La guerra gubernamental contra los Yungas
La
guerra gubernamental contra los Yungas
Raúl Prada Alcoreza
El gobierno clientelar y corrupto, cabeza
política de la República del Chapare, ha desatado la guerra contra los
cultivadores de la hoja de coca de los Yungas, tradicional y “amarilla”. Es
impensable esperar que el “gobierno progresista” erradique las zonas del
cultivo de la hoja de coca excedentaria, es más, zonas de la
“industrialización” ilícita de la coca, zonas que se encuentran en el Chapare y
en el Polígono Siete. El mismo gobierno, que emitió versiones contradictorias
del asesinato de Jonathan Quispe, el estudiante de la UPEA, que obstruyó las
investigaciones, boicoteando cualquier avance en el esclarecimiento de esta
muerte, es el mismo que se adelanta, sin investigación alguna, de emitir una
interpretación antojadiza de la muerte del oficial policial, el teniente de la Unidad Móvil de
Patrullaje Rural (UMOPAR) Daynor Sandoval Ortiz, en un
enfrentamiento con cultivadores y comunidades campesinas de la Asunta. Su
versión deja mucho que desear desde la perspectiva de un mínimo de objetividad;
estamos nuevamente ante las narrativas
estrambóticas del gobierno. Lo que hace el gobierno clientelar es adelantar
versiones, sin sustento, para justificar su ataque descomunal contra las zonas
del cultivo de la hoja de coca tradicional, defendiendo las zonas excedentarias
del cultivo y de la “industrialización” ilícita de la coca.
La guerra
esta declarada contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas. El
ministro del gobierno ha tenido el tupe de decir que no enfrentan a
organizaciones sociales sino a grupos armados, que responden al narcotráfico y
que están defendidos por “colombianos”. Parece que el ministro es ciego a todo
lo que ha acontecido y acontece en el Chapare y en el Polígono Siete. Otra vez
las extravagancias perversas de la política gubernamental; un secreto a voces que aparenta ignorar el
gobierno; todo el mundo lo sabe menos los altos personeros del gobierno. En
esta recurrencia contradictoria del gobierno a la represión contra
organizaciones sociales, que lo interpelan y denuncian, se convierte a las víctimas de la represión en los enemigos endemoniados, investidos, por
la versión de gobierno, con las graves estigmatizaciones a su alcance. No es la
primera vez que lo hace, tampoco es el único gobierno que lo hace. Es el estilo
del poder, sea de “izquierda” o de “derecha”.
¿Por qué la guerra contra los Yungas? No solo por lo que podemos considerar una
competencia entre las zonas del
cultivo de la hoja de coca; esta podría ser una hipótesis general teórica. Otra hipótesis, menos general, tiene que ver
con el entendimiento que, ante los
límites establecidos al cultivo de la hoja de coca, no pueden tolerarse o
privilegiarse a las zonas de cultivo en competencia.
Tiene que escogerse a las zonas que pueden privilegiarse por parte de la
tutoría estatal; en cambio, convertir a otras zonas como las prohibidas, por lo tanto, convertidas en
objeto y materia de poder, sobre todo objeto
y materia de la represión
estatal. Sin embargo, esta segunda
hipótesis, aunque no sea tan general como la anterior, sigue pecando de cierta versatilidad,
pues falta visualizar las dinámicas
moleculares y molares sociales y políticas. No parece posible llegar a comprender la problemática del cultivo
de la hoja de coca en Bolivia sin tomar en cuenta los alcances de la ilícita
“industrialización” de la coca, es decir, sin tomar en cuenta los alcances de
la economía política de la cocaína.
La hipótesis interpretativa que proponemos
considera esta incidencia, la de la economía política de la cocaína y la economía política del chantaje, que la
contiene. No se trata solamente de la defensa gubernamental de las zonas del
cultivo de la hoja de coca excedentaria, el Chapare y el Poligono Siete, contra
las zonas del cultivo tradicionales y otras declaradas “amarillas”, de los
Yungas, sino de la defensa del lado
oscuro de la economía por parte del gobierno clientelar, al servicio del modelo colonial extractivista del
capitalismo dependiente. Se trata de la malla institucional del lado luminoso del poder, es decir,
institucionalizada, atravesada por las redes y circuitos del lado oscuro del poder. El gobierno clientelar no solamente esta
al servicio de lo que hemos llamado el super-Estado
de la República del Chapare, sino al servicio del lado oscuro del poder.
Desde la perspectiva de esta tercera
hipótesis, hay necesidad de sugerir una explicación a propósito del discurso de
gobierno que dice que lucha contra el narcotráfico, que erradica cultivos de
coca y que se enfrenta a grupos armados en los Yungas. Tampoco debería ser una
sorpresa, salvo a los que lo ocultan, que los gobiernos del mundo, salvo
excepciones que confirman la regla, blanquean
los flujos dinerarios de uno de los negocios, por cierto, ilícitos, más grandes. El gobierno clientelar lo hace, no porque
sea un atributo de su endilgado carácter “progresista” ni de su supuesta
inclinación de “izquierda”, como algunas versiones de la rabiosa “derecha” lo
dice, sino porque también los gobiernos neoliberales lo hacen. O los gobiernos,
bajo cualquier perfil o forma de
gubernamentalidad, se inclinan a este blanqueo
por pragmatismo, o lo hacen porque ya están tragados por las formas paralelas del poder, no
institucionalizadas, del expansivo lado
oscuro. Por informes de organismos internacionales, de la ONU,
especializados en el tema, se sabe que la mayor parte de la producción de hoja
de la coca del Chapare está destinada al narcotráfico; se habla de un 92%.
También se sabe que una gran parte de la producción del cultivo de coca de los
Yungas está destinada al acullico y
otros usos tradicionales, incluso medicinales y de exportación lícita; sin
embargo, parte de la producción también parece desviarse al narcotráfico. Ahora
bien, la pregunta pertinente es: ¿por qué el “gobierno progresista” solo ataca
a las zonas “amarillas” de los Yungas y no lo hace con las zonas excedentarias
del Chapare y del Polígono Siete?
Si se partiera, momentáneamente y
provisionalmente, de la premisa gubernamental, de que lucha contra el
narcotráfico y sus fuentes de cultivo excedentarias, no es congruente lo que
hace, en efecto; ataca a unos y no a otros, erradica en unas zonas y no en otras;
lo más grave, ataca a las zonas menos problemáticas respecto a las fuentes del
narcotráfico, en cambio, no toca para nada a las zonas más problemáticas,
vinculadas a los circuitos y la producción “industrial” ilícita de la coca. En
consecuencia, se puede derivar otra hipótesis interpretativa: el gobierno no
solo defiende a la región leal y afín al oficialismo del cultivo de la hoja de
coca, no solo ataca a la región que lo interpela y denuncia, sino que usa el
ataque a los Yungas para encubrir sus concomitancias, complicidades y
articulaciones con el lado oscuro de la
economía.
Descripción
del itinerario de la represión a los Yungas
De acuerdo a los noticiosos de los medios de
comunicación, se puede observar un desencadenamiento de la guerra del “gobierno progresista” contra los Yungas. El comandante general de la Policía, Faustino
Alfonso Mendoza, corroboró que un contingente de 505 efectivos permanecerá en
La Asunta, para garantizar la erradicación de coca excedentaria e ilegal. "El
contingente policial se quedará en esa región de Yungas para brindar seguridad
a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que
tiene la misión de erradicar la coca excedentaria e ilegal que hay en esa zona".
Mendoza detalló que el contingente está integrado por 100 agentes de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 15 de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen, 10 de la Dirección Nacional de Inteligencia, 230 del Comando
de Policía de La Paz, 50 de Oruro y 100 de Cochabamba. Aseveró que la Policía
coadyuvará en el cumplimiento de la planificación y los objetivos trazados por
el Gobierno, a través del Comando Estratégico Operacional, para erradicar la
coca ilegal en La Asunta. "Este contingente
policial no porta armas letales, sino equipos antimotines”. "La
Policía en cumplimiento de las normas ejecutará las operaciones policiales de
apoyo a la erradicación de hoja de coca excedentaria e interdicción al
narcotráfico, orden y seguridad, prevención y auxilio", remarcó el jefe
policial[1].
En otro
reporte informativo se dice que el Gobierno, a través del ministro de Defensa,
Javier Zavaleta, descartó "por el momento la militarización" de La Asunta
(Sud Yungas), después del enfrentamiento entre policías y cocaleros, cuando
murió un teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). "Descartamos
la entrada o cualquier presencia militar en el lugar (La Asunta), más allá de
la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tenemos, que están exclusivamente
dedicadas a la erradicación de coca. No hay ninguna instrucción, por el momento,
de involucrar a los Fuerzas Armadas en este tema. Zavaleta dijo que los
responsables de la muerte del oficial de UMOPAR están vinculadas al
narcotráfico. Aseveró que los mismo ya fueron identificados; prevé que las
próximas horas sean capturados para ser entregados a la justicia, aunque evitó
dar nombres de dirigentes cocaleros que estarían siendo buscados. "Está
claro de que hay presencia de narcotráfico en el lugar. Creemos que esta
reacción tan fuerte de parte de los tiradores, que han ocasionado estas bajas,
a la policía es gente vinculada al narcotráfico". Adelantó que enviarán
grupos especializados de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como los
"Diablos Negros" y los "Diablos Rojos".
En
contraposición, el dirigente cocalero de La Asunta, Freddy Quispe Mamani,
informó a ERBOL que dirigentes de los productores de coca se declararon en la
clandestinidad", después de la represión policial. Señaló que, en el
Cabildo de las tres provincias, que se lleva adelante, las bases determinarán
las medidas a asumir frente al Gobierno. "Estamos viviendo una situación
muy difícil. Ni siquiera en tiempos de dictadura habíamos vivido una situación
así. La verdad, hay gente que nos está siguiendo, por eso hoy hay dirigentes
que se han declarado en la clandestinidad". El dirigente cocalero dijo que
"desconoce el paradero del presidente la Asociación Departamental de
Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklin Gutiérrez". Dijo que
"todos los líderes cocaleros se sienten perseguidos por el Gobierno".
Un enfrentamiento entre policías y cocaleros de La Asunta dejó un saldo de un
oficial muerto, varios heridos y desaparecidos. El Gobierno informó de la
existencia de "grupos irregulares", que atacaron a los policías, quienes
tienen obligación de erradicar los cultivos ilegales; en tanto que los
productores de coca denunciaron atropellos. Por otro lado, el dirigente
cocalero Freddy Quispe denunció que el Gobierno; los efectivos policiales
gasificaron una asamblea que se realizaba en La Asunta, incluso saquearon los
domicilios de los comunarios de la zona. Informó que existen varios cocaleros
heridos y desaparecidos producto de la represión policial[2].
Otro noticioso informativo dice que el
Comandante General de la Policía Boliviana, el general Faustino Mendoza,
presentó unos videos para constatar que los efectivos de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) fueron “emboscados” por cocaleros en el municipio paceño de La
Asunta; incidente que dejó un policía muerto y siete heridos. Mendoza dio a
conocer el listado de uniformados heridos. Estos son: El teniente Miguen Ángel
Silva, que sufrió lesiones en la pierna izquierda; el teniente Esteban Molina
Dávila, con herida expuesta en la pierna derecha; el sargento primero Martín
Mamani Nina, con herida en el glúteo cerca a la cadera y otra en el tobillo
derecho; el sargento primero Rubén Trujillo Mamani con herida contusa en la
parte superior del rostro por la sien y ceja; Wilfredo Layme Flores, con herida
en la pierna izquierda; el sargento segundo Rodrigo López Chumacero, con herida
en el hombro izquierdo y tobillo derecho; el policía Willy Huanca Quispe, con
herida en la ingle y fractura del fémur derecho. Todas las lesiones fueron
causadas con disparos de armas de fuego. El Comandante General enfatizó que los
uniformados no estaban con algún armamento letal. “(Ellos sólo portaban)
cascos, chalecos antibalas, antifragmentarios, escudo balístico, rifle lanza
gases y escopeta con temblor”[3].
Otro noticioso informa que a las 16:05 de hoy, el
dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de
La Paz, Franklin Gutiérrez, se entregó a la Policía. Llegó hasta la sede de esa
organización, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, luego de ser
sindicado como el autor intelectual de la violencia en el municipio yungueño de
La Asunta. Gutiérrez convocó a una conferencia de prensa en ADEPCOCA, ocasión
en la que negó ser el autor intelectual del enfrentamiento entre policías y
cocaleros en La Asunta. La Policía llegó
hasta el lugar y Gutiérrez, que se encontraba con los periodistas fuera de la ADEPCOCA,
decidió ingresar y atrincherarse por unos minutos, mientras la
Policía cercaba esa instalación. Pasaron menos de 30 minutos hasta que
Gutiérrez decidió entregarse a la Policía - eran alrededor de un centenar de
efectivos -; inmediatamente fue conducido por los efectivos, a empujones y
gritos de por medio, a una camioneta policial. Los socios de ADEPCOCA salieron
en defensa de Gutiérrez, pero poco pudieron hacer para evitar que la Policía se
lo lleve. “De parte del Gobierno han hecho hacerme ver
como si fuera una persona que ha causado ese conflicto en La Asunta. No es así”,
explicó el dirigente en entrevista con FM Bolivia, luego de ser acusado por el
Gobierno como el autor intelectual de lo que la Policía considera “una
emboscada” a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Para Gutiérrez,
no se trata de una emboscada, como pretende hacer ver el Gobierno, sino
de un enfrentamiento que se suscitó
debido a que los efectivos de la FTC gasificaron y dispararon en
contra de los comunarios, quienes defendían sus cultivos de coca del operativo
de interdicción. “Han entrado con todo (los efectivos de la FTC). Han gasificado, han disparado, ha habido un
enfrentamiento; debido a esa intervención de la Fuerza de Tarea
Conjunta ha habido heridos, un hermano teniente llega a fallecer”, explicó el
dirigente en rueda de prensa en inmediaciones de la ADEPCOCA. Para la Policía,
fueron los cocaleros quienes con armas de fuego emboscaron a los policías en La
Asunta. El comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, presentó unos
videos que muestran los disparos que tuvieron que afrontar los efectivos
policiales. El ministro Romero confirmó hoy que se presentó una querella
criminal contra Gutiérrez por la muerte del teniente[4].
Esta secuencia de hechos y dichos, que,
obviamente, son seleccionados arbitrariamente, recogiendo de lo que nos ofrecen
los medios de comunicación, de todas maneras, nos muestra ya el estar
involucrados en una coyuntura de
enfrentamientos. La atmósfera del enfrentamiento ya nos copa, estamos dentro de
ella, padeciendo su clima tormentoso. En este tipo de enfrentamiento, cuando se
usan armas, sobre todo de parte de las instituciones de emergencia del Estado,
hay pues muertos y heridos. No es que se mata a propósito, sino que la tragedia
emerge del drama mismo de las contingencias. No busquemos culpables, pero hay responsables;
el principal responsable es el
gobierno, pues atiza una guerra
contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas.
Criminalizar la protesta
y las movilizaciones sociales es un procedimiento harto conocido en la historia política de los gobiernos y los
estados. El “gobierno progresista” lo ha hecho o lo ha venido haciendo
sistemáticamente desde la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma
(2009). Inculpar de lo que acaece a los enemigos
del gobierno no es más que la repetición maniqueísta del señalamiento al monstruo e infiel, que perturba la paz de los que gobiernan. Los gobernantes
creen que, de esta manera, efectuando esta catarsis,
aquilatan su angustia; de ninguna manera. Al contrario, la consciencia desdichada ensancha sus desgarramientos, sus
contradicciones que la atormentan. Lo que hace es profundizar el drama y hacer emerger más tragedia.
Llama la atención que las formas de gobierno, en su crepúsculo –
pues toda forma de gubernamentalidad
lo tiene, padece su ciclo -, pierda
el instinto de sobrevivencia y se
encamine apresuradamente a su propio abismo. La manera como lo hace el gobierno
clientelar es exaltando todo aquello que ha caracterizado a las formas de violencia desprendidas, sean
simbólicas o físicas, sean matizadas o descarnadas. Ocurre como si quisiera
llevarse todo en su caída inevitable.
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