Denuncia por amenazas y asesinatos a líderes sociales en Colombia
Denuncia
por amenazas y asesinatos a líderes sociales en Colombia
Iván Duque Márquez
Presidente
Colombia
Carta Abierta
Académicos del mundo
y de Colombia, miramos con gran preocupación los acontecimientos relacionados
con las amenazas, persecuciones judiciales, y asesinatos de líderes y lideresas
sociales, de excombatientes, así como defensores y defensoras de derechos humanos
y del medio ambiente en Colombia. De acuerdo con el Centro de Investigación y
Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, en 2018 dentro de la categoría de
violencia política, se perpetraron 648 asesinatos, 1151 casos de amenaza de
muerte, 304 lesionados, 48 atentados, 22 desapariciones forzadas, tres
agresiones sexuales y 243 detenciones arbitrarias. En lo que va corrido de
2019, han sido asesinados al menos 62 líderes sociales.
Frente a estos
hechos, nos declaramos indignados por la falta de reconocimiento de esta
situación por parte del gobierno y reclamamos acciones de fondo que eviten este
continuó y sistemático derramamiento de sangre, así como nuevos sucesos
lamentables como el atentado ocurrido el 4 de mayo contra Francia Márquez y
otros líderes y lideresas del norte del Cauca.
Observamos que, desde
los lugares de poder gubernamental y los medios de comunicación, se incita a
una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada, pero aún más,
como señala Daniel Pécaut (2001), declara una guerra contra la sociedad.
A lo largo de
nuestros trabajos académicos sobre las dinámicas locales, regionales e
internacionales, advertimos que los territorios de interés geopolítico se
convierten en foco que propicia la escalada de conflictos por expansión
extractiva. Hemos planteado vínculos perversos entre fuerzas legales e ilegales
para expulsar a las poblaciones de sus territorios, evidenciando las mismas
relaciones expuestas por académicos como Sassen (2015), Harvey (2004), Escobar
(2014), el analista de defensa Herold (2007), entre otros, sobre la expulsión,
el vaciamiento y la desposesión, para el avance de la acumulación a gran escala
de los proyectos extractivos.
En el caso de
Colombia se advierte esta situación en relación con la política económica que
promueve las medidas extractivas como eje de desarrollo, lo cual incentiva y
facilita que sectores de poder que representan intereses diversos copen los
territorios, instalándose una escalada de asesinatos contra líderes y lideresas
quienes defienden los derechos de los pueblos y las comunidades locales.
Es una realidad de tiempo atrás, pero que se presenta con mayor impacto a
partir de la firma de los acuerdos con las FARC - EP desde 2016, en
contraposición con los propósitos de la paz territorial esperada.
Esto permite inferir
que la causa de amenazas y asesinatos se relaciona con intereses de varios
sectores en los territorios en que se proyectan actividades extractivas a gran
escala. Esto coincide con las versiones en procesos de justicia transicional y
esclarecimiento de la verdad y en Sentencias de la Corte constitucional como la
del Alto Andágueda, que permiten deducir la relación de vulneración de derechos
humanos con estas actividades.
Frases recurrentes en
los mensajes amenazantes como: “acabar con cualquiera que se interponga al
desarrollo en el país”, ubica a los pobladores como objetivo militar porque son
muchos de ellos representados por sus líderes y lideresas quienes se oponen a
los proyectos extractivos, buscando evitar impactos negativos en ecosistemas y
poblaciones.
Por lo mismo nos
llama la atención el abandono tanto de las instituciones del Estado como de la
gran prensa, frente a este fenómeno de amenazas, persecución judicial y
asesinatos, pero que, al mismo tiempo, no dudan en señalar y estigmatizar la
protesta social, las actividades de liderazgo social y la oposición a las
políticas de gobierno.
Resulta preocupante
que sólo hasta cuando se atenta contra Francia Márquez, una lideresa reconocida
internacionalmente y premio Golden, quien se encontraba con un destacado grupo
de líderes, hecho que trascendió internacionalmente, usted se pronuncie como
gobernante. Su gobierno no nos permite entender cuáles son los esfuerzos para
responder a esta grave crisis; observamos que las medidas hasta ahora tomadas
son insuficientes y se limitan a esquemas de seguridad precarios y a una
búsqueda, las más de las veces infructuosa, de los autores materiales sin
indagar el fenómeno en su integralidad para reconocer los autores intelectuales
y los sectores que están detrás de esta estrategia de despojo y exterminio.
Como académicos, le
pedimos que como jefe de gobierno ordene abrir una investigación profunda y
transparente y de cara al mundo, que muestre lo que verdaderamente ocurre
frente a estas circunstancias que nos enlutan a diario.
Al mismo tiempo, dada
la falta de acción de su gobierno y la magnitud del problema, consideramos
necesario y urgente que entidades internacionales como Human Rights Watch y
Admistía Internacional organicen comisiones de verificación e investigaciones a
fondo sobre el particular, para que podamos tener información veraz que permita
prevenir nuevos casos y hacer justicia para los hechos ya ocurridos.
De su parte esperamos
que reconozcan que estamos en un momento histórico en el que es posible cambiar
el rumbo de la economía nacional y de la política social, por una opción de
protección de la vida y del medio ambiente con réditos traducidos en buen vivir
para las generaciones venideras.
Lo invitamos a que
responda abiertamente a esta carta y nos cuente cuáles han sido los avances y
decisiones para evitar este derramamiento de sangre y cuáles las nuevas medidas
para esclarecer esta dolorosa e inaudita situación humanitaria. A la espera de
su respuesta, los abajo firmantes le seguiremos apostando a la paz mundial, a
la paz territorial integral, una paz anhelada en cualquier lugar del mundo y en
esta Colombia sufrida.
Con copia a: Human Rights Watch y
Admistía Internacional.
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