Conflictos gremiales y gubernamentales
Conflictos gremiales y gubernamentales
Conflictos gremiales y gubernamentales
Raúl Prada Alcoreza
Asistimos
a conflictos raros, no tanto por los actores, que son conocidos, sino por la
peculiaridad en la que se dan. Por una parte, el gremio de galenos, como lo nombran
en las noticias los medios de comunicación, se defienden contra un decreto que
sanciona la “mala práctica”, con penas que llegan incluso a quitar el título
profesional por “negligencia”, y contra una ley penal que se esfuerza por
incrementar las penas, la magnitud y el peso de las penas, siendo puntillosa en
el detalle de lo que se castiga. No solo se trata del gremio galeno, sino también de otros gremios profesionales;
también le toca al gremio de comunicadores; la ley castiga a la “mala práctica”
comunicacional.
El
esmero de esta ley penal parece darse en lo que respecta al compulsivo celo gubernamental
por castigar las más puntuales “malas prácticas”. ¿Qué es lo que está en juego?
¿Las “malas prácticas”, proliferantes en la sociedad
civil? Si al gobierno y a los legisladores les preocuparan las “malas
prácticas”, parece sensato comenzar con las malas
prácticas políticas. Es donde abundan los ejemplos de malas prácticas. Sin embargo, esta preocupación brilla por su
ausencia. ¿Acaso cree el gobierno y consideran los legisladores que las “malas prácticas”
no se dan en el campo político, sobre
todo, cuando se trata de las políticas de gobierno y de las prácticas
burocráticas de los funcionarios públicos, así como en los llamados
“representantes del pueblo” y en los magistrados? Este desequilibrio notorio en
las consideraciones legislativas sobre las “malas prácticas”, hace evidente la
intencionalidad gubernamental. No le preocupa las malas prácticas sino el no controlar a la sociedad civil.
No
es suficiente ponerse a discutir sobre la impertinencia e inconstitucionalidad
de un decreto peregrino y de la anacrónica ley penal. Algo que salta a la
vista, salvo si se trata de ojos ciegos del oficialismo y de la masa elocuente
de llunk’us. De lo que se trata es de
comprender lo incomprensible de una ley absurda y que desborda grotescamente su
anacronismo; una especie de inquisición,
forzada y acompañada con lenguaje jurídico. Lo comprensible de lo incomprensible
expresado, compete, en plena modernidad
tardía, a apaliar los problemas de
legitimad de la forma de
gubernamentalidad clientelar. Comprender
el absurdo y el anacronismo en el campo
político, sobre todo, en su substrato, en el campo de concurrencia de
fuerzas.
La
forma de gubernamentalidad clientelar,
una vez agotada su etapa fugaz de convocatoria,
después, el período de redes clientelares, de reciprocidades cómplices y
concomitancias perversas, expandidas desbordantemente, ahora persigue lograr
cohesiones políticas, buscando el control
político mediante el incremento de dosis de violencia; intenta legalizar
esta violencia dosificada, el ejercicio de la violencia, mediante decretos y
leyes promulgadas subrepticiamente. En pocas palabras, la forma de gubernamentalidad clientelar en crisis requiere
sostenerse, perdurar, mantenerse en el poder, mediante la extensión abrupta de
la amenaza institucionalizada.
El
objeto del poder, el objeto y objetivo de la amenaza institucionalizada no solo es el gremio de médicos, sino
todos los gremios no incorporados a las redes clientelares, a los circuitos de
la economía política del chantaje[1].
El objeto de la amenaza absoluta y la materia
obsesiva del poder es la sociedad
civil. La pluralidad de la sociedad
civil siempre se le ha revelado al Estado como una amenaza social en forma de caos.
Por eso, el Estado, en las versiones de la filosofía política, se presenta como
síntesis política de la sociedad civil; el Estado se presenta
como sociedad política representando
a la plural sociedad civil. Esta
contradicción entre Estado y sociedad, que la dialéctica ha querido
resolver como superación política,
en beneficio del Estado, aparece en las historias
políticas de la modernidad de distintas maneras y formas. Cuando se trata
de la forma de gubernamentalidad clientelar,
la sociedad civil se presenta, a los ojos paranoicos del poder, como caos de las
profesiones liberales, que deben ser controladas e incorporadas al diagrama de poder clientelar.
Hemos
dicho, en otros escritos[2],
que el llamado socialismo real, en
vez de ir más allá del Estado liberal,
retrocede al Estado policial. Esta
paradoja evidencia el fracaso de este socialismo al no lograr articular libertad y justicia. En el caso de las formas
de gubernamentalidad liberales, formas adulteradas, como en el caso de la forma de gubernamentalidad clientelar,
se retrocede no solamente a la condición del Estado policial ineficaz, sino a un Estado corporativo roído, saturado por la corrosión institucional y la corrupción.
Los
medios de comunicación, la llamada “oposición”, el gremio en cuestión, se
pierden en señalar, en el mejor de los casos, la vulneración de derechos, en el
peor de los casos, en desgarrarse las vestiduras por la llegada de médicos
cubanos. Nade discute o, por lo menos, pone en contexto, el problema fundamental, las expuestas y vulnerables condiciones de vida o, dicho en términos
conocidos, el mentado proceso
salud-enfermedad. Es lo de menos para todos los involucrados en el
conflicto, enfrascados en el conflicto gremial
y gubernamental. No se dan cuenta que a la luz de las paupérrimas condiciones de vida de la mayoría de la
población, de las condiciones lamentables de la salud, al no resolverse el
desafío del perfil epidemiológico, derivados de los procesos singulares de
salud-enfermedad, los conflictos en cuestión adquieren un sentido propio. Todos
se aplazan ante el cumplimiento de sus tareas respecto a la responsabilidad para con la vida.
[1] Ver Hermenéutica del conflicto. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/hermen__utica_del_conflicto_2.
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