Extorsión económica
Extorsión económica
Raúl Prada Alcoreza
Las concesiones en el
Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran
los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al monopolio
de las empresas trasnacionales. En ensayos anteriores[1]
describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y
triste historia de la economía basada en el extractivismo,
condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada. El caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha
llegado, no solo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto,
sino con participación de dispositivos
internacionales jurídicos que defienden las inversiones. Que la empresa haya
invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame,
en principio, 3 millones de U$, y que después del pleito y el veredicto
jurídico internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42
millones de U$, se hace patente que se trata descarnadamente de una extorsión económica. Sin embargo, el
“gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del
expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa su revisión en un
documento fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que
solo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se
declara “antiimperialista”, es patética; muestra la enorme degradación a la que
se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno que debería
defender los recursos naturales del
pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido
con el convenio y el contrato asignado.
En adelante
incursionaremos en esta problemática, la de la colonialidad económica y la
dependencia, y en el fenómeno de la extorsión económica, tomando como referente
el escabroso caso de QUIBORAX. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que resalta
en los medios de comunicación, es decir, lo que llega a la opinión pública, a
través de los filtros mediáticos y políticos, o lo que se hace visible debido
al manejo inmediato de la información, sin auscultar mediante periodismo de
investigación, que es la falencia del sistema de comunicación en Bolivia.
Perfiles mediáticos del pleito
El conflicto jurídico
sobre el caso QUIBORAX, que tiene atareado al “gobierno progresista” y
convulsionada a la opinión pública, impacta de distintas maneras en los
diferentes planos de los espesores sociales; uno de los impactos, que se hace
más notorio por su masiva difusión, es el que se da a través de los medios de comunicación,
también en las reacciones políticas al veredicto del CIADI. A propósito de este
impacto comunicacional y político, nos detendremos en el mismo, sobre todo
atendiendo al trazo que se configura, que llamamos perfil mediático.
El analista Carlos
Böhrt Iraola, en un artículo de prensa, se pregunta ¿Quién es responsable del caso Quiborax? Escribe:
En
diciembre de 2003, Carlos Mesa promulgó la Ley 2564 declarando al Salar de
Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre
las concesiones existentes en el salar, y, en función de los resultados,
declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las personas que
estén incumpliendo las leyes.
En
ejecución de esa ley, en junio de 2004, Carlos Mesa emitió el Decreto 27589,
disponiendo “la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las
concesiones mineras” de la empresa Q-NMM. Decreto este con dos delicados
errores jurídicos: el Código de Minería vigente por entonces (Ley 1777) no
preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica
entre el Estado y los titulares de las concesiones, y no le correspondía al
Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso de las
siguientes semanas la empresa fue desalojada de sus concesiones.
En
octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para
decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de
Q-NMM, conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en
diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la
errada norma legal de Carlos Mesa mediante el Decreto 28527. La decisión del
Estado boliviano se había reencausado legalmente.
Para
enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un
matutino cruceño, el expresidente denunció la comisión de graves
irregularidades por parte de los citados altos funcionarios masistas en este
conflicto:
a) En
marzo de 2008, Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio
de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta,
ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva
de 9,1 millones de bolivianos, que bien pudieron ser descontados del pago,
después de firmar el contrato transaccional,
b)
Meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio
Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se
descubrió que personeros de Q-NMM falsificaron documentos para así cumplir las
formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A
pesar de esa confesión, la entonces ministra de Defensa Legal del Estado,
Elizabeth Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia.
c)
En agosto de 2016, siendo Procurador General, Héctor Arce, sospechosamente se
sostuvo una reunión entre representantes de Q-NMM y la subprocuradora General
del Estado, Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó
cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se redactó un
proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta
sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene
Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son
los mencionados miembros del gobierno de Evo Morales.
Conocidos
los antecedentes de este delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita
esclarecer tres hechos:
1.
Que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del
Estado;
2.
¿Cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros
de Q-NMM?
3. ¿A
cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡El Fiscal General
está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth
Arismendi, César Navarro y Pablo Menacho![2]
La pregunta de ¿Quién es responsable del caso Quiborax?
apunta al aspecto jurídico del problema, incluso, ampliando, se irradia al
aspecto político del problema; sin embargo, el problema no se circunscribe a
estos dos aspectos, pues la cuestión prioritaria a la que hay que responder es
¿qué clase de relaciones económicas y políticas sostienen la concesión mentada?
Como dijimos antes, se otorgan estas concesiones en el marco de la concepción extractivista de que los recursos naturales son objetos, objetos que se reducen a la condición de materias primas, incorporándose a las cadenas productivas. Por otra
parte, desconociendo la experiencia de la planta de investigación y
experimental de la UMSA, que vino trabajando en el Salar de Uyuni durante
décadas. Solo tomando el caso de QUIBORAX, remitiéndonos a los ensayos
anteriores para otros incidentes, que consideran un conjunto de casos parecidos
o del rubro, en el contexto de la reiterativa política económica extractivista
y dependiente, sobresale la dadivosidad del gobierno, de entonces, al hacer la
concesión a la empresa cuestionada, que viene acompañada por otras concesiones
a la empresa QUIBORAX. Esta concesión se efectúa en pleno periodo neoliberal,
cuyas políticas económicas precisamente se caracterizaban por privatizar e
incentivar el capital internacional. La corrección que se busca posteriormente
a estas dádivas políticas y económicas, declara la ampliación de las reservas
fiscales en el Salar de Uyuni, restringiendo el control del espacio concedido a la empresa, después, interviniendo
y suspendiendo la concesión, sobre todo por incumplimiento. Desde el punto de vista económico y de los
intereses del Estado, el tema principal no es si hubo errores procedimentales,
sino si se actúo correctamente en defensa de los recursos naturales, en ese entonces, del Estado. Aquí tampoco hay
donde perderse, la responsabilidad
del gobierno nacional era recuperar los recursos
naturales del Salar de Uyuni, concedidos dadivosamente a las empresas
involucradas. Al respecto, sorprende, entonces, la actitud del “gobierno
progresista” y “antiimperialista”, cuando se resguarda señalando un “error
procedimental”, olvidando la cuestión principal, la soberanía sobre los recursos
naturales. ¿Cómo interpretar la incongruente y
contradictoria postura gubernamental?
Comencemos por lo que se hace evidente; el “gobierno
progresista” no defendió adecuadamente los intereses del Estado boliviano ni
los recursos naturales, que son
propiedad del pueblo boliviano, tal como establece la Constitución. El
veredicto internacional, por más que se sostenga en la jurisprudencia y en
argumentos aparentemente legales, es insostenible, pues la diferencia entre la
supuesta inversión y el pago a la empresa es de 39 millones de U$, lo que
significa que la empresa obtiene 13 veces el monto supuestamente invertido. ¡Una
super-ganancia fabulosa! ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿En que condiciones
se obtiene este fabulosa super-ganancia? Estamos en un orden mundial que lo que menos garantiza es la justicia; que funciona, mas bien, como el macro operador de legalización de ilegalidades, el gran
garante de la expoliación de naciones
y pueblos, el gran legitimador del extractivismo depredador y destructor de
los ecosistemas.
Sorprende no solo la actitud del gobierno clientelar, embarcado en su
propia decadencia, sino la actitud de
los medios de comunicación y “analistas” que obvian, de entrada, los temas de
fondo, y se pierden en una discusión leguleya. Teniendo en cuenta esta
consideración, ya no es sorprendente la actitud de una “oposición”, que hace de
complemento de la vocación de poder
del gobierno clientelar; la “oposición” también se pierde en el debate
leguleyo. Todos son cómplices de la expoliación económica del orden mundial
y de la economía-mundo capitalista,
concretamente, en este caso, de la extorsión
económica de una empresa sin escrúpulos y de un gobierno secuaz. También
sorprende la actitud pusilánime del pueblo, que no atina a responder ante
semejante vulneración de su soberanía
y atentado extorsionador en contra de sus posesiones
y propiedades, las del pueblo boliviano. La pusilanimidad también es una
actitud cómplice. Entiéndase, esta cuestión, la del destino de los recursos
naturales del Salar de Uyuni, así como la cuestión del pleito jurídico
contra el Estado boliviano, abierto por la empresa, no es un tema que compete
al debate entre “oficialismo” y “oposición”, aunque sean los actores del
espectáculo mediático y político; son cuestiones que atañen al pueblo boliviano,
son cuestiones que exigen su responsabilidad.
Volviendo al tema que ocupa a medios de comunicación
y a la clase política, en el diario El Deber, se hace una puntualización del
asunto:
El
enredo jurídico-político tiene como efecto una oleada de versiones que
confunden y pueden obstruir la identificación clara de los responsables del
pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una
empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.
Son
tres los asuntos que generan abundantes sospechas y dudas. El primero interpela
a quienes avalaron el contrato con QUIBORAX, que luego fue anulado por el
Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa
la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar
al vocero de la demanda marítima boliviana por el millonario daño económico que
causó la expulsión de la compañía chilena durante su mandato presidencial. La
tercera, igual de central, es la cuestionada actuación de la defensa boliviana
durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el CIADI, que finalmente
perdió Bolivia[3].
Para entender
este menjunje debemos retroceder, como se dice, a los inicios de la historia; comenzaremos con breves descripciones de los factores y actores
intervinientes en este entramado truculento económico, político y jurídico.
QUIBORAX es una empresa minera chilena, fundada en 1986, cuyas actividades
y operaciones se dan en el Salar de Surire, en la I Región. QUIBORAX produce
una gama de productos de boro, incluyendo ácido bórico; gránulos de boro - conocidos
como granulex -; y fertilizantes e insecticidas, los cuales combinan boro o ácido
bórico con sulfato de calcio, boratos de sodio y otras sales. En junio del 2004
el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) de Bolivia tomó la decisión de
revertir las concesiones de QUIBORAX para explotar ulexita en el Salar de
Uyuni, - ubicado en el departamento boliviano de Potosí - argumentando el
incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las
áreas. QUIBORAX es el controlador chileno de la empresa boliviana Non Metallic
Minerals, a través de la cual explotaba ulexita y otros recursos evaporíticos
en el Salar de Uyuni[4].
Entonces, QUIBORAX
es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su
producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos
agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a
todo el mundo. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez
Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del
mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una
sociedad con Non-Metallin Minerales SA. Sin embargo, en 2004, tras la emisión
del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se
determinó revertir las concesiones mineras que tenía QUIBORAX en esa región
potosina.
En el periódico Los Tiempos se publica un
articulo que hace un recuento, titulado Claves para entender el caso QUIBORAX; un juicio en
el que Bolivia pierde $us 42,6 millones, donde se describe
la situación:
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el
Gobierno, la empresa chilena demandó ante
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de QUIBORAX, estableciendo
en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de
inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, CIADI desahució el laudo nacional y
a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el
pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el CIADI informó su
decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad
la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.
El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el
fallo que dictó CIADI y pagó 42,6 millones de dólares a la
empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves.
La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares, pero el
acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6
millones de dólares señalados[5].
El
expresidente Carlos Mesa Gispert va más lejos, acusa al gobierno de haberse
comprometido con la empresa cuestionada. ERBOL publica un artículo titulado Mesa:
Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile, donde se dice que:
El expresidente
Carlos Mesa reveló este martes que la Procuraduría General del Estado, a la
cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso QUIBORAX,
con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda
marítima que se desarrolla en La Haya[6].
Hasta aquí el perfil mediático del pleito, que, de todas maneras, nos
muestra las consecuencias jurídicas y económicas del arbitraje internacional,
además de mostrarnos el manejo político del tema, tanto por el “oficialismo” y
la “oposición”, así como por los medios de comunicación. Todo esto es
ilustrativo de la hegemonía jurídica-política-económica de las empresas
trasnacionales en la economía-mundo capitalista y en el orden mundial. Ahora,
en lo que sigue, intentaremos adentrarnos a otros perfiles del asunto; el que
tomaremos en cuenta en este texto es el relativo a la extorsión económica. Comenzaremos con una descripción somera del
drama de la soberanía de los recursos naturales, drama donde la soberanía tiene que abrirse camino en
una maraña de obstáculos, alambres de púas, casamatas, artilugios, que usan las
empresas trasnacionales para defenderse, evitando la realización de la
soberanía, que queda como atrapada en la telaraña jurídica-política-económica
de la economía mundo; llevándose como botín los recursos naturales expoliados a
los países, pueblos y Estado-nación subalternos de la periferia del
sistema-mundo capitalista.
Perfil
económico-político del pleito
Otro plano de intensidad, en el que impactó el conflicto jurídico mentado, es el que podemos definir como el de la crítica,
que es sensible ante los síntomas de
los eventos y sucesos sociales, políticos, económicos y culturales. La perspectiva crítica busca, mas bien, interpretar los síntomas, efectuar una sintomatología,
buscando auscultar lo que pasa en los substratos de las dinámicas sociales. Como aproximación a estos substratos se puede configurar un perfil económico-político. En este escrito haremos anotaciones que
ayuden a dibujar este perfil, que aparece como actitud analítica del
problema en cuestión.
En Lucha por el territorio de
Nor-Lipez de Manuel Gysler se dice que después del conflicto con la LITHCO,
las comunidades instalaron una planta de sal yodada, así como que tenían
proyectada la instalación de una planta piloto de litio en el salar. Se tardó
hasta la promulgación del Decreto supremo 29496, del 1 de abril de 2008, cuando
se estableció la creación de una entidad que se encargaría de la instalación de
una planta piloto de carbonato de litio. En mayo de 2008 el presidente colocó
la piedra fundamental de la planta, contando con una inversión de 5,7 millones
de U$, cuya conclusión debería efectuarse en el transcurso de 18 meses. Fuera
de este proyecto connotado, existían 68 concesiones en el Salar de Uyuni; del
total de estas empresas 46 se tramitaron en la gestión de gobierno de Hugo
Banzer Suarez (1997-2001). Después de una evaluación 41 concesiones fueron
consideradas como inactivas, 4 habrían finalizado sus trabajos de exploración y
solo una concesión habría quedado activa. Se dice en el libro que “bajo estas
consideraciones el gobierno de Evo Morales Ayma anuló las concesiones de la
empresa boliviana Non Metallic Minerals SA.”, aunque fue el gobierno de Carlos
Mesa el que lo hizo. Se puede entender, para lo que compete en la descripción,
que el gobierno de Evo morales consolida dicha anulación. Las concesiones a
esta empresa fueron otorgadas en 1998 por la Superintendencia de Minas de
Tupiza de una forma ilegal. Fue la misma autoridad la que en el 2004 anuló los
trámites por errores procedimentales, mediante Resolución Administrativa.
Posteriormente, el 2006, la empresa QUIBORAX presentó una demanda contra el
Estado boliviano ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a las Inversiones (CIADI), argumentando que siendo accionista de la empresa Non
Metallic sus inversiones en el Salar de Uyuni quedaban afectadas debido a la
anulación de las concesiones. Ante este reclamo el gobierno se comprometió
entregar a la empresa demandante 350.000 toneladas de ulexita con el objeto de
cubrir el supuesto daño que se causó. De acuerdo al presidente de CIRESU,
Daniel Howard, no existía sociedad alguna entre Non Metallic y QUIBORAX, en
consecuencia, la empresa demandante no tenia nada que reclamar ni tenia derecho
a ninguna indemnización. Por otra parte, los dirigentes del Comité Cívico
Potosino (COMCIPO) afirmaron que las inversiones de QUIBORAX no eran de 3
millones de dólares, como había declarado la empresa, sino mucho menos, incluso
la cifra pírrica de 500 U$. Comprando las cargas de la empresa boliviana Non
Metallic, QUIBORAX no habría sido dueña de la concesión otorgada. El ex
presidente del Comité propuso que se debería procesar a la empresa por el
saqueo de los recursos naturales[7].
Como se puede ver esta historia
económica parece corresponder a uno de los estilos típicos de las relaciones entre empresas trasnacionales
y los Estado-nación subalternos, en lo que respecta al tratamiento, por ambos,
de los recursos naturales. Empresas trasnacionales
y Estado-nación subalternos consideran a los recursos naturales como objetos
de extracción, objetos que son catalogados en las cadenas productivas como materias primas. Los monopolios, que
conforman estas empresas trasnacionales, controlan
las reservas de materias primas; controlan
las concentraciones industriales, que pueden también disgregarse, para poder
ser congregadas en el armado industrial; controlan
los recorridos del transporte y los mercados; de alguna manera, aunque con contingencias,
controlan, por lo menos durante
ciertos periodos, la determinación de los precios. Dando lugar a relaciones de términos de intercambio en detrimento de los Estado-nación
subalternos. En lo que respecta a la explotación y a las inversiones, se
dividen o conforman subsidiarias; en su caso, llegan a acuerdos con otras
empresas nacionales, con el objeto de controlar
mejor las cadenas productivas; en la
base de estos procesos, lograr mejores concesiones en los países donde operan
sus capitales y sus máquinas económicas.
En otras palabras, logran camuflar los controles
monopólicos, presentándose de manera separada a las licitaciones, concesiones y
contratos.
Cuando hablamos del bórax, de la ulexita, del manganeso y del litio,
estamos hablando de minerales que se consideran metálicos y no metálicos,
dependiendo. Son usados en los procesos industriales de reciente generación;
por ejemplo, en la producción de semiconductores; así como también en la
agroindustria. La exportación de
ulexita se realiza principalmente para agroindustrias que aprovechan el bórax
refinado, del que se obtiene potasio y magnesio como fertilizantes. El manganeso tiene variados usos, para el aumento del octanaje, en las
baterías desechables estándar, para producir acero y hierro, en aleación con el
aluminio, para oxidar el alcohol bencílico, para verdear el vidrio, en la
fabricación de pinturas, en la cerámica. El litio también tiene usos múltiples,
dependiendo de las composiciones donde participa; son excelentes secantes y se
emplean en bombas de calor, para el tratamiento de la manía; como lubricante,
en naves espaciales y submarinos; en la construcción aeronáutica; también en la
fabricación de lentes y telescopios; así como tiene aplicaciones nucleares. Entonces,
no estamos hablando, por así decirlo, del clásico extractivismo, sino de un extractivismo
más sofisticado, que requiere para su extracción de tecnologías avanzadas;
también su incorporación a las cadenas
productivas se efectúa en industrias de alta tecnología. El mercado de
estos minerales metálicos y no metálicos es también especializado. Sus reservas
se hallan concentradas en el llamado “triángulo del litio”, que se encuentra entre
Argentina, Bolivia y Chile, donde las mayores reservas se ubican en Bolivia.
Se puede decir que la historia de las concesiones, así como la
defensa de los recursos naturales, en
Bolivia, incumbe a una guerra por el control de las reservas. Lo primero que habrían hecho las empresas trasnacionales
es lograr el control de las reservas; por eso sus convenios y
compromisos resultan tan ambivalentes. En lo que respecta a la soberanía, al parecer, las empresas
trasnacionales han boicoteado esta posibilidad, pues, al controlar el mercado, buscan disminuir sus costos en la cadena
productiva y obtener super-ganancias; por eso intervienen suspendiendo la soberanía, desconociéndola en la práctica,
aunque lo hagan de dientes para afuera, en el discurso. En tercer lugar, en el contexto y la fase de la dominancia del
capitalismo financiero y especulativo, las empresas trasnacionales especulan
con las concesiones que obtienen, buscando obtener super-ganancias a través de
procedimientos especulativos; incluso llegar a extorsionar a los Estado-nación subalternos involucrados.
En este contexto histórico-económico-político no es inverosímil lo que ha
pasado en el asunto de QUIBORAX; se puede interpretar el entramado sinuoso de
su decurso y sus desenlaces como
parte del funcionamiento de las máquinas económicas del sistema-mundo capitalista en la fase del
capitalismo financiero y especulativo.
Se trata, en este caso, de máquinas
económicas más sofisticadas, que logran manipular mediante el monopolio del
control de las tecnologías requeridas
para explotación y combinar este monopolio con estrategias especulativas y de extorsión.
Cuando preguntábamos sobre las condiciones de posibilidad en las que se
da la super-ganancia de la empresa en cuestión, a través de un veredicto
jurídico internacional, nos abrimos a la gama de factores articulados que
acabamos de mencionar; sin pretender abarcarlos todos, vale la pena mencionar
uno más, el relativo a la corrosión
institucional y a la corrupción.
Lo que ha ocurrido, la derrota gubernamental en el conflicto jurídico desatado
por la empresa contra el Estado boliviano, la obtención de una super-ganancia,
insostenible económicamente, ganada de manera leguleya por la empresa, solo
puede haberse dado en concomitancia con el gobierno
clientelar. Se han tenido que hacer partícipes de esta extorsión a altos
personeros del gobierno clientelar.
Estamos ante un perfil de la extorsión económica. La extorsión económica es el mecanismo
mediante el cual se obtienen super-ganancias, que ya no tienen que ver con el
desenvolvimiento corriente de la economía y el mercado, sino con despliegues
del lado opaco y el lado oscuro de la economía, así como
tienen que ver con el lado oscuro del poder. La ganancia obtenida no es resultado del cálculo costo y beneficio,
sino de la extorsión, que funciona en
la sinuosa maquinaria de la economía
política del chantaje. Por más que se encubra jurídicamente esta extorsión, no resulta del funcionamiento económico propiamente dicho, sino del funcionamiento de las formas
paralelas del ejercicio del poder. Se
trata de ganancia extraordinaria,
lograda por el empleo de la coerción y el chantaje, por el uso de la violencia
solapada, encubierta con lenguaje jurídico.
La extorsión económica es un indicativo de a dónde ha llegado la
dominación ejercida por las máquinas del
poder; también es indicativo de a dónde ha llegado la subalternización, que adquiere la característica de sumisión descarnada; así mismo es
indicativo de los elevados niveles de corrosión
institucional y de corrupción.
[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Periplos del desarrollismo; también Colonialismo extractivista y
dependencia con el litio.
https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.
[2] Leer ¿Quién es responsable del caso Quiborax? http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/6/21/quien-es-responsable-del-caso-quiborax-184289.html.
[3] Leer La
politización del caso Quiborax. https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-politizacion-del-caso-Quiborax-20180621-9463.html.
El artículo sigue el relato: Aunque la expulsión de QUIBORAX es aprobada prácticamente
por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria
indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El
exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de
concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo
Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma
más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa.
Si
la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario
daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que
alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso
QUIBORAX. En la última semana se ha sabido
de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a
frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la
oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo
que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la
revelación de que se filtró documentación confidencial boliviana a los chilenos
durante una negociación.
En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.
[5] Leer Claves para entender el caso Quiborax;
un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones. http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180613/claves-entender-caso-quiborax-juicio-que-bolivia-pierde-us-426-millones.
El artículo continúa con
el recuento de las posiciones encontradas:
Gobierno
del MAS acusa a Mesa
El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del
Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del
expresidente Mesa y tres de sus exministros,
tras la pérdida del juicio internacional con QUIBORAX.
La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes
y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.
La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los
delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de
deberes y conducta antieconómica.
Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la
demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota
boliviana en el juicio ante QUIBORAX son el actual procurador, Pablo Menacho, y
sus antecesores, por “la desastrosa
negociación” realizada
con el consorcio minero entre 2006 y 2018.
Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción
al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia
Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante CIADI en 2015, defendió
la legalidad de esa norma.
Se
señala el nombre de Rodríguez Veltzé
El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él
también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no
debatirá “insinuaciones de orden político”
respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.
“Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589)
emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo
Nacional de Política Económica (CONAPE); no debatiré insinuaciones de orden
político”, recalcó.
En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que
investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana
Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.
Mesa
acusa a QUIBORAX de falsificar acta para demandar a Bolivia
El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para
demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por
la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.
Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue
producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que
presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.
“El Arbitraje en el caso QUIBORAX en contra del Estado de
Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de
falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que
concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada
del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y
representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su
página web.
Ante esta situación, Mesa pidió el rechazo a la acusación
presentada por la Procuraduría General del Estado en su
contra dentro de este caso.
Gastos
y honorarios del Comité; un pago extra
CIADI determinó además que el Estado boliviano tendrá que
correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización
del CIADI en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.
La entidad internacional determinó que QUIBORAX pague los
costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y
lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).
[6] Leer Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de
Chile. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12062018/mesa_procurador_pacto_caso_quiborax_con_asesor_de_chile.
El articulo continua el relato de la
siguiente manera:
Jana apareció la semana pasada en
una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de
Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para
pagar a QUIBORAX más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización
surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en
el Salar de Uyuni.
“El señor Andrés Jana es parte
del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene
en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del
Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el
valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de QUIBORAX,
que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile”,
dijo Mesa en Sucre.
Reportes de medios chilenos
confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo
reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento
jurídico, según La Tercera.
La Procuraduría culpa a Mesa por
la indemnización a QUIBORAX y le inició un proceso, bajo el argumento de que un
decreto suyo con errores legales fue el causante de que la empresa chilena
acuda a la CIADI y logre un pago millonario.
Mesa se presentó este martes ante
la Fiscalía General del Estado en Sucre para solicitar de nuevo el rechazo de
esa denuncia de la Procuraduría. Esta vez, el expresidente planteó el argumento
de que la empresa chilena usó un documento falsificado para llevar adelante el
arbitraje ante CIADI.
Explicó que la empresa chilena
usó un acta falsificada de poderes para forzar el arbitraje contra el Estado
boliviano. Dijo que el fraude en ese documento se confirmó porque en 2009 el
accionista de QUIBORAX David Moscoso fue condenado a dos años de cárcel por ese
delito.
Dijo entonces que el motivo del
arbitraje no es el decreto que él emitió, sino ese documento falsificado.
Crítico que la CIADI haya aceptado una falsificación en este proceso que
calificó de ilegal.
“Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el
arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera
categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal
Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia
procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, dice el memorial presentado
por Mesa.
[7] Leer de Manuel Gysler La lucha por el territorio de Nor- Lipez.
Editorial Plural y AGRUCO. La Paz 2011; págs. 77-79.
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