Suspensión de la realidad efectiva
Suspensión de la realidad efectiva
Raúl Prada Alcoreza
En la era de la simulación, cuando la desinformación
virtual se impone como “realidad”, cuando los medios de comunicación sustituyen
los hechos por noticias sensacionalistas, sobre todo cuando se aprovecha el
drama humano, las crisis sociales, que emergen como crisis económicas y crisis
políticas, además de mostrar los perfiles más elocuentes de los dramas
sociales, como las catástrofes migratorias obligadas, debidas a fenómenos, en
su contexto, climáticos o, mas bien, ecológicos, mencionados como consecuencias
políticas, también económicas, la realidad efectiva, como experiencia social
parece suspenderse o, mas bien, ocultarse. En este contexto saturado por la
desinformación y por la manipulación mediática, así como por la propaganda
política y la exacerbación ideológica, los servicios de inteligencia juegan a
la conspiración y se esfuerzan por desembocar en la guerra. Los gobiernos, entrampados en el círculo vicioso del poder, concurren en llamadas a convocatorias de
“defensa de la revolución”, en unos casos, así como de “recuperación de la
democracia”, en otros casos, cuando precisamente la revolución ha sido truncada tempranamente, cuando precisamente la
democracia se ha esfumado por el manejo monopólico de la casta política, que
deriva en la rutina rotativa del bipartidismo o en algo parecido. Las
sociedades y los pueblos se convierten en rehenes de estrategias políticas
preestablecidas y de aparatos ideológicos, así como también aparatos
mediáticos.
En estas condiciones del desborde de la virtualidad,
de la irrupción mediática, también de la exacerbación ideológica, la irresponsabilidad institucional, la
llamaremos así, por más paradójico que parezca, induce a la guerra. Siendo la guerra sobre todo una tragedia, que cargan los pueblos en sus
cuerpos atormentados, no puede pues jamás ser justificada, salvo en la
alucinación ideológica y en el delirio político, transmitido mediáticamente. Si
se llega a la guerra, cuando se entra
a la lógica de las armas, nadie podrá detener sus graves consecuencias, que
consiste resumidamente en la destrucción y en la elocuencia expansiva de la
muerte. Pero, esto no parece importarles a las castas políticas que se
enfrentan. Estas castas no van a preguntar a sus pueblos al momento de tomar la
decisión bélica y llevar a la conflagración. Cuando la destrucción y la muerte
desaten el apocalipsis no se harán
responsables de lo que pasa; siempre acudirán a argumentos consabidos,
incluyendo los de los “efectos colaterales”, que son objetivamente
devastadores. No se harán cargo de los crímenes de lesa humanidad, salvo si se
descarga toda la responsabilidad en los derrotados. Pero, con todo, las poblaciones
innumerables de los muertos no estarán para reclamar por sus vidas conculcadas,
tampoco serán tomadas en cuenta las muchedumbres de voces de las masas de
víctimas, salvo como refugiados o damnificados. Los responsables ante el apocalipsis desatado no solamente serán
las castas políticas gobernantes y opositoras, no solamente las máquinas de
guerra y los siniestros servicios de inteligencia, sino también los pueblos por
dejar hacer a los gobiernos belicistas, a las castas políticas y a las máquinas
de guerra, lo único que parece saben hacer: el despliegue de las dominaciones y
del control; el desenvolvimiento de la violencia, desde sus formas simbólicas
hasta sus formas descomunales y descarnadas; el desboque de la síntesis
descomunal de la irracionalidad
humana, su compulsión a la guerra.
Si usamos figuras ilustrativas, que se convierten en
conceptos cuando se estructuran categorialmente y suponen la síntesis de la idea, como hemos venido haciendo,
podemos conjugar y combinar la figura, concepto e idea del círculo vicioso del poder con la figura, concepto e idea del eterno retorno de la guerra. De la
figura de círculo vicioso se deduce
que no hay salida sino su recurrente y reiterado repetir circular; empero, este
recurrente repetir puede derivar también en el hundimiento en su centro gravitacional, como si fuese un agujero negro. Este hundimiento es la guerra; el círculo vicioso del poder es tragado por su propio movimiento
intenso que lo arrastra a la conflagración. Las fuerzas concurrentes, que se
presentan ideológicamente como enemigas,
aunque son, en el sentido de las dinámicas
complejas, complementarias,
terminan en el fuego, fundiéndose en el fuego de la guerra. Se pasa de la figura del
círculo vicioso al eterno retorno de
la guerra, al apocalipsis.
En otras palabras, la no-salida del círculo vicioso deriva en la salida
trágica del hundimiento en la destrucción.
Ocurre como si el círculo vicioso
buscara destruirse, cansado de orbitar en el campo gravitatorio del poder. La salida en la no-salida es la guerra, que, obviamente no es una
salida, sino la destrucción, la no-salida
llevada a su extrema radicalidad. Se podría decir que es como un suicidio social,
incluso en un contexto mundial, suicidio civilizatorio. Aunque la historia
oficial defina y distinga vencedores
de vencidos, en la historia efectiva no los hay, pues el
drama y la tragedia atraviesa a ambos. No solo porque las víctimas se reparten,
aunque sea de manera desigual, en ambos bandos, sino, sobre todo porque el que
se considera vencedor se erige sobre
cementerios y la desolación de la destrucción.
Aunque las anteriores guerras, contadas por la historia, aparezcan linealmente, como una sucesión histórica,
aparentemente progresiva, las más recientes guerras y, sobre todo, la que
aparece como el fantasma de la final, muestran, cada vez más claramente,
que la genealogía de la guerra se
acerca a la destrucción absoluta. En
las figuras usadas, a la destrucción
misma del eterno retorno de la guerra.
La compulsión del círculo vicioso del
poder, por las dominaciones, sobre todo, la compulsión a la guerra hace patente la irracionalidad inherente a estas
compulsiones, en el desenlace de la destrucción.
La gendarmería del imperio,
el orden mundial de las dominaciones,
a través de su gobierno ultraconservador, impulsa una guerra contra Venezuela. El “gobierno progresista” de la República
Bolivariana, que, después de perder las elecciones a la Asamblea Nacional,
donde ganó por amplia mayoría la “oposición”, se inventa una convocatoria, sin
pies ni cabeza, a una nueva Asamblea Constituyente, 18 años después de convocada
la Asamblea Constituyente de 1999, impulsa también a la guerra. Este acto es como desconocer a la propia Constitución
bolivariana que instituyó a la República Bolivariana de Venezuela.
Descripción
de la antesala del desenlace
Acudiremos, en esta descripción, a un resumen
apropiado de los eventos enlazados, que definen la crisis política de la
coyuntura nacional. La descripción sucinta y en forma de secuencia de
cronograma. En esta descripción sobresalen los contrastes entre la elección de
la Asamblea Nacional y la forzada e improvisada elección de la Asamblea
Constituyente, preludio a las elecciones nacionales, también forzadas. Se puede
observar que la crisis política deriva en una suspensión indebida y violenta de
la Constitución de 1999. Este hecho convierte no solamente en ilegitimo al
régimen impuesto por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sino contrario al mismo
régimen establecido por la propia revolución bolivariana. Este acto
inconstitucional expresa patentemente la profundidad de la crisis política, el
vacío jurídico político del régimen impuesto por una Asamblea Constituyente
inconstitucional, como la hemos nombrado en otros ensayos[1]. Los
espesores de la coyuntura parecen dibujar el perfil de un momento altamente
peligroso, en el sentido de cobijar desenlaces de alta intensidad. Esta lectura
parece ratificar la interpretación que expusimos: las tendencias del drama político que parecen empujar a la tragedia, las contradicciones políticas
que parecen empujar al desenlace bélico; actores políticos, los gobiernos, que
sobresalen por su irresponsabilidad
al promocionar la guerra, como indiferentes ante sus consecuencias catastróficas;
un pueblo convertido en materia y objeto de poder de la concurrencia de fuerzas
nacionales e internacionales; los demás pueblos como inhibidos ante el
despliegue de aparatos ideológicos, mediáticos, institucionales y bélicos.
Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional
La
Constitución de 1999 aumentó el período presidencial de cinco a seis años,
abrió el recurso de revocar a servidores públicos mediante referéndum, agregó
un nuevo límite de dos mandatos presidenciales. Convirtió la legislatura
bicameral en uno unicameral, en una Asamblea Nacional. El país conocido como la República de Venezuela
se renombró como República Bolivariana de Venezuela. La Constitución Bolivariana fue aprobada por
referéndum con más del 80% de los votos en diciembre de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es
la encargada de redactar nuevamente una Constitución para Venezuela, asumiendo
facultades plenipotenciarias, por encima de los demás Poderes Públicos del
Estado. La convocatoria fue promovida
por Nicolás Maduro el primero de mayo de 2017, mediante decreto
presidencial N° 2830, el cual contempla la convocatoria y las bases comiciales.
El 30 de julio fueron realizadas
elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían y
el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico
del Palacio Federal Legislativo, también sede de la Asamblea
Nacional. En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como
presidenta de la ANC, Aristóbulo Isturiz como primer
vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel
Ernesto Vásquez Iriarte como secretario de la ANC y Carolys Pérez como
subsecretaria. Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión
tomada por los propios constituyentes. Se estableció su hemiciclo de
sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el
antiguo Senado del extinto Congreso de la República. En sus inicios
estuvo conformada por 545 integrantes, pero para enero de 2018, ésta
perdió al menos 40 miembros, que ocuparon cargos como alcaldes o gobernadores,
tomando en cuenta además el deceso de dos de ellos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta
la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la
Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de
la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional “hasta que persista
la situación de desacato” del parlamento. Al momento de darse las sentencias,
la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos
internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos
calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se
estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas
y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones y antes de la anulación de
las sentencias, el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea,
sino que “estarían supliendo sus labores" hasta que esta hiciera los
procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato. La Fiscal
General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP),
manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal
tachándolas de "ruptura del orden constitucional", lo que fue
entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos
tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro,
quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase", convocó
a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los
entes públicos, a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General,
cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a
participar, no asistió. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura
del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el
Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156.
Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como
una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición
contrariada por analistas jurídicos y políticos para quienes la propia
actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la
Nación ratificaba su falta de independencia. Se desataron protestas exigiendo
la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el
adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
El 16 de junio, durante una consulta
popular convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno organizó un
simulacro de elección para la Asamblea Constituyente. Según el diputado Henry
Ramos Allup, 203.032 personas participaron en dicha simulación. El gobierno
invitó a la oposición a participar en el proceso. Un día después, Nicolás
Maduro ordenó la captura de varios líderes opositores como Leopoldo López
y Antonio Ledezma por considerar que violaron las restricciones de su arresto
domiciliario. Posteriormente Maduro dijo a la oposición: "Ríndanse, están
derrotados". El 30 de julio se realizaron las elecciones de los candidatos
a la Asamblea Nacional Constituyente, en el primer boletín emitido por la
presidenta del CNE, se informó que participaron 8.089.320 de venezolanos, lo
que representa el 41,53 % del padrón electoral. Sin embargo, según Julio
Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien habla de un "fraude
evidente", habrían participado solo unos tres millones de venezolanos.
Antonio Mugica, representante de Smartmatic, la empresa a cargo del
sistema electrónico de votación advirtió que habían detectado una diferencia de
al menos un millón de votos. En sus palabras, "la diferencia entre la
cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de
electores".
La Constitución
Bolivariana de Venezuela de 1999 contempla la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente. Especialmente en los artículos 347, 348 y 349. Sin
embargo, existen juristas que sostienen que el artículo 348 no faculta al
presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal
proceso, que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del
artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que
una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, que por ello
rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.
Una de las primeras medidas adoptadas por la
ANC, el 5 de agosto, fue la destitución de la fiscal general Luisa
Ortega Díaz, que estaba previamente suspendida por
el Tribunal Supremo de Justicia. Dada la destitución, la Guardia
Nacional impidió a Ortega entrar en el edificio. Tarek William Saab, hasta
entonces defensor del pueblo, fue nombrado nuevo fiscal general. El 16 de
agosto comenzó a funcionar la Comisión de la Verdad, Justicia y
Reparación de las Víctimas, creada por la ANC para estudiar los casos de
violencia política entre 1999 y 2017. La comisión estaba dirigida por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. El constituyente Earle Herrera
propuso en sesión extraordinaria el 11 de agosto, que las elecciones regionales
pautadas para el 10 de diciembre sean adelantadas al mes de octubre, sin embargo,
la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez decidió diferir la discusión de
esta propuesta para una próxima sesión. En la sesión del 12 de agosto se
aprueba la propuesta y ANC procede a convocar las elecciones regionales. Posteriormente el
gobernador electo del Estado de Zulia, Juan Pablo Guanipa, decide no
prestar juramento ante la Constituyente ya que consideraba era algo "contrario
a la ley", la ANC había ordenado a que ningún Consejo Legislativo
juramentara a quien no se subordinara a ella, por tal motivo pasado los 10 días
máximos reglamentarios para su juramentación es destituido por el órgano
legislativo estatal, designando a una gobernadora encargada y convocando nuevas
elecciones, fijándose la fecha para el mismo día que las elecciones
municipales. Por decreto del 26 de octubre de 2017 la ANC ordenó la
convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país. Posteriormente
el Consejo Nacional Electoral las programó para el 10 de diciembre. La ANC
estableció que todos los alcaldes que resultaran electos debían juramentarse
ante los constituyentes de cada estado para poder asumir sus funciones.
El 10 de diciembre de 2017 se
llevaron a cabo las elecciones municipales que estaban pautadas
legalmente para diciembre del 2016. En dichos comicios los principales partidos
políticos opositores, Voluntad Popular y Primero Justicia, decidieron no
participar debido a las pocas garantías electorales que ofrecía el CNE, pues
según los presidentes de estos partidos, el CNE funciona como un miembro del
gobierno chavista. Luego de efectuadas las elecciones, Maduro amenazó a
Voluntad Popular y Primero Justicia de impedir que participaran en las
elecciones presidenciales previstas para 2018. "Voluntad Popular (VP) y
Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy
desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y
haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más".
El 20 de diciembre de 2017 la ANC
estableció por decreto que los partidos que no participaron en elecciones
anteriores debían volver a revalidarse ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar
de que ya lo habían hecho a principios de año. El 20 de
diciembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente suprime por decreto
los distritos metropolitanos, con el motivo de que "se alejaban
de sus funciones". Varios dirigentes de la oposición venezolana criticaron
gravemente estos hechos por violación a la Constitución, a las leyes y por la
cantidad de personas desempleadas debido a esta acción. El 23 de enero de
2018 la constituyente de Maduro decretó que las elecciones presidenciales
previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril. El decreto de la
constituyente fue rechazado por la oposición venezolana, OEA, mayoría de los países de América y todo
el continente europeo, por haber sido convocadas estas elecciones por un
organismo de cuestionable legalidad, además de que deroga la Constitución
venezolana vigente aún al adelantar un proceso que legalmente está pautado para
finales de 2018.
Diosdado Cabello propuso adelantar las elecciones
parlamentarias legalmente previstas para 2021; a su juicio el Parlamento
venezolano dejó de existir a raíz de las sanciones ilegales que el TSJ le
aplicó al órgano legislativo, anulando todas sus facultades constitucionales. Dicha proposición fue secundada por Nicolás Maduro, quien hizo
entrega formal de la propuesta por escrito al polémico organismo, añadiendo a
la propuesta de Cabello, la realización de elecciones de Consejos
Estatales y Municipales. El 23 de febrero, Tibisay Lucena, presidenta
del CNE, declaró en rueda de prensa que el día 22 de abril se
harían solamente las elecciones presidenciales pues no estaban preparados
técnicamente para realizar todas los comicios propuestos por Maduro. El 1 de marzo Lucena rectifica la fecha de
los comicios, fijando para el 20 de mayo de 2018 la realización de las
elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones de Consejos
Estatales. Después de más de un año sin conocimiento sobre la constitución
siendo redactada por la Asamblea Constituyente, el medio Panorama publicó un
presunto borrador del texto constitucional compuesto por 411 artículos,
contrastado con 350 artículos de la constitución de 1999, citando fuentes
vinculadas a la Constituyente. Entre los cambios más importantes se destacarían la extensión del
período presidencial por siete años, comparados con los seis años de la
constitución vigentes, el establecimiento de Venezuela como un "Estado
federal centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente",
a diferencia del "Estado federal descentralizado", además del cambio
de redacción del artículo 350, el cual hace referencia a la desobediencia
civil. El borrador del texto constitucional también limita el derecho a la propiedad privada, a
la libertad económica y al derecho
de la ganancia, además del derecho a la manifestación, la protestas y la
libertad de expresión y constitucionaliza el control social. Es el primer
borrador de texto constitucional con un preámbulo que contiene una mención
política y partidista de Hugo Chávez, llamándolo "amado y eterno comandante".
Hernann Escarrá ha indicado que el texto se inclina a incluir la forma de
organización y gobierno de las comunas, acoger a las llamadas milicias como un
componente de las Fuerzas Armadas e incluir un apartado para castigar
severamente a quienes incurran en el delito de traición a la patria. Por su
parte, Efecto Cocuyo publicó una lista oficial de los integrantes de la
comisión de la Constituyente encargada de la redacción del texto, conformada
por 29 integrantes, 20 de los cuales son constituyentes, el resto abogados,
asesores y asistentes administrativos; comisión presidida por Escarrá.
Hay controversia en torno a la
constitucionalidad de esta convocatoria. Uno de los puntos cuestionados es
sobre si el presidente está facultado para convocar una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). Parte de los juristas afines al gobierno afirman que el
Ejecutivo sí está facultado por el artículo 348 de la Constitución. Otra parte de
los expertos sostiene que el artículo 348 no
faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa
de tal proceso y que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud
del artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés
nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con
dicha interpretación, que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el
presidente Maduro. Otro punto controvertido son las bases comiciales del
proceso que, según el artículo 2 del decreto 2830, serían "sectoriales y
territoriales". Varios expertos en derecho, incluyendo la Federación
de Colegio de Abogados de Venezuela, argumentan que este aspecto viola el
principio de universalidad del voto consagrado en el artículo 63 de la
constitución.
Dentro del Poder Público Nacional han surgido
críticas y rechazos al proceso. La mayoría opositora dentro del Parlamento, Eustoquio
Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Tellez diputados por
la coalición Gran Polo
Patriótico en la Asamblea Nacional (AN), Luis Emilio Rondón rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luisa
Ortega Díaz fiscal general de la República, Danilo Antonio
Mojica Monsalvo y Marisela Godoy magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gabriela
Ramírez consultora jurídica del TSJ, mayor general Alexis López Ramírez
secretario del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), rechazaron la
convocatoria con el argumento común de que tal
proceso no fue convocado por el pueblo como lo establece el artículo 347 de la constitución y por el carácter sectorial y territorial de
las bases comiciales planteados en el artículo 2 del decreto.
El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional
del TSJ dictó la sentencia 378, en donde decidió que el
presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo
consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo:
“El artículo 347,
cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el
artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela
es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y
como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea
Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por
regla general, a los órganos del Poder Público (el presidente o presidenta de
la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en
cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes
ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La
única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por
ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y
Electoral.
De tal manera
que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario:
en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la
iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre
otros, al “presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros”,
órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.
En los términos
expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni
constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está
expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del
Título IX” - Extracto de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -.
.
Al día siguiente de conocida la decisión del
Poder Judicial, la Fiscal General de la República introdujo ante el TSJ un
recurso de aclaratoria sobre la sentencia, donde solicita explicar cuatro
puntos: Retroceso de derechos humanos, vigencia de la democracia participativa
y protagónica, diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una
ANC y modificación del texto constitucional sin aprobación del Pueblo. En
respuesta a estas controversias; el presidente Maduro anunció que haría la
propuesta al CNE de convocar a un referéndum consultivo para la nueva
constitución, alegando que una vez que los tentativos cambios sean anunciados,
estos se someterían a unas elecciones aprobatorias, de manera que el pueblo
apruebe o desapruebe una nueva constitución. La propuesta fue entregada por el
comando de campaña Zamora 200 al CNE el 5 de junio.
El 8 de junio, Luisa Ortega Díaz interpuso
ante la Sala Electoral del TSJ contencioso electoral de nulidad conjuntamente
con amparo cautelar, subsidiariamente, medida cautelar innominada de suspensión
de efectos de la Constituyente, solicitando la nulidad de las decisiones del
Consejo Nacional Electoral relacionadas con la convocatoria a la ANC por
considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales y
argumentando que “el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar
dicha convocatoria”. Dicho recurso fue apoyado por el Foro Penal Venezolano, cuyo director Alfredo
Romero, informó que la institución prestará su plataforma para apoyar a los
ciudadanos que se quisieran adherir al mismo. El 12 de junio
la Sala Electoral del TSJ declaró como inadmisible
el recurso interpuesto por la fiscal general, alegando que el amparo cautelar
es inoficioso por la “inepta acumulación de pretensiones”. Después de declarada
la inadmisibilidad, dos tribunales de Nueva Esparta rechazaron otro
recurso contra la Constituyente introducido por un grupo de ciudadanos del
estado.
Según el Observatorio Electoral Venezolano, el
Consejo Nacional Electoral obvió en su cronograma electoral 14 auditorías,
varias etapas del proceso y se saltó 70 de 100 actividades previas a cualquier
elección contempladas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Tras una
denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, Marina Corina Machado, Antonio
Ledezma y Ceciclia Sosa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela en el exterior declaró el 25 de octubre la nulidad
de la Asamblea Constituyente, solicitando su disolución y haciendo un llamado a
su desconocimiento. Entre las observaciones que se hacen, para criticar su
elección tenemos:
1.
Irrespetan la base poblacional (1,1 %, Art. 186 CRBV) para la
elección de representantes nacionales.
2.
Irrespetan las magnitudes poblacionales de los municipios,
igualando a uno los constituyentes por cada municipio, y a dos en los
municipios capitales, sin soporte alguno en la Constitución.
3.
Irrespetan el rango nacional del universo poblacional.
4.
Irrespetan la representación proporcional acogiendo el sistema
mayoritario de elección uninominal, con excepción de los municipios capitales y
el municipio Libertador del Distrito Capital, que elige 7 constituyentes.
5.
Inventan universos sectoriales controlados por la burocracia
gubernamental y con registros de electores y electoras absolutamente no
confiables[2].
Conclusiones
Estamos ante aparatos ideológicos, aparatos mediáticos,
aparatos de Estado, máquinas políticas, máquinas económicas, máquinas de
guerra, que tienen una relación problemática con la realidad efectiva; buscan recortarla o, si se quiere, deformarla,
otorgarle el perfil y el contenido que le atribuye el poder. Tanto el orden mundial, así como el orden
nacional, esculpen, por así decirlo, la realidad a su manera, buscando
moldearla de acuerdo con sus presupuestos, mejor dicho, prejuicios. Una vez efectuados estos recortes, una vez obtenido el molde, estos aparatos y estas
máquinas de poder trabajan en lo recortado, en lo moldeado, como si ésta fuese
la realidad misma, cuando es la realidad
producida por el poder.
En lo que respecta a la crisis múltiple de la
República Bolivariana de Venezuela, el orden
mundial de las dominaciones y el orden nacional de las dominaciones han
hecho sus respectivos recortes de
realidad y, por más contrastados que sean estos moldes, es decir, las interpretaciones dominantes, ambos órdenes
tienen como paradigmas a los modelos ideológicos logrados y sobre los mismos
actúan. Las dinámicas complejas de la
realidad efectiva han desaparecido ante estas miradas; lo que se tiene son esquematismos dualistas, por ambos
lados, que legitiman las actuaciones del poder, a nivel mundial y a nivel
nacional. Los pueblos concretos, las sociedades singulares, los problemas
concretos y singulares han desaparecido ante estas miradas del poder; lo que
tienen ante sus ojos son escenarios donde los pueblos son presentados o como víctimas o como partidarios de las
acciones emprendidas. Si habla el pueblo lo hace como ventrílocuo de los
protagonistas del poder, los representantes jerárquicos de las castas políticas
enfrentadas. Lo que importa es la voz misma del poder; la voz patriarcal de los
órdenes de dominaciones enfrascados en la lucha. Los medios de comunicación
transmiten estas tramas oficiosas de los enemigos. Por más dicotómicas que sean
las versiones vertidas, tan distintas en las pretensiones de verdad, lo que
entran en concurrencia son estas narrativas del poder. Lo que efectivamente ocurre
poco importa; las acciones políticas y diplomáticas se guían por lo que debe ocurrir, según las interpretaciones
del poder.
Si en el horizonte aparece la guerra como amenaza suprema, entonces, el dramatismo político
adquiere mayor intensidad. Ambos bandos se amenazan con la guerra; se acusan mutuamente de la responsabilidad ante el posible estallido de la conflagración. Lo
que llama la atención es que no se detienen ante esta posibilidad, no se ponen
a reflexionar sobre esta amenaza destructiva y desgarradora, no se hace un alto
en el camino y se busca evitar la guerra,
tampoco alejarse de esta posibilidad. Se sigue jugando con fuego.
Ahora bien, si hay diferencia entre la realidad efectiva y la “realidad” recortada por el poder, ¿por qué esta diferencia no amortigua o detiene los
juegos de poder? En otras palabras, ¿por qué la “realidad” moldeada por el
poder se termina convirtiendo en la realidad
producida por el poder, que golpea a los pueblos y las sociedades? Al
respecto se puede decir que los pueblos y las sociedades parecen terminar
atrapados en las redes de los juegos de poder, formando parte de la realidad recortada o si se quiere
manipulada. Para que esto ocurra tienen que haber renunciado a gran parte de lo
que son, a sus dinámicas corporales y sociales, a las complejidades de sus ámbitos de relaciones, asociaciones y
combinaciones de asociaciones. Es esto precisamente lo que parece que ocurre.
Las presiones de los aparatos y máquinas de poder son persistentes, sistemáticas
e intermitentemente intensas, sobre todo en momentos de crisis, que los pueblos
y sociedades caen enredados en las redes del chantaje del poder, en la economía política del chantaje.
Los recortes de
realidad no están fuera de la realidad
efectiva, forman parte de ella; por lo tanto, no es que los órdenes de
poder mencionados se encuentran fuera, como en la irrealidad; se encuentran dentro, solo que, en compartimentos
acotados y restringidos, hasta se podría decir como en burbujas. Es desde estos espacios acotados, controlados,
restringidos, convertidos en “realidad”, que inciden e irradian, incluso
afectando a ámbitos dinámicos de la realidad
efectiva. Llamemos a uno de los recortes de realidad geopolítica del sistema mundo capitalista, llamemos al otro recorte
de realidad geopolítica de la forma de gubernamentalidad clientelar; es en
estos recortes donde los aparatos ideológicos y las máquinas de poder que
buscan lograr sus objetivos, las finalidades de sus estrategias de poder. Ambos
recortes de realidad no son ajenos
entre sí, mas bien, se suponen, incluso el recorte
de la forma de gubernamentalidad clientelar se encuentra dentro del recorte de la geopolítica del sistema mundo
capitalista. Ambos recortes se interpretan a su modo, desde sus propios
códigos, desde sus propias narrativas; interactúan y se confrontan en los
escenarios montados.
En ambos recortes
de realidad se usan argumentos de preestablecidos modelos justificativos de acciones; se puede hablar de la ideología en acción, también de los aparatos de comunicación en acción. Uno
de estos modelos es el discurso de “defensa de la democracia”, que tiene su
larga data y acompañó a las intervenciones norteamericanas de marras y recientes.
El otro discurso es el de “defensa de la revolución”, que también tiene su
propia historia y arqueología. Desde
la primera revolución proletaria
triunfante, de la que emergió la URSS, hasta la revolución bolivariana en
crisis, el discurso de la “defensa de la revolución” o de la “patria socialista”,
así como, recientemente, de la “patria bolivariana”, actúa como inhibidor de la
crítica y como un chantaje ideológico
para polarizar las fuerzas sociales, sobre todo para mantener la unidad del
bloque social-popular. En consecuencia, aunque se trata de modelos discursivos
contrastados, lo que comparten es la función
que cumplen con respecto a sus convocatorias,
así como con respecto a la búsqueda de legitimidad
de sus acciones. El debate entre ambas formaciones discursivas desaparece para caer
en la diatriba, difundida por los
aparatos ideológicos y los aparatos mediáticos. Las víctimas de estos enfrentamientos verbales son las opiniones públicas, para seguir usando
un concepto ya desgastado, empero ilustrativo. Son víctimas, pues en estas atmósferas atiborradas de emisiones
proliferantes de diatribas desaparece
la información, sobre todo, lo que
llamaba Jürgen Habermas el raciocinio.
Si se contrastan estas narrativas del poder con la realidad
social efectiva, se observa que de lo que hablan, sus referentes cruciales, por los cuales se efectúan acciones, se
ejerce poder, se convoca y se llama a movilizaciones, no existen. La democracia, en pleno sentido de la
palabra, como ejercicio del autogobierno del pueblo, no existe; está sustituida
por la democracia restringida, la
democracia simulada, de la democracia formal institucionalizada, mediada por delegaciones y representaciones obligadas, que lejos de representar al pueblo
expresan los intereses de la casta política.
Por otra parte, la “revolución” de la que se habla, que implica
transformaciones estructurales e institucionales radicales, ha sido truncada en
las primeras de cambio, cuando se restaura el Estado, cuando se cae al círculo vicioso del poder, cuando se usa
las instituciones para dominar, cuando emerge una nueva clase económica sostenida
por la administración pública; lo que se llamó la burocracia soviética por el
marxismo crítico, lo que se llama, ahora, con los “gobierno progresistas”, la burguesía rentista. Entonces, se habla,
se emiten semejantes discursos del poder, se afronta la lucha ideológica, sobre
referentes desaparecidos. Por lo tanto, no se trata, ni de la “defensa
de la democracia”, ni de la “defensa de la revolución”, sino de la defensa de
castas políticas y económicas enfrentadas, en el plano nacional y en el plano
internacional.
El problema
es que son las sociedades y los pueblos que pagan los costos dramáticos de
estos juegos de poder, que pueden
convertirse en conflagraciones bélicas, entonces en acontecimientos trágicos. Antes
de que ocurra esto, antes de que los desenlaces
desemboquen en la fatalidad, es indispensable que las opiniones públicas, volviendo a utilizar un concepto discutible,
escapen a las redes discursivas del chantaje
político, emitido por los dos modelos discursivos ideológicos en boga. Es menester
la conformación de espacios de deliberación independientes del monopolio ideológico
y del monopolio de los medios de comunicación. Es urgente recuperar la
información para poder elaborar interpretaciones adecuadas, próximas a lo que denominó
el positivismo objetividad. Estas son
como las condiciones de posibilidad
históricas-políticas-culturales para que los pueblos, libres de los
monopolios ideológicos y mediáticos, libres de los chantajes del poder, puedan deliberar, formar consensos y tomar decisiones
democráticas.
Asamblea
Nacional Constituyente de Venezuela de 2017.
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