Hidroeléctrica Rositas: comunidades indígenas de Bolivia inician batalla legal para exigir la consulta previa
- Comunidades indígenas de Yumao y Tatarenda Nuevo interponen demanda contra la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por vulnerar su derecho constitucional a la consulta previa.
- Denuncian, además, que funcionarios de la Empresa Asociación Accidental Rositas (AAR), a cargo de la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica, han estado ingresando a sus territorios desde octubre de 2017 sin realizar la consulta respectiva.
‘’Estamos firmes en nuestra lucha y vamos a continuar defendiendo nuestro territorio’’, le dijo a Mongabay Latam antes de partir a Cochabamba, Ely Zarate, Mburuvicha o líder de Yumao, una de las 12 comunidades que aseguran serán afectadas con la construcción de la hidroeléctrica Rositas en el departamento de Santa Cruz.
Los líderes indígenas han dejado en claro que no piensan quedarse con los brazos cruzados mientras ven como parte de su territorio queda bajo el agua. Por eso el jueves 29 de marzo, Zarate junto a otros representantes de las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo, del municipio de Gutiérrez, viajaron a Cochabamba para interponer una demanda de acción popular en contra de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Los comuneros consideran que en el caso del proyecto hidroeléctrico Rositas, esta institución ha vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada que establece la Constitución Política del Estado de Bolivia para las naciones y pueblos indígenas.
Ely Zarate y su esposo Beto Álvarez se resisten a abandonar su territorio. Al igual que otras 220 familias de 12 comunidades afectadas, no quieren dejar lo que han construido a lo largo de los años, no quieren ver inundados sus campos de cultivo y tampoco las zonas donde crían hoy a sus animales.
‘’Que va a pasar con nuestro país, solo pensamos en dinero, pero no pensamos en el futuro de nuestros hijos y nietos que vendrán después. ¿Qué van a conocer ellos? Ya no van a conocer árboles…solo desierto destruido’’, le dijo hace un tiempo Ely Zarate a Mongabay Latam cuando visitamos por primera vez su territorio, 11 meses después, la líder guaraní confirma que la situación no ha cambiado y las mismas lágrimas vuelven a correr por sus mejillas.
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¿Consulta previa vulnerada?
La representante indígena Ena Taborga, representa los intereses de la comunidad de Tatarenda Nuevo en la demanda. Ella responsabiliza a ENDE y a la empresa Asociación Accidental Rositas (AAR) por no hacer la consulta respectiva.
‘’No hemos sido tomados en cuenta, siendo que la represa Rositas contempla el desplazamiento de las familias que habitamos en estas dos comunidades. No nos han consultado ni en el inicio, ni antes ni durante’’, expresó Taborga.
Durante meses, las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo peregrinaron en busca del apoyo de los líderes de la Capitanía Kaaguazu, ente que los representa y que aglutina a las comunidades guaraníes que forman parte del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) del municipio de Gutiérrez. Sin embargo, ante la falta de apoyo de las autoridades de la Capitanía, las dos comunidades optaron por presentar la demanda aisladamente.
‘’Creemos que esta dilatación se dio debido a que la Capitanía Kaaguazu se ha reunido más de cinco veces con ENDE, pero no nos han informado sobre esas reuniones’’, manifestó Taborga.
Para Pablo Solón, director ejecutivo de la Fundación Solón, institución que entre otros temas promueve la defensa y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, la vulneración de la consulta previa es evidente, tomando en cuenta que ENDE ya firmó el contrato para la construcción, montaje y puesta en operación de la hidroeléctrica Rositas con la Asociación Accidental Rositas (AAR), organización encabezada por la polémica empresa China Las Tres Gargantas.
‘’Que ENDE violó este proceso no hay ninguna duda. El hecho de firmar un contrato para la construcción, es tomar una determinación sin antes haber llevado adelante unproceso para obtener el consentimiento previo, libre e informado’’, argumentó Solón.
El numeral 15 del artículo 30 de la Constitución boliviana afirma que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan del derecho a ‘’ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan’’.
En la publicación Mega hidroeléctricas: la ‘’consulta’’ sin consentimiento, de la Fundación Solón, se indica que en los Términos de Referencia de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la hidroeléctrica Rositas, “se establece una ‘consulta pública’ que no guarda ninguna relación con la consulta libre, previa e informada establecida en el Artículo 30 y el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, ni con el Convenio Nº169 de la OIT o con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
Además, señala el documento que ‘’los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas no han sido preguntadas, ni han definido y acordado con las autoridades cómo será el calendario de la consulta, cuáles serán los procedimientos a aplicarse, la documentación a distribuirse, los idiomas a emplearse, la asesoría especializada que requieren, ni el presupuesto necesario para la realización de la misma”.
La demanda de Yumao y Tatarenda Nuevo no es la primera medida que toman las comunidades indígenas que se oponen a la hidroeléctrica Rositas. El 24 de febrero de 2018, agrupados con otras organizaciones indígenas que se resisten a la puesta en marcha de otros proyectos hidroeléctricos como los de El Bala y Chepete, denunciaron ante la 17° Sesión Preparatoria del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizada en la ciudad de Sucre, que el Gobierno boliviano no está cumpliendo con su obligación constitucional de aplicar adecuadamente la consulta previa.
El lunes 02 de abril, la demanda de acción popular fue admitida por un Tribunal de Garantías, el que resolvió que la empresa ENDE suspenda cualquier actividad referida a la construcción de la Represa Rositas, hasta que se realice la audiencia que defina el tema.
Un día después, el presidente de ENDE, Joaquín Rodríguez, declaró en una conferencia de prensa que los estudios que se están realizando están relacionados a los impactos sociales y ambientales, y que se está avanzando en las tareas de información a las comunidades.
‘’No hemos iniciado ninguna tarea de construcción. Estamos en una etapa netamente informativa, que tiene el propósito de poder informarle a la gente en qué consiste el proyecto. Los aspectos positivos, negativos y cómo se va a tratar el tema de las afectaciones. Y estamos tratando de llegar a todos las personas que residen en esta zona y que creemos importante conozcan los alcances que tiene el proyecto. Y al mismo tiempo se viene realizando el Estudio de Impacto Ambiental’’, expresó Rodríguez.
El presidente de ENDE mencionó también que las actividades de socialización, que finalizarán entre agosto y septiembre, terminarán con una consulta pública, para conocer si las comunidades y todos los habitantes de la zona están de acuerdo con el desarrollo de la hidroeléctrica Rositas.
El Ministro de Energías, Rafael Alarcón, apeló en sus declaraciones al sentimiento de los habitantes del departamento de Santa Cruz para que defiendan el proyecto Rositas.
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La demanda de acción popular
Nelson Lamadrid es abogado constitucionalista experto en derechos indígenas y con experiencia de trabajo en Perú y Colombia. Lamadrid asesora a las comunidades en la demanda contra ENDE.
El jurista conversó con Mongabay Latam y explicó que el mecanismo de acción popular busca paralizar el proyecto y precautelar los derechos de las comunidades indígenas que han sido vulnerados. ‘’En este caso nosotros hemos demandado a ENDE porque creemos que ellos al momento de realizar las contrataciones y realizar incluso las inspecciones en el lugar, mediante funcionarios chinos de la empresa Asociación Accidental Rositas (AAR), sin consentimiento y sin permiso de los propios comunarios, han vulnerado el derecho a la consulta’’, expresó Lamadrid.
Asimismo, Lamadrid indicó que la acción popular utiliza como respaldo legal los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, además del artículo 30 de la Constitución boliviana, que determina que entre otros derechos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. El abogado precisó que desde que ENDE suscribe el contrato para la construcción de una hidroeléctrica en el lugar, ya estaba vulnerando este derecho, porque están actuando en un territorio que no les corresponde, y la construcción de una hidroeléctrica es una decisión administrativa que afecta a las comunidades.
La demanda presentada por Lamadrid fue interpuesta ante el Juzgado Público de Familia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de la ciudad de Cochabamba, que es donde se encuentra la oficina central de ENDE en el país, y es el lugar desde donde han sido vulnerados los derechos de las comunidades, según explicó el abogado.
Sin embargo, el pasado miércoles 04 de abril, el juez quinto en materia familiar de Cochabamba, Óscar Ortiz, se declaró incompetente para analizar la acción popular interpuesta por las comunidades, por lo que remitió la causa ante un juzgado del municipio de Camiri, Provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz.
Mongabay Latam se comunicó con Benito Changaray, líder indígena guaraní de la comunidad de Tatarenda Nuevo, quien manifestó que el juez de Camiri, Ernesto Velarde, a quien se le había remitido la causa, también se declaró incompetente y la demanda fue derivada al juzgado del municipio de Lagunillas, notificación que ambas comunidades recibieron el viernes 13 de abril. ‘’Todas esas son manipulaciones del gobierno que nos quiere acobardar, pero nosotros no vamos a dar el brazo a torcer’’, indicó Changaray.
La biodiversidad que será impactada
La represa Rositas es parte del proyecto Múltiple Río Grande – Rositas, que prevé la construcción de ocho mega represas sobre la cuenca del Río Grande. Rositas, una de ellas, inundará un área de 45 000 hectáreas del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, un área protegida de 734 000 hectáreas que abarca la jurisdicción de siete municipios en las Provincias Vallegrande, Florida y Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Según la Comisión Mundial de Represas, los sistemas hidrológicos de la mitad de los ríos del planeta han sido devastados por estas mega obras, que han ido destruyendo ecosistemas ricos en biodiversidad.
El Plan de Manejo del área protegida Río Grande Valles Cruceños precisa que este espacio natural cuenta con especies endémicas de flora y fauna. En el caso de las especies vegetales, se registra la presencia de la palmera sunkha (Parajubaea Sunkha), una de las cuatro palmeras exclusivas que tiene Bolivia. Y sobre la fauna endémica, se sabe que este ecosistema es el hogar de la cotorrita boliviana (Myioptsitta luchsi), el tordo boliviano (Oreopsar bolivianus) y la paraba frente roja (Ara rubrogenys), que forman parte de las 362 especies de aves registradas para la zona.
Los valores de biodiversidad, paisaje y cultura fueron algunas de las características que motivaron la creación de esta área natural. Entre sus 400 y casi 3000 metros sobre el nivel del mar se establecen, además, una serie de pisos ecológicos que albergan tres bosques representativos como son: el tucumano boliviano, el seco interandino y el bosque chiquitano.
Otro de las razones que justificaron la declaración del área fue la necesidad de controlar las inundaciones de la cuenca baja del Río Grande, una de las cuencas más importantes que tiene Bolivia y sobre la que se establece el 71% del área protegida, que es hogar de 58 especies de peces.
Según ENDE, Rositas generará alrededor de 3000 gigawatts de energía eléctrica por año, con una potencia instalada de 600 megawatts. Esto representa aproximadamente la mitad de la energía eléctrica que actualmente se consume en todo Bolivia. Todo ello con el objetivo de aportar al cambio de la matriz energética del país. Y para alcanzar este propósito, se deben inundar 45 000 hectáreas del ANMI Río Grande Valles Cruceños.
‘’El impacto que tiene una mega represa como Rositas que inundará 450 kilómetros cuadrados, es mucho más grande que el impacto que puede ocasionar una perforación para la explotación petrolera. Y sin embargo, en la exploración y explotación en hidrocarburos sí hacen una consulta previa, libre e informada. No hay otra obra que pueda tener tan gran impacto como las hidroeléctricas. Es impresionante’’, aseveró Pablo Solón.
Reacciones de las demás comunidades afectadas
A inicios de 2018, Benigno Barrientos, comunero de la comunidad de Moroco, otra de las comunidades que sostiene se verá afectada con la construcción de la represa Rositas, denunció a medios de prensa que un grupo de ciudadanos asiáticos en compañía de trabajadores de la empresa ENDE ingresó sin autorización a predios privados de la comunidad Moroco Lajitas, en donde se construirá la represa.
‘’Eran cuatro grupos, yo encontré a uno de ellos sobre la orilla del río y los otros tres se fueron de adentro de mi propiedad mientras yo le pillaba a uno. Ellos no fueron autorizados a ingresar en ningún momento. Ingresan a tomar coordenadas y a comprobar si la factibilidad de suelos es como establecen estudios anteriores, y verificar si los volúmenes de material para la construcción de la represa son los calculados’’, le indicó a Mongabay Latam Barrientos.
Pese a que ENDE ha afirmado que la socialización del proyecto tiene un avance del 90%, el presidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio, José Luis Sandoval, que representa a las 12 comunidades que se verán afectadas por Rositas, afirmó que la empresa socializa el proyecto con comunidades que no están directamente afectadas por la hidroeléctrica.
Asimismo, el Comité de Defensa de Tierra y Territorio envió una carta al presidente Evo Morales el 11 de octubre de 2017, en la cual manifiesta su oposición al proyecto hidroeléctrico Rositas.
‘’Dicen que nos van a trasladar a otro lado, pero ya no será lo mismo. Aquí tenemos nuestros sembradíos (maíz, poroto y yuca) que se van a llenar de agua. Es algo bien triste lo que va a pasar con Rositas. Mucha vegetación, plantas y animales silvestres se van a perder, son lugares vírgenes y con eso se va a acabar la vida silvestre’’, expresó Beto Álvarez, habitante de la comunidad de Yumao a Mongabay Latam.
‘’Lo que nosotros no queremos es que se pierda la cultura y los pueblos indígenas que tenemos en Bolivia. Y que no se les trate como objetos, que se los puede mover de acá y allá’’, concluyó Nelson Lamadrid.
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