Notas después de la movilización en defensa de la democracia
Notas después de la movilización en defensa de la democracia
Nota aclaratoria
Las notas son apuntes sobre cuestiones que son
sintomáticas o signos de eventos y sucesos cargados de señales. Se
dice que es una marca, señal, palabra o escrito breve,
que se pone en un texto para comentar, aclarar o completar algo que se menciona
en él. También se dice que es un escrito breve en un papel u otro soporte con
el que se avisa de algo o se recuerda algo. El concepto
de nota posee múltiples usos y
significados. El más usual es el que lo presenta como la seña o marca
identificadora que se aplica sobre
algo, con el objetivo de individualizarlo, permitir su reconocimiento o
difundirlo. Una nota también es una observación que se realiza en un
texto cualquiera o página de un libro, que suele ubicarse en alguno de los
márgenes. Así como es un escrito que resume una exposición oral, realizado
durante su desarrollo. No hablamos, por cierto, de un sonido determinado por
una vibración, cuya frecuencia de mayor amplitud es
constante. Tampoco de una figura musical, un signo que, colocado en
un pentagrama con clave establecida, determina
la altura y la duración de un sonido. Entonces estamos ante
anotaciones sobre hechos, eventos y sucesos políticos, que llaman la atención
por contener expresiones significativas de lo que acontece.
Las Notas después de la movilización en defensa de la democracia, son anotaciones sobre situaciones que se dan después de la movilización
del 21 de febrero de 2018, en defensa del voto popular del 21 de febrero de
2016. Hemos hecho anotaciones sobre La destrucción de la COB, es decir, con
el Congreso amañado, adelantado y manipulado por el gobierno, usando a sus
clientelas afines, para consolidar lo que llamamos golpe crápula contra la COB. También hicimos apuntes sobre la Crisis de la máquina del chantaje; es decir, sobre la crisis de la forma
de gubernamentalidad clientelar, manifestada claramente en el caso de la
manipulación de representación ejecutiva sindical de la provincia de Omasuyus.
Así como dejamos anotaciones sobre El
colmo de la desfachatez política, refiriéndonos a la pose del
vicepresidente sobre la movilización nacional del 21 de febrero de 2018, que
califica de “norma abstracta” al referéndum
vinculante, correspondiente a la victoria del No respecto a la pregunta
sobre la reforma constitucional, que habilitaría al presidente a la reelección
indefinida. Por último, también apuntamos sobre el Tribunal
Inconstitucional, que es así como calificamos al Tribunal impuesto
inconstitucionalmente, a pesar de la anulación
por segunda vez, de las elecciones de magistrados, con la victoria del voto
nulo.
Como toda
anotación que se hace, que se deja, espera su pronta retoma, con un mayor
tratamiento, en detalle y en profundidad. Por la premura de las circunstancias
del acontecer político, ventilamos estas notas, compartiéndolas, en aras de una
reflexión colectiva.
La destrucción de la COB
El golpe crápula contra la COB tiene sus
consecuencias, la expulsión de dirigentes no sumisos; solo quieren llunk’us. Asistimos a la destrucción de
la COB, algo que no hicieron ni las dictaduras militares, ni los gobiernos
neoliberales; lo más espantoso que le puede suceder a un pueblo es que unos impostores se suban a la cresta de la
ola de las movilizaciones sociales, usurpen la victoria popular, se aposenten
en el gobierno, para destruir a las organizaciones y al proceso iniciado por
los movimientos sociales antisistémicos.
El pueblo no puede contemplar desde el balcón la destrucción de las
organizaciones sociales, menos de la COB, que se hace a nombre de un “proceso
de cambio”, que de cambio tiene el nombre; a nombre de un “antiimperialismo”
trasnochado, que, en la práctica, está al servicio del imperio, del orden mundial de las dominaciones, del sistema-mundo capitalista, sirviendo con
la expansión intensiva del modelo
colonial extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Este
desenlace triste para una
organización nacional histórica, la COB, que contiene la memoria de las luchas sociales y del proletariado boliviano, particularmente del proletariado minero,
muestra la patente decadencia en la
que se ha caído. Dirigentes sin consciencia
de clase, inclinados al servilismo, sin tener la menor idea de valor simbólico de la COB, de los
significados sociales que contiene esta organización nacional, se han atrevido
a dar un golpe crápula a la COB,
sirviendo al gobierno clientelar y
corrupto, al servicio de empresas trasnacionales extractivistas, de
carteles y mafias de toda índole del lado
oscuro del poder. Estos sepultureros
son dirigentes sin prestigio ni representación genuina, pues se ha roto la relación dinámica de la democracia sindical. Ingresamos a la
penumbra, cuando se cierra el largo ciclo del Estado-nación, llevado a su crisis múltiple extrema por el “gobierno
progresista”. Ahora se trata de liberar
la potencia social, para que nuevamente el pueblo movilizado abra horizontes
históricos-culturales-políticos, más allá de la civilización moderna.
Crisis
de la máquina del chantaje
El gobierno
clientelar quiere seguir controlando a las organizaciones indígenas y
campesinas; se desespera por hacerlo, bajo el mismo mecanismo de cooptación
clientelar de la dirigencia; sin embargo, al haber tocado al señorío aymara de Achacachi ha tocado el
avispero, así como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada cuando perpetró la masacre
del Altiplano en el entorno de Warisata. Al hacerlo ha despertado a otro de los
movimientos sociales antisistémicos
de la movilización prolongada (2000-2005), que ahora se reactiva, retomando el
proceso truncado por el “gobierno progresista”. La movilización de Achacachi
contra el Gobierno Municipal corroído y contra su Alcalde corrupto se prolongó
a lo largo de casi dos meses. Conformó un pacto con las comunidades indígenas
amazónicas del TIPNIS; lo que convierte a la movilización social anti-sistémica contra el gobierno clientelar en una confederación
andino-amazónica.
Ante la pérdida de control del MAS de lo que
consideraba eran sus bases fundamentales en el Altiplano, intenta preservarlo;
empero, de la manera menos aconsejable, mediante la maniobra, el montaje y la
imposición de minorías clientelares.
La reacción de los veintisiete cantones contra el montaje de un Congreso
manipulado es la muestra patente de la resistencia aymara ante la escandalosa
usurpación del sindicalismo campesino y de las organizaciones indígenas.
Más de 20 personas resultaron heridas en un
enfrentamiento entre Ponchos Rojos durante un Congreso, que se efectuó en
Huarina. Congreso donde se eligen a los máximos representantes de la provincia
Omasuyos. En dicho Congreso se hicieron presente el canciller Fernando
Huanacuni, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas y el alcalde de
Achacachi, Édgar Ramos. La intentona gubernamental derivó en trifulca; petardos
y piedras se lanzaron en la pelea, donde estaban involucrados los conocidos
Ponchos Rojos de Warisata y Achacachi. Los veintisiete cantones se oponen a que
se posesione a dirigentes afines al MAS en el cargo de Ejecutivo Provincial;
máxima autoridad de la provincia Omasuyus. El periódico Página Siete informa
que el ejecutivo cantonal de Achacachi, Freddy Tallacagua, relató a ANF, que el
Congreso auspiciado por Huanacuni y Rojas se realizó de forma ilegal con solo
10 cantones, pretendiendo desconocer a los representantes de 27 cantones. “Este
congreso ha sido encabezado por Eugenio Rojas y otros exdirigentes como Édgar
Ramos Laura que pretenden separar a la provincia Omasuyus, eligiendo un
ejecutivo provincial para 10 cantones, que es la minoría, y a los otros 27
cantones, que somos la mayoría, no quieren escucharnos. Nosotros somos los verdaderos
Ponchos Rojos sindicalistas y no éstos que se han vendido por dinero para
aliarse al MAS”. Tallacagua añadió que, tras las agresiones sufridas, la
provincia Omasuyos se declaró en estado de emergencia y dijo que los campesinos
heridos de gravedad fueron trasladados al hospital del Norte de la ciudad de El
Alto. “En el sector Ancoraimes tenemos 10 heridos; en Tacamara, tres;
Achacachi, tres; en el sector del lago Titicaca, dos; y en Franz Tamayo otros
dos lesionados, aunque hay más. Mañana (hoy-domingo 27 de febrero-) nos vamos a
reunir; ahora estamos en emergencia y ya se definirá si se toma acciones
legales contra los agresores. El dirigente explicó que antes del enfrentamiento
pidieron una reunión con el canciller Huanacuni, que participaba en el Congreso
de los Ponchos Rojos, a quién le solicitaron que intervenga en el conflicto
para que se elija a un solo representante a nivel provincial. “En ese momento
estaba el hermano canciller Fernando Huanacuni y como es autoridad máxima,
conversamos y le pedimos participar del evento y nos dijo que nos organizáramos
por comisiones para instalar el diálogo y elegir una sola autoridad”. Explicó
que una vez conformadas las comisiones, los representantes de los 27 cantones
ingresaron al Congreso y el otro bando de Ponchos Rojos junto con las
autoridades de Estado solicitaron un cuarto intermedio de 10 minutos, tiempo en
el que Huanacuni “escapó” desatando el enojo de los comunarios[1].
Este recuento de los hechos muestra la
gravedad del problema y del conflicto. Estamos ante no solo la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, sino de manera más
específica, ante la crisis de la maquinaria del chantaje y de cooptación
del Estado-nación subalterno y colonial. La maquinaria
del chantaje ya no puede lograr sus objetivos, la cooptación, la captura
mediante las redes clientelares; no
solo rechina, sino que ya no funciona eficientemente. Se enfrenta a la resistencia del pueblo aymara. La gravedad tiene el alcance de la crisis múltiple del Estado-nación,
investido demagógicamente como “Estado Plurinacional”; la gravedad adquiere los
perfiles de enfrentamientos, a los que azuza el “gobierno progresista”. Esto se
debe a que no quiere ceder, no quiere hacerlo, a pesar de que la correlación de fuerzas ya no está a su
favor. Visto en perspectiva esto es un suicidio gubernamental. Ahora bien, la
gravedad también tiene que ver con la proyección
de la movilización anti-sistémica
renovada y retomada. ¿Cómo retomar el proceso
de transformaciones truncado por el gobierno clientelar? ¿Cómo diseñar la proyección nacional, incluso
continental, de liberaciones y emancipaciones? ¿Cómo canalizar los descontentos
generalizados contra la farsa populista? ¿Cómo articular e integrar las
movilizaciones en una perspectiva
política que salga del círculo
vicioso del poder, que no se detenga en la decadencia populista, tampoco retroceda al ignominioso pasado
neoliberal? Estos son los grandes desafíos de la coyuntura.
Han emergido colectivos ciudadanos, que articulan y motivan la movilización ciudadana urbana; colectivos ciudadanos que no tienen que
ver, como ellos mismos lo han dicho, con los partidos de oposición, a pesar de
la cantaleta trivial del gobierno de culparlos por su incumbencia con los
partidos de la llamada “oposición”. Estos colectivos ciudadanos se han
irradiado nacionalmente, en varias ciudades capitales del país. Haciendo un
balance rápido de las movilizaciones del 21 de febrero de 2018, que defienden
el voto popular del 2016, a pesar de su contundente manifestación ciudadana, que
intenta negar la propaganda gubernamental, no se ha articulado con las movilizaciones sociales anti-sistémicas
renovadas; por ejemplo, del TIPNIS, de Achacachi, de los Yungas. Para lograr lo
que se persigue, la defensa de la
democracia, la defensa de la Constitución, además para que esta defensa se
realice como victoria política, es indispensable que los colectivos ciudadanos se articulen e integren con los movimientos sociales anti-sistémicos. La
perspectiva política de transiciones consensuadas se encuentra
en esta articulación e integración. Ahora bien, para que ocurra esto, es
condición indispensable reconocerse,
además, claro está, de conocerse; de
despertar empatías. Algunos
comportamientos, no de los colectivos
ciudadanos, sino de algunos ciudadanos movilizados, llaman la atención,
pues demuestran el retorno a prejuicios
raciales, haciendo lo mismo que los que interpelan, discriminar y descalificar.
Obviamente este comportamiento no coadyuva a la integración potenciadora de las movilizaciones en curso. Hay que
aprender, sobre todo, que el pueblo
combativo no está dispuesto a volver al pasado
oprobioso neoliberal, si bien está en contra de seguir manteniendo la esperanza en una ilusión montada por el montaje espectacular y del teatro político de la crueldad del
gobierno clientelar, expresión del populismo desgarbado del siglo XXI.
El colmo de la desfachatez política
El colmo de la desfachatez política ocurre cuando un
político se considera levitar sobre el resto de los mortales; por ejemplo,
cuando un político considera que los resultados de un referéndum, por cierto,
vinculante, corresponde a una “norma abstracta”; entonces, concretamente, se
pueden desconocer estos resultados, a partir de las premuras de la vida
política. Eso es colocarse por encima de todo, por encima de todos los
mortales, que tienen el pecado de tener normas; colocarse por encima de la
Constitución, del Estado y su malla institucional. Este desprecio a la democracia es característica de personajes paranoicos, que llevan al
extremo del endiosamiento delirante a la imagen que tienen de sí mismos. Esta exaltación enfermiza de sí mismos se da,
paradójicamente, en personas también extremadamente inseguras y acomplejadas.
Entonces, el delirio de grandeza resulta una máscara para cubrir sus propias inseguridades y miedos.
Por otra parte, estos ilustres personajes
inquietantes suelen hablar a voz en cuello del pueblo, de las víctimas, de los indígenas, de los y las
discriminadas, como si fuesen sus inmaculados representantes. Confunden la representación
circunstancial, que les otorgó el voto, con la representación vitalicia, de por vida, como si fuesen ungidos
divinamente. Por lo tanto, confunden política
con religión; hacen religión de la política y hacen religión
en política. Pero, en tanto mezcla, deriva esta práctica embarullada
y enrevesada en un barroquismo
político-religioso insólito. Estos personajes extraviados terminan siendo
los sacerdotes de algo que no es ni religión ni política, sino una mezcla densa, como una niebla espesa, donde ni
ellos mismos, estos personajes, se reconocen, tampoco ven el mundo efectivo. En estas condiciones,
sin ver la realidad efectiva ni verse
a sí mismos, tal como son, desprenden
imaginarios de las interpretaciones más delirantes; como
por ejemplo, una “teoría”, sin pies ni cabeza, sobre las “clases medias”,
inventándose una “clase media popular” distinta de una “clase media
tradicional”, una clase media con rasgos “indígenas” diferente a una clase
media “blancoide”. En fin, una “clase media en ascenso” en contraposición de
una “clase media en descenso”. Olvidando que el fenómeno del crecimiento de las
“clases medias” es generalizado en todas las sociedades del mundo
contemporáneo; en esto no tiene nada que ver la forma de gobierno ni la forma
de gubernamentalidad, si son neoliberales o si son “gobiernos
progresistas”. ¿Todo esto para qué? Para justificar la impronta de sus
extravíos, de sus descarnadas violencias o de sus violencias encubiertas contra
el pueblo, contra la voluntad
popular, contra la democracia, contra la Constitución, contra las naciones y
pueblos indígenas; incluso contra el erario del Estado, al usufructuar de sus
arcas de la manera más displicente, ilegal y no institucional. Con estas
estrambóticas “teorías” quieren encubrir la descomunal corrosión institucional y la galopante corrupción gubernamental.
Estos sacerdotes
de esta religión política populista
se invisten de “revolucionarios”, pues este disfraz es un buen camuflaje para
encubrir sus fechorías. Creen que con esta pose “revolucionaria” pueden
ostentar de jueces, descalificar a los contrincantes, a la crítica, a las
denuncias efectuadas. Si a estos sacerdotes de la política convertida en religión
se les quita sus hábitos, es decir
sus disfraces, entonces se puede ver lo que son; fuera de ser unos comediantes, de ejercer la impostura de
manera desmesurada, son efectivamente la burguesía
rentista, que se conformó apropiándose del excedente que deja el modelo económico colonial extractivista del
capitalismo dependiente. Es también la burguesía
de la coca excedentaria, entonces, la burguesía correspondiente a los
ciclos y circuitos de la economía política de la cocaína.
Politicamente, de manera concreta, son usurpadores de la victoria popular
contra el proyecto y la coalición neoliberal. Montándose en la cresta de la ola
de las movilizaciones sociales
anti-sistémicas, aposentándose en el gobierno, con la pretensión de nunca
más salir, además, haciendo todo esto a nombre del pueblo, a quien lo han reducido a mudo y temeroso espectador, lo
han convertido en víctima de sus extravagancias, en sombra de sus
especulaciones, en la excusa para sus fechorías. En pocas palabras, no son más
que unos vulgares déspotas o tiranos, investidos con los oropeles simbólicos de
una revolución que no se dio, que fue truncada por ellos mismos, estos sacerdotes de la voluntad de nada,
aplicada en política. Tampoco no
dejan de ser unos vulgares delincuentes
políticos, al cometer delitos contra la Constitución, contra la democracia
y contra el Estado.
Tribunal Inconstitucional
El llamado Tribunal Constitucional del
nombrado “Estado Plurinacional” es, en la práctica, un Tribunal Inconstitucional.
La primordial tarea de un Tribunal Constitucional es defender el cumplimiento
de la Constitución; en cambio, insólitamente, estamos ante un Tribunal que lo
primero que hace es atentar contra la Constitución. Entonces, este Tribunal no
cumple con sus funciones; por lo
tanto, entra, de hecho, a la ilegalidad
e ilegitimidad. Además, su
conformación es también ilegal e ilegítima, pues son ungidos, dos veces,
después de la victoria contundente del voto nulo, que anula taxativamente las
elecciones de magistrados; sin embargo, los anteriores y los actuales “magistrados”
son ungidos, a pesar de encontrarse anuladas las elecciones. Son pues “magistrados”
ilegítimos e impuestos contra la Constitución.
El argumento estrafalario que uso el anterior
Tribunal fue que, interpretando abstractamente
el Convenio de San José, asumen que se defienden los “derechos humanos” del
presidente a ser relegido, pese a lo que establece la Constitución, pese a que
un referéndum anulo la posibilidad de una reforma de la Constitución que
habilite al presidente a la reelección indefinida. Este estrambótico argumento,
jalado de los cabellos, se desentiende sobre que ningún convenio puede estar
encima de la Constitución; es la Constitución la que establece que asume los
convenios internacionales comprometidos. Por otra parte, los derechos humanos de los que menciona la
Convención de San José se refieren a los derechos
humanos en sentido universal, de
ninguna manera no hay algo parecido a los “derechos humanos” singulares de un
presidente que quiere habilitarse a una reelección. Este argumento estrafalario
no tiene ni pies ni cabeza; pero, a pesar de todo, contra viento y marea, el
Tribunal Inconstitucional sigue adelante con su excéntrica postura; el
gobierno, los aparatos de Estado,
cooptados por el partido gobernante, los voceros oficialistas, la masa
elocuente de llunk’us, siguen
adelante con semejante tramoya.
Ya son tres vocales del Tribunal Electoral
que se han pronunciado que el referéndum del 21 de febrero de 2016 es vinculante. No hay donde perderse. Los
que se pierden en una enredada maraña de argumentos estrambóticos son los
gobernantes, el ideólogo de la decadencia,
los “magistrados” del susodicho Tribunal, los voceros de turno, y la masa
elocuente de llunk’us. Esta desvergonzada desfachatez ha llegado al colmo
cuando el vicepresidente expresa que no se van a dejar llevar por una “norma
abstracta”, sugiriendo que ellos, los gobernantes, están en lo concreto. ¿En
este caso, que es lo concreto? Lo
concreto es que no quieren irse, no quieren dejar el poder, que no quieren
respetar la Constitución, que no asumen la democracia,
que se desentienden de los resultados del referéndum, que les vale un comino la
voluntad del pueblo. Contra viento y
marea quieren imponer su capricho, el de quedarse para siempre en el gobierno.
Los enrevesados discursos que emiten para justificarse brillan por su falta de
coherencia y de lógica. Estos discursos no están para convencer ni decir algo
que tenga sentido, sino que acompañan
como inercia discursiva al
despropósito de ejercer su capricho del único modo que lo pueden hacer, la
recurrencia a la violencia descarnada y encubierta.
El “gobierno progresista” ha cruzado la línea
varias veces; primero con el “gasolinazo”, al favorecer a las empresas
trasnacionales con el incremento de los precios de los carburantes,
contraviniendo a la Constitución, permitiéndoles, además exportar sin cubrir
las necesidades nacionales. La segunda vez que cruzaron la línea, enfrentándose
al pueblo, es cuando desataron el conflicto del TIPNIS, avasallando los
derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución,
particularmente, en este caso, el Territorio Indígena del Parque Nacional
Isiboro-Sécure, siendo además territorio comunitario, reconocido no solo por la
Constitución, sino con la entrega del título de propiedad comunitaria por el
propio presidente Evo Morales Ayma en 2009. Favoreciendo la ampliación de la frontera agrícola de la
coca excedentaria, entregando concesiones a empresas trasnacionales petroleras
en el área intangible del bosque del TIPNIS, además de a los taladores
madereros y demás depredadores de la Amazonia. La tercera vez, ocurre cuando
aprueba un Código Penal, que no es otra cosa que la implantación de la inquisición política, en plena crisis de
la forma de gubernamentalidad clientelar
y corrupta. Pues perdida la convocatoria, del primer periodo, deteriorado
el clientelismo de los periodos
subsiguientes, ahora busca perpetrarse el “gobierno progresista” mediante el
recurso de la violencia desenvuelta, el Estado de excepción encubierto por una
ley inquisidora. Las tres veces que cruzó la línea el gobierno clientelar ha sido derrotado, tuvo que retroceder en su
intentona inconstitucional, entreguista, extractivista y depredadora, además de
despótica.
Se puede ponderar el grado alcanzado en la crisis política; sobre todo, cuando las
instituciones del Estado dejan de funcionar
como corresponden. Cuando comienzan a funcionar
de otra manera, movidos por otras estructuras
no-institucionales, por las formas
paralelas del poder. Es cuando la crisis política, que también podemos
llamarla crisis múltiple del Estado,
ha llegado lejos, ha cruzado umbrales
y límites, es cuando vemos
manifestarse el fenómeno generalizado
de la diseminación. Bueno pues, eso
parece pasar con el Estado-nación boliviano, en un contexto global donde los Estado-nación del mundo también han
ingresado a la crisis múltiple, aunque
lo hagan cada uno de manera singular. En resumidas cuentas, ninguna institución del
Estado funciona como corresponde a la
Constitución, incluso a la estructura institucional establecida, sino lo hacen
de otra manera, respondiendo a lo que hemos denominado la máquina del chantaje. Estamos entonces ante el fenómeno de la diseminación
del Estado. Este fenómeno no
necesariamente se da de manera abrupta o, si se quiere, rápida, sino puede
diferirse; lo evidente es que ya se está en otros agenciamientos, en consecuencia, en otra situación, que requiere tomarse en cuenta en el análisis político.
Volviendo al tema, para hacerlo fácil, el
Tribunal Constitucional no funciona como tal, sino, como lo dijimos, como
Tribunal Inconstitucional. Su tarea no es hacer cumplir la Constitución sino
todo lo contrario, desmantelarla, evitar que se cumpla, aunque lo haga a nombre
de la misma Constitución. El fallo que dio el anterior Tribunal, ratificado por
Tribunal que le sigue, sobre la reelección del presidente, es una muestra
patente de lo que sucede. Nos encontramos en una coyuntura y contexto
político donde el Estado ya es una
máquina del chantaje, usada por la forma
de gubernamentalidad clientelar, llevando a cabo los procesos inherentes a
la economía política del chantaje.
¿Cuál es la proyección de todo esto? Aunque la pretensión explicitada por parte
del partido oficialista sea llegar a la reelección del presidente, ciertamente
las consecuencias no se circunscriben en este objetivo particular. La
proyección, aunque no sea consciente,
por así decirlo, es la de la transferencia
del control del poder a las formas
paralelas del poder, a lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. La diseminación
del Estado lleva a la conformación de otras estructuras
de poder funcionales, donde el Estado queda a lo mucho como máscara de otra configuración del poder. Lo que se conforma es una forma de poder en el cual ya no tiene
ningún control la sociedad; un poder completamente controlado por corporaciones
de la economía política del chantaje.
Este acontecimiento no solo pasa en Bolivia, como lo dijimos, sino corresponde
a la transformación global de las estructuras
de dominación en el mundo.
[1]
Leer Enfrentamiento de Ponchos
Rojos deja más de 20 heridos. http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/25/enfrentamiento-ponchos-rojos-deja-heridos-171046.html.
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