Crisis del Tribunal Supremo Electoral
Crisis del Tribunal Supremo
Electoral
Raúl Prada Alcoreza
La crisis política adquiere sus
perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de
una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde
de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos;
pero, también puede aparecer en la crisis
institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los
cambios de gabinete fueron de los síntomas
más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal
Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del
vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.
Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica
que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar.
La presidenta del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante
una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. "En
calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda
responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e
institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y
máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento
en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de
la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona,
por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y
conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia"[1].
La situación
del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta,
haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de
una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde
puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros
casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de
re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del
referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que
intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta
coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la
presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del
mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento
en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin
embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El
vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista
al periódico El Deber que "nosotros no amenazamos, nosotros haremos
respetar la Constitución. Siempre hemos hecho
respetar la Constitución". De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado
sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es,
obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga
secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el
ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo
considera independiente del
ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se
trata de conducir el “proceso de
cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más
destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los
avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones
de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la
tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar
de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los
resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí,
pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar, era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo
que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.
No estaríamos lejos de lo ocurrido si
conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se
deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma
parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere,
hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de
cambio”. ¿Por qué la forma de
gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de
poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del
Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también
se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por
ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”,
ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel
entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas
estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos
los poderes estaban prácticamente comprados;
en el caso del régimen clientelar,
todos los poderes están cooptados ideológicamente,
en el mejor de los casos, clientelarmente,
en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes”
es recurrente en la formación discursiva
liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal;
en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en
el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado
Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista
nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los
poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.
La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un
principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que
lleva a una crisis de legitimidad, sino
también con la incongruencia misma del ejercicio
de poder con la estructura
institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan
mediante sus propias autonomías
institucionales, sino que son subsumidas
a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio
del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la
crisis del TSE, al régimen clientelar,
en la medida que se incrementa su deslegitimación,
un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo
un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va
en aumento de intensidad.
La coyuntura
actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen
clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la
Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un
gobierno más al servicio del modelo
colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora,
como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez
agotada la cohesión lograda por las redes
clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma
constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más
estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de
la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente
una interpretación antojadiza del
Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación
indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también
el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de
esta maniobra requiere que el TSE
habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo
que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al
parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la
Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los
resultados del referéndum son vinculantes.
Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones
mencionadas de los vocales, se debe a la situación
en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido
por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos
comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir
que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo,
se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.
La renuncia de la presidente del TSE equivale
a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano
de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso
hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del
Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una
crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una
eventualidad que se va a superar. "El hecho de que renuncie una autoridad no
quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere
decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones
primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde
toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos
electorales". No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en
la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a
tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente
donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente[2].
Decir algo
parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la
presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si
renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas a lo que supone el que declara semejante
interpretación, podría tener razón,
teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son
indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros
ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina
de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del
TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que
no se puede ocultar es la crisis política
e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal
Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal
punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si
no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto,
cumpliendo, por lo menos, el minimum
minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las
apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más;
por lo menos, lograr su independencia
de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la
composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el
desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento
de la economía política del chantaje
no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión
mediante el chantaje.
La
crisis no parece solucionable en las condiciones
de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de
los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe
su marcha degradante. Otro escenario,
mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal,
logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo
cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más
probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos
funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta
los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni
parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar
del ejercicio de la democracia formal,
incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones,
no democráticas, desconociendo la voluntad
popular, es ingresar a un juego
perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que
se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en
el desconocimiento de la voluntad
popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.
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