Tribunal Inconstitucional

Tribunal Inconstitucional

Raúl Prada Alcoreza

El llamado Tribunal Constitucional del nombrado “Estado Plurinacional” es, en la práctica, un Tribunal Inconstitucional. La primordial tarea de un Tribunal Constitucional es defender el cumplimiento de la Constitución; en cambio, insólitamente, estamos ante un Tribunal que lo primero que hace es atentar contra la Constitución. Entonces, este Tribunal no cumple con sus funciones; por lo tanto, entra, de hecho, a la ilegalidad e ilegitimidad. Además, su conformación es también ilegal e ilegítima, pues son ungidos, dos veces, después de la victoria contundente del voto nulo, que anula taxativamente las elecciones de magistrados; sin embargo, los anteriores y los actuales “magistrados” son ungidos, a pesar de encontrarse anuladas las elecciones. Son pues “magistrados” ilegítimos e impuestos contra la Constitución.

El argumento estrafalario que uso el anterior Tribunal fue que, interpretando abstractamente el Convenio de San José, asumen que se defienden los “derechos humanos” del presidente a ser relegido, pese a lo que establece la Constitución, pese a que un referéndum anulo la posibilidad de una reforma de la Constitución que habilite al presidente a la reelección indefinida. Este estrambótico argumento, jalado de los cabellos, se desentiende sobre que ningún convenio puede estar encima de la Constitución; es la Constitución la que establece que asume los convenios internacionales comprometidos. Por otra parte, los derechos humanos de los que menciona la Convención de San José se refieren a los derechos humanos en sentido universal, de ninguna manera no hay algo parecido a los “derechos humanos” singulares de un presidente que quiere habilitarse a una reelección. Este argumento estrafalario no tiene ni pies ni cabeza; pero, a pesar de todo, contra viento y marea, el Tribunal Inconstitucional sigue adelante con su excéntrica postura; el gobierno, los aparatos de Estado, cooptados por el partido gobernante, los voceros oficialistas, la masa elocuente de llunk’us, siguen adelante con semejante tramoya.

Ya son tres vocales del Tribunal Electoral que se han pronunciado que el referéndum del 21 de febrero de 2016 es vinculante. No hay donde perderse. Los que se pierden en una enredada maraña de argumentos estrambóticos son los gobernantes, el ideólogo de la decadencia, los “magistrados” del susodicho Tribunal, los voceros de turno, y la masa elocuente de llunk’us. Esta desvergonzada desfachatez ha llegado al colmo cuando el vicepresidente expresa que no se van a dejar llevar por una “norma abstracta”, sugiriendo que ellos, los gobernantes, están en lo concreto. ¿En este caso, que es lo concreto?  Lo concreto es que no quieren irse, no quieren dejar el poder, que no quieren respetar la Constitución, que no asumen la democracia, que se desentienden de los resultados del referéndum, que les vale un comino la voluntad del pueblo. Contra viento y marea quieren imponer su capricho, el de quedarse para siempre en el gobierno. Los enrevesados discursos que emiten para justificarse brillan por su falta de coherencia y de lógica. Estos discursos no están para convencer ni decir algo que tenga sentido, sino que acompañan como inercia discursiva al despropósito de ejercer su capricho del único modo que lo pueden hacer, la recurrencia a la violencia descarnada y encubierta.

El “gobierno progresista” ha cruzado la línea varias veces; primero con el “gasolinazo”, al favorecer a las empresas trasnacionales con el incremento de los precios de los carburantes, contraviniendo a la Constitución, permitiéndoles, además exportar sin cubrir las necesidades nacionales. La segunda vez que cruzaron la línea, enfrentándose al pueblo, es cuando desataron el conflicto del TIPNIS, avasallando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, particularmente, en este caso, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, siendo además territorio comunitario, reconocido no solo por la Constitución, sino con la entrega del título de propiedad comunitaria por el propio presidente Evo Morales Ayma en 2009. Favoreciendo la ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria, entregando concesiones a empresas trasnacionales petroleras en el área intangible del bosque del TIPNIS, además de a los taladores madereros y demás depredadores de la Amazonia. La tercera vez, ocurre cuando aprueba un Código Penal, que no es otra cosa que la implantación de la inquisición política, en plena crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. Pues perdida la convocatoria, del primer periodo, deteriorado el clientelismo de los periodos subsiguientes, ahora busca perpetrarse el “gobierno progresista” mediante el recurso de la violencia desenvuelta, el Estado de excepción encubierto por una ley inquisidora. Las tres veces que cruzó la línea el gobierno clientelar ha sido derrotado, tuvo que retroceder en su intentona inconstitucional, entreguista, extractivista y depredadora, además de despótica.

Se puede ponderar el grado alcanzado en la crisis política; sobre todo, cuando las instituciones del Estado dejan de funcionar como corresponden. Cuando comienzan a funcionar de otra manera, movidos por otras estructuras no-institucionales, por las formas paralelas del poder. Es cuando la crisis política, que también podemos llamarla crisis múltiple del Estado, ha llegado lejos, ha cruzado umbrales y límites, es cuando vemos manifestarse el fenómeno generalizado de la diseminación. Bueno pues, eso parece pasar con el Estado-nación boliviano, en un contexto global donde los Estado-nación del mundo también han ingresado a la crisis múltiple, aunque lo hagan cada uno de manera singular.  En resumidas cuentas, ninguna institución del Estado funciona como corresponde a la Constitución, incluso a la estructura institucional establecida, sino lo hacen de otra manera, respondiendo a lo que hemos denominado la máquina del chantaje. Estamos entonces ante el fenómeno de la diseminación del Estado. Este fenómeno no necesariamente se da de manera abrupta o, si se quiere, rápida, sino puede diferirse; lo evidente es que ya se está en otros agenciamientos, en consecuencia, en otra situación, que requiere tomarse en cuenta en el análisis político.

Volviendo al tema, para hacerlo fácil, el Tribunal Constitucional no funciona como tal, sino, como lo dijimos, como Tribunal Inconstitucional. Su tarea no es hacer cumplir la Constitución sino todo lo contrario, desmantelarla, evitar que se cumpla, aunque lo haga a nombre de la misma Constitución. El fallo que dio el anterior Tribunal, ratificado por Tribunal que le sigue, sobre la reelección del presidente, es una muestra patente de lo que sucede. Nos encontramos en una coyuntura y contexto político donde el Estado ya es una máquina del chantaje, usada por la forma de gubernamentalidad clientelar, llevando a cabo los procesos inherentes a la economía política del chantaje. ¿Cuál es la proyección de todo esto? Aunque la pretensión explicitada por parte del partido oficialista sea llegar a la reelección del presidente, ciertamente las consecuencias no se circunscriben en este objetivo particular. La proyección, aunque no sea consciente, por así decirlo, es la de la transferencia del control del poder a las formas paralelas del poder, a lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. La diseminación del Estado lleva a la conformación de otras estructuras de poder funcionales, donde el Estado queda a lo mucho como máscara de otra configuración del poder. Lo que se conforma es una forma de poder en el cual ya no tiene ningún control la sociedad; un poder completamente controlado por corporaciones de la economía política del chantaje. Este acontecimiento no solo pasa en Bolivia, como lo dijimos, sino corresponde a la transformación global de las estructuras de dominación en el mundo.