ayllus y Comunidades Originarias de la Provincia Ingavi (FACOPI). Las dificultades encontradas en dicho proceso organizativo llevaron a encarar Encuentros de Ayllu, donde discutían acerca del significado del ayllu, de las autoridades originarias, normas consuetudinarias y la necesidad de encontrar fórmulas de organización en los niveles regionales y el nacional. Nicolás Torres de FASOR, Alberto Camaque de FAOI-NP, Manuel Soliz de Jacha Carangas, Simón Cusi de FACOPI orientaban los debates haciendo énfasis en el carácter político de la reconstitución. Fue el 16 de septiembre de 1994 durante el IV Encuentro de Ayllus en el Jatún Ayllu Yura (departamento de Potosí) que fue constituida la Comisión Impulsora para la reconstitución de Ayllus de Bolivia (CIAB) a la cabeza de don Vicente Choqueticlla en su condición de Mallku Mayor de la FASOR. CIAB dirigió un activo proceso de reconstitución en la región andes que tuvo en la fundación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la culminación de un sostenido esfuerzo de carácter nacional. El 22 de marzo de 1997 se dieron cita en el pueblo de Caracollo (departamento de Oruro) organizaciones de ayllu de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. La agenda de la reunión tenía como punto central la constitución de un órgano de gobierno indígena, fue así como acordaron los participantes establecer un consejo de autoridades originarias.
Porqué la reconstitución del ayllu
La colonización como proceso constante desde 1532 fue destruyendo instituciones y tejido social de los ayllus y las familias con el propósito de apropiar bienes y territorio indio. De las estructuras políticoterritoriales como fueron el Tawantinsuyu y el Qullasuyu solo quedó memoria escrita, y en su lugar fueron erigidas instituciones coloniales como la Audiencia de los Charcas, la República de Bolivia, los departamentos y las provincias. Desde los tiempos de Francisco Pizarro el exterminio del indio fue un resultado esperado por las élites coloniales, así pues la Bolivia de principios del siglo XX, preveía la solución del problema del indio a través de su desaparición.
Es preciso advertir que hace mucho tiempo se opera en Bolivia un fenómeno digno de llamar la atención: el desaparecimiento lento y gradual de la raza indígena […] desde el año de
1878 esta raza está herida de muerte […] la sequía y el hambre trajeron tras sí la peste que hizo estragos […] el alcoholismo diezma sus filas de una manera notable, tanto que el número de los nacimientos no cubre la mortalidad [...] De manera que, ateniéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos la raza indígena, sino borrada por completo del escenario de la vida, al menos reducida a su mínima expresión […] si ha habido una causa retardataria en nuestra civilización, se debe a la raza indígena, esencialmente refractaria a toda innovación y a todo progreso.
Censo General de la República de Bolivia
1900, 35–36.
El retardo civilizatorio, esperaba la república, sería corregido por la masiva inmigración europea como estaba ocurriendo en los estados vecinos del Cono Sur. La inmigración colonizadora fue un objetivo largamente deseada. Durante el gobierno de Hugo Bánzer Suarez (19711978) el estado Boliviano tramitaba la inmigración de colonos rodesianos y sud africanos11.
Desde el año de 1952 y al amparo de la Convención 107 el indigenismo boliviano se propuso asimilar a la población indígena bajo el eufemismo de integración12. El movimiento indio representado por MITKA en concordancia con otros actores denunció tal política como etnocidio, así expresó la Declaración de Barbados, resultante de simposio “Fricción interétnica en América del Sur No-Andina” (25 al 30 de enero 1971).
La reconstitución tiene antecedentes en la defensa de tierras y territorios por los caciques apoderados (1914–1945), las luchas indianistas de los decenios de 1970–1990 que buscaban en conjunto con los pueblos indios de las américas la descolonización, tal como estaba ocurriendo en Asia y África. Fue la política neoliberal aplicada durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997) que llevó a los ayllus y comunidades a mirar atrás, recuperar y valorar la memoria de los ancestros; la joven dirigencia se puso a preguntar a los ancianos sobre cómo había funcionado el ayllu antes de la sindicalización campesina. En ayllus de Pacajes (La Paz), Carangas (Oruro), Kirkiyawi (Cochabamba) las autoridades originarias conservaban aún los títulos otorgados por la Corona de España desde la época del Virrey Francisco de Toledo (1570), que los jóvenes comenzaron a consultar. La lectura de los títulos de Composición y Venta otorgadas por la Corona de España permitió, frente a la presión estatal de desmantelar los lazos comunitarios y optar por la propiedad individual, constatar:
{C}• {C}Posesión inmemorial de los territorios, los documentos coloniales hacen referencia al tiempo de los inkas o incluso se proyecta a tiempos más antiguos.
{C}• {C}Posesión colectiva de territorios en el altiplano, valles y propiedades en villas y ciudades.
{C}• {C}La estructura política organizativa de ayllu, marka (centro administrativo) y suyu (provincia).
{C}• {C}La centralidad del gobierno propio en la figura del mallku (rey).
En el diálogo intergeneracional, la pregunta a los mayores acerca de los modelos de organización y gobierno, fue decisiva en reavivar la memoria y obtener respuestas fundamentales. El camino (thakhi/ ñan) se abrió nuevamente y los ayllus se aprestaron como lo habían hecho siempre a transitarlo. La idea era muy clara, cumplir con las normas lleva a la perfección: k’acha runa (bella persona)13 y a qamiri (saber vivir).
Asimismo fueron valorados los conceptos:
{C}• {C}El ayllu como el modelo de organización social, núcleo y base del pueblo qulla (gentilicio del habitante del Qullasuyu).
{C}• {C}Tama la sociedad política conformada por personas, “ciudadanos”, con derechos y obligaciones.
{C}• {C}Mallku el sistema de gobierno basado en el espíritu de servicio que lleva el mandato de conducir a la tama hacia el estado de vida plena, qamiri.
El punto de partida fueron los ayllus que resistieron activamente a la sindicalización campesina preservando sus órganos de gobierno y autonomía. El esfuerzo invertido por el conjunto de comunidades y ayllus en la reconstitución fue mayúsculo, la cobertura geográfica alcanzó a todo el territorio andino del país, en un ambiente totalmente desfavorable por la oposición de la poderosa burocracia sindical campesina que había gozado hasta el momento de total hegemonía y el absoluto control territorial14.
Para el conjunto de la población indígena de los andes la reconstitución del ayllu significó volver a lo propio, a practicar institucionalmente los principios y valores culturales, económicos y políticos. Significó el re establecimiento de la autoridad que se ocupe de la administración de recursos y la solución de conflictos entre las familias y personas que conforman el ayllu. La reconstitución permitió recuperar la institucionalidad político territorial desde el nivel comunitario y municipal hasta los niveles intermedio y nacional.
El ayllu un modelo de organización social, económica, político, territorial y cultural con su vigencia desde tiempos inmemoriales constituye jatha-muju, la semilla del cuerpo social y político como es el Qullasuyu.
La marka es Taypi, centro político administrativo de un conjunto de ayllus que se encuentran articulados en las dos parcialidades de aransaya y urinsaya, (arriba – abajo); con un número de ayllus que deben hacer paridad.
El suyu conjunto de markas, corresponde al nivel sub estatal, de provincia y/o departamentos, con territorio que comprende los distintos pisos ecológicos de la montaña de los andes, una jurisdicción territorial que comprende costa, sierra y ceja de selva.
En el marco de los derechos
La colonización denegó los derechos de los pueblos, que desde 1492 fueron llamados indios, y fue recién a fines del decenio de 1960 que el sistema internacional prestó atención al reclamo de los indios de las Américas, Europa del Norte y Oceanía.
Fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pionera en el tratamiento de los asuntos indígenas, por el interés que tenía en los trabajadores indígenas, que eran reclutados en situaciones de no respeto a sus derechos humanos en los dominios coloniales. El 26 de junio de 1957 la OIT con el propósito de proteger e integrar a la colectividad nacional, a las poblaciones indígenas existentes en países independientes, estableció una primera convención cuya beneficiaria era la población indígena.
En acuerdo al Convenio 107 la integración debía traducirse en la asimilación, plena y efectiva a través de procesos de aculturación a la identidad nacional boliviana. Con todos los avances ocurridos en la lucha de los pueblos indígenas en hacerse visibles dentro de las Naciones Unidas, la OIT se vio obligada a abandonar la política de la asimilación y asumir los sentimientos de libre determinación que movilizaban a las organizaciones indígenas.
El Convenio 169 de la OIT es el primer instrumento de Derecho Internacional que ha reconocido a los pueblos indígenas, como sujetos colectivos de derecho, en lo que respecta a sus territorios y gobierno. En el Convenio se prefigura la recomposición institucional de los países en los que los pueblos indígenas lograron sobrevivir:
{C}• {C}Espacios propios de autonomía donde las instituciones, valores y prácticas sean convenientemente valoradas y fortalecidas.
{C}• {C}Participación en los espacios nacionales en todos los campos que atañen a los pueblos indígenas.
Los artículos referidos al derecho a la participación son particularmente importantes para la reconstitución (Art. 7.1) al prever los medios a través de los cuales los pueblos indígenas pueden participar libremente, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones tanto electivas como en los organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas siendo el primer instrumento de derecho internacional que ha tenido en su redacción la participación de delegados de pueblos indígenas, marca diferencia con las convenciones redactadas y adoptadas por solo los estados. El reconocimiento de la cualidad de pueblos con derechos es lo más relevante: “Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.
Expresa una visión integral de los pueblos indígenas, con sus estructuras políticas, historia, pensamiento. Reconoce derechos intrínsecos en tanto que son pueblos, cuyos derechos no provienen de su individualidad sino de su ser colectivo. En ese marco, haciendo justicia de los efectos del colonialismo reconoce el derecho a la libre determinación: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Art. 3).
El artículo 4to establece: “tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”. La autonomía supone el desarrollo de instituciones propias, las cuales a su vez deben tener el soporte de la disposición de fondos propios.
Los pueblos indígenas requieren contar con las necesarias salvaguardas para la continuidad de su particularidad sociocultural, cual es el espacio territorial que permita asegurar los medios de subsistencia. Es así que el Art. 20.1 sostiene que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
La reconstitución del ayllu y la constitución del CONAMAQ tuvieron en la legislación internacional el marco para la restitución de sus derechos y la revaloración de sus sistemas jurídicos y administrativos. CONAMAQ junto a la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) hermanaron su actuación en la exigencia del cumplimiento de sus derechos, en particular los referidos a la participación, para lo que exigieron el cumplimiento de la obligación del Estado de consultar para el logro del Consentimiento Libre Previo e Informados en todos los asuntos administrativos, ejecutivos y legislativos concernientes a los pueblos indígenas.
En pos de la descolonización y el Estado Plurinacional
Fue con la experiencia de la marcha del año 200215 que CONAMAQ formuló la propuesta para sentar las bases de relación intercultural entre colonizadores y colonizados. Un proceso participativo de presentación de propuestas que comprendió reuniones en toda la región andina y fue recogido en el documento “Aruskipxasiñani” (Comuniquémonos). Una propuesta que resume la realidad de los ayllus y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Un documento de posición política del CONAMAQ ante el Estado y la sociedad civil en su conjunto. Aruskipxasiñani identificaba las raíces de la pobreza y la sumisión de los pueblos indígenas en el carácter colonial de las relaciones entre indios y criollos, en las instituciones republicanas dedicadas a administrar la supremacía de una clase devenida en casta. Teniendo por marco jurídico al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la propuesta planteó el reconocimiento del derecho a la libre determinación, como la base más concreta y efectiva de participación de los pueblos indígenas.
La Asamblea Constituyente
La activa movilización social que durante los meses de febrero y octubre 2003 convulsionaron al país dio razón a la marcha realizada un año antes por el CONAMAQ. Durante la marcha el CONAMAQ estableció como el núcleo de la reforma estatal, la reconstitución que establezca en el papel la existencia de las entidades indígenas, siendo que la división política administrativa respondía a los caprichos de los encomenderos del siglo XVI y del gamonalismo criollo de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que desestructuraron las jurisdicciones ancestrales.
Luego de los cambios políticos que ocurrieron luego de la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con el liderazgo de haber conducido la marcha por la Asamblea Nacional Constituyente, CONAMAQ animó la formación del Pacto de Unidad para que las propuestas de los pueblos indígenas tuvieran efectividad en la Asamblea Constituyente (2006– 2007). Formaron el pacto además de CONAMAQ, la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), La Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa y la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB).
Reunida desde agosto de 2006, la Asamblea Constituyente redactó una constitución que en teoría contó por vez primera con la participación de los pueblos indígenas. Fue en esa perspectiva que la nueva constitución dio lugar al establecimiento del Estado Plurinacional. El documento que fue aprobado en diciembre 2007 enfrentó un proceso de negociación entre gobierno y oposición política, que llevó a modificaciones con las que fue promulgada luego del referéndum del 25 de enero de 2009.
La manipulación política, y la escasa o nula participación de asambleístas indígenas no permitieron considerar la propuesta inicial, sin embargo asimismo los avances contenidos en la Constitución de 2009 tienen importancia al incorporar los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así pues el Art. 1ro, señala que el modelo de Estado Plurinacional está basado en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, que debería traducirse en una institucionalidad diferente a la republicana y haga visible la institucionalidad ancestral de los pueblos indígenas. El Art. 2do, consecuente con la descolonización en el reconocimiento de la existencia pre colonial de las naciones indígenas, garantiza la libre determinación16, el autogobierno, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de entidades territoriales indígenas, que debe estar sustentado en la disposición de los recursos para el autogobierno. Es el Artículo 30 que compendia los más importantes derechos ya establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.
Pese a todas las dificultades en la mediación política por la que pasó la participación de los pueblos indígenas, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia asumió importantes y fundamentales principios políticos y filosóficos propios de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de la pre existencia, el Vivir Bien, la Madre Tierra, el pluralismo asumido en el ordenamiento jurídico, en la economía, la cultura y ante todo en la participación política.
El proceso post constituyente, las dificultades
Aprobada la Nueva Constitución Política del Estado, comenzó el período denominado post constituyente, tiempo en que se suponía el viejo Estado Republicano daría paso al Estado Plurinacional que se dotaría de una nueva institucionalidad que garante de la participación efectiva de los pueblos indígenas. Sin embargo no hubo transformación alguna, el estado de cosas permaneció inalterable.
Así se produjo una crisis de ruptura entre el gobierno “indígena” y los pueblos indígenas que desde las movilizaciones de los años 2003–2005 habían apoyado de manera unánime a Evo Morales Ayma en la consideración de ser él un hermano. Los ayllus y la población indígena en general creyeron que con la asunción de Evo Morales a la presidencia del país, cambiaría la vida para los pueblos indígenas, asumieron que se desarrollarían conocimientos y saberes afines a la ideología del “Vivir Bien”, pero desde 7 de febrero de 2009, fecha en que fue promulgada la nueva constitución, los derechos de los pueblos Indígenas fueron sistemática y consecutivamente vulnerados. El derecho a la libre determinación, a la participación y la obligación contraída por el Estado con adopción del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quedaron en apenas letra muerta. A los pueblos indígenas y a sus organizaciones tocó comprender cómo las normas internacionales y las Leyes nacionales son flexibilizadas a favor de emprendimientos extrativistas de las empresas transnacionales. La exigencia de cumplimiento de la constitución y los tratados internacionales, la realización de procesos de consulta para el Consentimiento Libre Previo e Informado tuvo por respuesta la estigmatización, la violencia y procesos de judicialización y criminalización del liderazgo y las organizaciones de pueblos indígenas.
El desarrollo normativo post constituyente es una muestra fehaciente de cómo los derechos de los pueblos indígenas fueron sistemáticamente violados o mal interpretados, tal es el caso de:
{C}• {C}La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
{C}• {C}La Ley de Deslinde Jurisdiccional
{C}• {C}Ley Minera
{C}• {C}Ley del Órgano Electoral
{C}• {C}Propuesta de Ley de Consulta
{C}• {C}Ley de la Madre Tierra
{C}• {C}Ley de Reconducción Comunitaria
Que en su conjunto imponen parámetros y lógicas discriminatorias para los pueblos indígenas, contrarias a la Constitución y a las normas internacionales. Evidencian la restauración del Estado colonial, promoviendo la asimilación forzosa de los pueblos indígenas, profundizando el despojo de las tierras y territorios a través de construcción de carreteras y el avance de la frontera agrícola, la actividad minera y petrolera.
El modelo de desarrollo económico extrativista
Con el discurso del Vivir Bien que encubre como manto protector, el Gobierno ha impulsado la profundización del modelo primario exportador ampliando las fronteras del extrativismo flexibilizando Leyes a favor de cooperativas y empresas mineras, petroleras y la agroindustria.
La ampliación del modelo extrativista es consecuencia de la visión de desarrollo que se planteó el Gobierno de Evo Morales el año 2006 en el Plan de Desarrollo 2006–2011. Dicho plan no encuentra otra alternativa para dejar el patrón primario exportador: “la constitución
de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, consistente en la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables”, continuará extrayendo recursos naturales bajo el supuesto de industrializarlos, sumando las contradicciones que dificultan la transición efectiva hacia el Vivir Bien.
La agroindustria controlada por los grupos de poder del Oriente es la que mayor atención ha recibido de parte del Gobierno, dejando al margen la economía comunitaria, más del 90 por ciento de la exportación de soya y derivados se encuentran en manos de cinco compañías agroindustriales extranjeras (Fundación Tierra 2014).
Las empresas transnacionales se beneficiaron tanto que los bonos otorgados por el gobierno a favor de las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad han sido condicionados a la permanencia y fomento del extrativismo, la inversión y otorgación de beneficios; no existen políticas públicas claras y diferenciadas, con datos desagregados por sexo y etnia que den cuenta de la afectación en la vida de las mujeres indígenas y las niñas indígenas.
Ocupación e intervención de las organizaciones de pueblos indígenas
Ante la profundización de la política extrativista los pueblos indígenas se movilizaron en defensa de sus territorios y derechos, protagonizando movilizaciones como las dos marchas por la defensa del TIPNIS (2011 y 2012)17, Mallku Q’uta (2012), Tacovo Mora (2015). En la previsión de dichas políticas en el año 2011, el VII Jach’a Tantachawi (Congreso) en el que se renovaba el Consejo de Gobierno de los ayllus de Bolivia, las organizaciones afiliadas a CONAMAQ acordaron como mandato la recuperación de independencia en su relación con el gobierno de Evo Morales, autonomía en su gestión de defensa de los intereses de los ayllus y, el consecuente abandono del Pacto de Unidad. La autoridad encargada de cumplir el mandato fue Félix Becerra Villcarana y Gabina Coro, elegidos apu mallku y apu mama t’alla.
El desarrollo de una gestión autónoma y de servicio a los ayllus fue visto como acto de insumisión por el gobierno, que respondió con una política de hostigamiento a las autoridades originarias del CONAMAQ que se tradujo en el impedimento y prohibición de participación en instancia de coordinación con el gobierno, dificultando en la aprobación de los proyectos que los ayllus presentaban al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). La perseverancia del CONAMAQ en su autonomía de gestión fue vista como traición al “gobierno indígena” por lo que intentó intervenir sus oficinas en más de tres ocasiones usando a personas ajenas a la organización, disfrazándolos de autoridades indígenas18.
El 10 de diciembre del 2013 con el apoyo de la fuerza pública fue intervenida y ocupada la oficina de CONAMAQ en La Paz, a pesar del resguardo por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el acompañamiento del Defensor del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia19. Las autoridades elegidas legítimamente en el VIII Congreso en la ciudad de La Paz fueron echadas a la calle. Instalado por la fuerza de la policía un directorio afín al gobierno en 2013 hasta la fecha continúa en funciones, pese a que los estatus establecen elecciones cada dos años.
El ejercicio autónomo de la gestión como autoridades originarias no solo quedó en la ocupación de la casa de CONAMAQ. Félix Becerra Villcarana, ex apu mallku de CONAMAQ, acusado sin prueba alguna de corrupción por la gestión de un proyecto aún no concluido de enseñanza del idioma ruso para jóvenes indígenas que puedan educarse en universidades de Rusia, fue encarcelado con medidas cautelares en diciembre del año 2015, según el juez para no entorpecer la investigación. Sin embargo la investigación no avanzó, no se realizó ni una audiencia para la cesación de su encarcelamiento, el sistema judicial ha sobrepasado todo plazo procesal retardando la investigación de la verdad histórica de los hechos. A más de un año del injusto encarcelamiento, tata Félix Becerra permanece en la cárcel de San Pedro, sin condena y con un proceso del que nadie se hace cargo a cabalidad. En estos meses ha estado acumulando una gran tristeza por la distancia en la que vive de su territorio, familia y principalmente sus pequeños hijos, a quienes no ha vuelto a ver. Su esposa y su padre vienen a la ciudad de La Paz con muchos esfuerzos, y en la soledad, está madurando su calidad de autoridad. Cumple un cargo confiado por los presos y no se niega a conversar y mostrar copias, explicar las pruebas del caso y proyecto amañado desde el fondo indígena. Las autoridades originarias del CONAMAQ elegidos en su IX Mara Tantachawi a la cabeza de Tata Cristóbal Huanca continúan haciendo su trabajo en la calle, despojados de todos los medios materiales, defendiendo sus derechos y exigiendo justicia.
Finalmente, las instituciones llamadas a defender los Derechos Humanos y los Derechos de los pueblos indígenas han sido cooptadas por el gobierno. El sistema justicia se encuentra totalmente controlada por el gobierno, que violenta los derechos humanos de quienes se resisten a aceptar las políticas que atentan a los tradicionales sistemas de vida de los pueblos indígenas. Los defensores de Derechos Humanos como es el caso de Tata Félix Becerra son perseguidos, amenazados y enjuiciados injustamente. El Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu solicita solidaridad nacional e internacional con su causa y con la liberación de Félix Becerra, para que con los medios a su alcance se defienda en libertad. Que el sistema judicial boliviano cumpla con las normas de derechos humanos de los pueblos indígenas y en el marco del pluralismo jurídico que reconoce la Constitución Política Boliviana obre de manera independiente.
Qullasuyu, abril 2017
Notas
{C}1 {C}Manuel Rigoberto Paredes, El Kollasuyo: Estudios históricos y tradicionales (La Paz: Ismael Argote, 1916).
{C}2 {C}Antiguo pueblo de reducción ubicado a orilla del Lago Titikaka, actual provincia Camacho, departamento de La Paz.
{C}3 {C}Carlos Mamani, Taraqu, 1866–1935: Masacre, guerra y renovación en la biografía de Eduardo Nina Quispe (La Paz: Aruwiyiri, 1991).
{C}4 {C}Gabriel René Moreno, Nicomedes Antelo (Santa Cruz de la Sierra: Universidad Gabriel René Moreno, 1960), 120.
{C}5 {C}Sobre este tema véase el Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas: Misión a Bolivia, diciembre 2007.” Sin embargo según el censo 2012, la población indígena bajo al 42 por ciento, sobre dicha disminución no hubo explicación por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
{C}6 {C}Sobre el pensamiento indianista puede consultarse a Gustavo R. Cruz, Los senderos de Fausto Reinaga: Filosofía de un pensamiento político (La Paz: CIDES/UMSA, 2013).
{C}7 {C}El proceso de sindicalización campesina dio lugar a la organización de sindicatos en todas las comunidades que luego es estructurado en Centrales Campesinas, Federaciones Provinciales y Departamentales que son regidos por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
{C}8 {C}Para una comprensión aproximada de ayllus se puede consultar a Roger Rasnake, Autoridad y poder en los Andes: Los Kuraqkuna de Yura (La Paz: Hisbol, 1989).
{C}9 {C}De Poderdantes, los que otorgan poder en alusión a los apoderados que defendían a los ayllus luego de ser declaradas extintas las comunidades indígenas con la Ley de Exvinculación del año 1874. Sobre el movimiento de purirantes, véase el estudio de Juan Félix Arias, Historia de una esperanza: Los apoderados espiritualistas de Chuquisaca, 1936–1964 (La Paz: Aruwiyiri, 1994).
{C}10 {C}La sindicalización forzada, caso Norte de
Potosí, fue testimoniada y estudiada por Silvia Rivera et al., Ayllus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí (La Paz: Aruwiyiri, 1992).
{C}11 {C}Consultar la publicación del Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) en Julio Tumiri Apaza, ed., The Indian Liberation and Social Rights Movement in Kollasuyu (Bolivia) (Copenhague: IWGIA, 1978).
{C}12 {C} Véase el documento de trabajo elaborado para la Reunión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 1986, en Marco Antonio Huaco Palomino, Los trabajos preparatorios del Convenio No 169 sobre pueblo indígenas y tribales en países independientes (La Paz: Konrad Adenauer Stiftung, 2015), 39–42.
{C}13 {C}Sobre la idea de bella persona véase Roger Rasnake, Autoridad y poder en los Andes: Los Kuraqkuna de Yura(La Paz: Hisbol,1989).
{C}14 {C}En los años de reconstitución y la organización del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) tres organizaciones campesinas alegaban, también, representar a los indígenas: la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”. En las tierras bajas los pueblos indígenas se organizaron en acuerdo a sus identidades étnicas conformando organizaciones regionales y la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB).
{C}15 {C}Durante los meses de mayo y junio del año 2002, CONAMAQ realizó una marcha que comenzando en la ciudad de Potosí terminó en la ciudad de La Paz, exigiendo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que establezca un nuevo marco de derechos que medie la relaciones entre los pueblos indígena y los criollos que desde la época colonial y la creación de la república tienen control del aparato del Estado.
{C}16 {C}El reconocimiento de este derecho, se reitera en el Art. 30.II.4, en tanto que el Art. 30.II.5 establece que las instituciones indígenas son parte del Estado.
{C}17 {C}Sobre la VIII y IX Marcha de los pueblos indígenas por la defensa del TIPNIS (Territorio Indígena Multiétnico del Isiboro Sécure) realizados en los años 2011 y 2012 tenemos el libro de testimonios, Pueblos en el camino en defensa de los territorios, Plataforma Boliviana por el Cambio Climático, La Paz, 2012.
{C}18 {C}El 12 de agosto de 2012 fue intervenida la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) por una fracción de dirigentes apoyado por el gobierno y fuerza pública, expulsando a sus autoridades legítimas a la cabeza de Adolfo Chávez. Siendo causal la organización de las VIII y IX marcha por la defensa del TIPNIS.
19 Véase: Manifiesto del CONAMAQ ante la flagrante vulneración de sus derechos humanos y libertades fundamentales, https:// www.territoriosenresistencia.org/noticias/ cronologia-del-golpe-del-estado-boliviano-aorganizacion-indigena-conamaq. | 
Boletín. Nr.845 Año XII, 18-01-2018 
Comentarios
Publicar un comentario