Máquinas del ecocidio y de la subalternidad
Máquinas
del ecocidio y de la subalternidad
Raúl
Prada Alcoreza
¿Cómo funcionan las máquinas del ecocido, que son las máquinas del
poder, máquinas de guerra y máquinas extractivistas, máquinas de muerte de la geopolítica del sistema-mundo capitalista?
Las máquinas de poder funcionan contra las resistencias; las máquinas ecocidas,
funcionan contra los ecosistemas, los ciclos vitales, la vida. Las máquinas extractivistas
de la economía-mundo capitalista funcionan
contra los ciclos planetarios de largos procesos minerales, hidrocarburíferos y
de asombrosa cristalización simétrica. Se trata de máquinas de muerte; el sistema-mundo capitalista solo puede
desarrollarse inscribiendo y hendiendo sus marcadas huellas ecológicas, es
decir, destruyendo los ecosistemas. Su desarrollo, que ideológicamente se
legitima, en el imaginario institucionalizado, como desarrollo y crecimiento
económicos, no corresponde más que a la realidad apocalíptica de la muerte
planetaria, dilatada por los ritmos mismos del capitalismo y sus ciclos largos.
Quizás una ilustración esquemática ayude a representar este desarrollo del
capitalismo. Primero, se prepara el terreno, en palabras teóricas, se conforman
las condiciones de posibilidad económicas
para la construcción del modo de
producción capitalista. Esto es, se cosifican
las relaciones sociales, se convierten a los bienes comunes en cosas, después en mercancías;
paralelamente, se erige la ideología,
es decir, la fabulosa máquina de
fetichización generalizada. Una vez conformadas las condiciones de posibilidad económicas, a través de los procesos
inherentes a la economía política generalizada,
por lo tanto, a la economía política
restringida a los límites de lo que el discurso moderno llama economía, la “ciencia de la producción,
distribución y el consumo”, en términos más restringidos, la “ciencia del
mercado”, se edifica la logística y la infraestructura de lo que el discurso
marxista ha denominado el modo de
producción capitalista. Siguiendo con la metáfora estructural, después o,
mas bien, en el transcurso, se erige la arquitectura del modo de producción capitalista. Y en el mismo transcurso,
paralelamente, se conforma lo que el mismo discurso marxista denomina superestructura jurídico-política.
Cuando el modo de producción
capitalista se consolida, sobre todo mundialmente, pues así funciona, en
todo el orbe tomado por la economía política generalizada, ya parte de los ecosistemas
han sido desmantelados; empero, todavía el planeta conserva sus apariencias “naturales”,
mejor dicho, ecológicas, a pesar de las redes de nichos ecológicos demográficos
de las sociedades humanas, la red comunicacional, sobre todo física, las redes
de transportes marítimos, terrestres y aéreos. Sin embargo, es en la etapa
tardía, cuando el modo de producción
capitalista generalizado, que ha desterrado a los otros modos de producción, cuando este modo de producción de la valorización
abstracta avanza demoledoramente, de manera desmesurada, desequilibrando al
máximo los ecosistemas y los ciclos vitales, convirtiéndose en una verdadera
amenaza para las sociedades humanas y las formas de vida en el planeta. La
constatación de lo que decimos aparece en los alcances que ha tomado lo que se
llama eufemísticamente “cambio climático”, alcances que se aproximan a los
umbrales mismos de lo que figurativamente nombramos apocalipsis, apocalipsis
planetario y de crepúsculo de la civilización moderna, que se clausura, empero,
pretende llevarse a las formas de vida del planeta, en su propio desaparecer.
Para lo que nos compete y nos preocupa, en este ensayo, nos focalizamos
en lo que pasa en la Amazonia y la extensión complementaria del Chaco del
sudeste de Sud América. Por eso
pasaremos a una descripción publicada, que pueda, ahora, ilustrarnos empíricamente
sobre lo que pasa. Se trata de una denuncia y relato de lo que sucedió antes y
durante la propagación de los incendios en la Amazonia brasilera.
Contratación
de operadores de motosierra y motoqueros, creación de pistas de aterrizaje
clandestinas y mucho más. Los hechos escandalosos que reveló la revista
brasileña Globo Rural ocurridos el "Día del Fuego" en la Amazonia. Así
pasará a la historia el tristemente célebre 10 de agosto de este año, cuando
comenzó un suerte de incendio simultáneos encendidos en forma mancomunada por
productores rurales de la región norte de Brasil, que consumieron miles de
hectáreas del "pulmón del mundo". Según la revista, la organización
del "Día del Fuego" empezó en el grupo de Whatsapp "Jornal A Voz
da Verdade" (Diario La Voz de la Verdad). El grupo fue creado por João
Vgas el 17 de agosto de 2016 y tiene 246 participantes, entre productores
rurales, expropiadores de tierras y comerciantes del municipio Novo Progreso,
en la provincia de Pará. De ellos, 70 aprobaron los planes del "Día del
Fuego", y entonces crearon el grupo "Sertão" - referencia al
nombre del establecimiento de Ricardo de Nadai, creador de este segundo grupo.
Hasta el final de los preparativos, el grupo llegó a tener 80 participantes. El
objetivo principal del grupo era incendiar matas y tierras estatales, y hacer
avanzar el fuego hacia la Floresta Nacional Jamanxim, una reserva de 1,3
millones de hectáreas. Su objetivo era alcanzar la Tierra del Medio, escenario
de los mayores conflictos de tierras en Brasil. La revista Globo Rural relevó
que al menos cuatro miembros de ese grupo ya fueron presos por crímenes
ambientales. Antes de provocar el fuego, varias áreas fueron previamente
desmatadas. Globo Rural entrevistó a un operador de motosierra que afirmó que
"nadie se quedó sin tarea". Personas fueron traídas de otras regiones
de la Amazonia e incluso del Nordeste para realizar la acción ilegal. El
procedimiento de este tipo de acción criminal es primero desmotar y después
quemar. Esta acción predatoria de la naturaleza contó incluso con pistas de
aterrizaje clandestinas para desembarcar gente para la destrucción de la
floresta. El 10 de agosto, motoqueros contratados por el grupo atizaron el
fuego en los márgenes de la ruta BR-163. Todavía no se sabe si este grupo puede
haberse organizado con otros grupos. Sin embargo, todos vieron el resultado:
una nube de humo que cubrió el país, y hasta pudo ser vista desde satélites. La
misma nube que cubrió San Pablo e hizo atardecer a las tres de la tarde.
El 7
de agosto, tres días antes de esas quemas, el fiscal local Gustavo de Queiroz
Zenaide avisó lo que estaba por ocurrir al gerente ejecutivo del Instituto
brasileño del medio ambiente (Ibama) de la localidad de Santarém, Roberto
Fernandes Abreu, a través de un oficio. Este aviso vino a través de un
documento oficial protocolado por el Ibama de Santarém el 8 de agosto. En él
Gustavo escribe: "productores rurales planifican realizar una quema en la región del municipio de Novo Progresso el 10 de agosto de 2019 como forma de
manifestación". A pesar de todo esto, durante todo el período, el gobierno
de Bolsonaro intentó negar la existencia de las quemas, siendo luego desmentido
por las nubes de partículas y hollín que cerraron los cielos de San Pablo. La
política de Bolsonaro de deslegitimar los datos del Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), o intervenir el
Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), no solo encubre sino defiende
los intereses de estancieros, apropiadores de tierra y latifundistas. Él y sus
ministros, defensores de que el calentamiento global no existe, en el fondo,
por su verborragia irracional, tiene un programa bien claro y extremadamente
comprensible por cualquier persona racional: transformar todas las riquezas
nacionales en ganancia capitalista, tirar a la basura el futuro del país, el
futuro de la juventud, atacar a los pueblos indígenas, fortalecer los
asesinatos en el campo, la persecución a los Sin Tierra y terminal con los
derechos de los trabajadores.
La
transformación de esa realidad pasa por un cambio radical de la sociedad en que
vivimos. No hay conciliación histórica posible entre una producción volteada
hacia la ganancia - cuya dinámica inexorable es la acumulación capitalista - y
cualquier cosa parecida a la utilización racional y ambientalmente correcta de
los recursos. Solo la organización de una sociedad emancipada de las garras del
capital, y por lo tanto con base en los productores libremente asociados podrá
superar la explotación predatoria de la naturaleza, la crisis ambiental y la
miseria social a la que estamos sometidos[1].
La
descripción no podría ser más elocuente, teniendo en cuenta los detalles mismos
de la organización de la destrucción de los bosques amazónicos. La incumbencia
y complicidad operativa del gobierno de Jair Bolsonaro se hace patente en el
comportamiento político del ejecutivo, pero también en la modorra de los
órganos de poder del Estado. La única que reacciona ante las atrocidades del
ecocidio es la sociedad brasilera, el pueblo brasilero y los pueblos indígenas
amazónicos, además de los institutos de investigación científica. En contraste,
se evidencia con mayúsculo descaro el cinismo grotesco de un gobierno sin
horizontes, además de los estratos más conservadores y recalcitrantes de la
estructura social brasilera. Se hace patente el despropósito de destruir para
obtener las ganancias anheladas por estos estratos de una burguesía sin
escrúpulos, que apuestan al goce inmediato, goce banal, por cierto, de la obtención
de ganancias y hasta de super-ganancias, a costa de la desaparición misma de
los ecosistemas, las formas de vida, los ciclos vitales integrados del planeta.
Estamos, como
dijimos antes, ante los síntomas
mismos no solo del apocalipsis, sino también
ante el desborde descomunal de la decadencia.
De la decadencia generalizada en todos sus niveles y planos de intensidad; el
institucional, sobre todo, estatal, el relativo al funcionamiento de la economía-mundo, en plena dominancia del
capitalismo financiero y especulativo; el de los campos sociales, manifestado en la asombrosa descohesión social, entre sus síntomas,
el desprecio a la vida. La decadencia
del sistema-mundo cultural de la
banalización generalizada; el derrumbe ético y moral. Además, se evidencia
lo que podemos nombrar mediocridad generalizada,
sobre todo en los perfiles de los personajes de las castas políticas
gobernantes.
El problema
no solo es que se ha llegado a grados demasiado intensos de la crisis múltiple social, política,
cultural y económica, sino que los efectos irradiantes parecen irreversibles. La
muerte de las especies y de los seres orgánicos, la muerte de los ecosistemas,
la muerte misma de la humanidad de la humanidad, de las sociedades
humanas, aunque en una tortuosa dilatación; la muerte de los horizontes, que se pliegan hacia
adentro, hacia un centro abismal, que aparece como agujero negro; muertes que patentizan lo irreversible de estas
fatalidades, de estas tragedias, de este vaciamiento de la potencia creativa de
la vida.
Ahora bien,
lo que pasa en la geografía política de Bolivia no es distinto de lo que pasa
en Brasil, salvo las singularidades
del acaecer particular en las formaciones
sociales diferenciales. Que Evo Morales exprese el perfil simbólico de la convocatoria del mito, encarnada en la
simbolización del poder convocante del caudillo, y Jair Bolsonaro exprese el
perfil deslucido y gris de un anacrónico
fascista criollo, hace solo a la diferencia de las formas de presentación de
los mismo, del desenvolvimiento demoledor de la geopolítica del sistema mundo capitalista en la extensión diferencial
de las periferias y de su evolución, en algunos casos, a lo que se denomina, por
la burocracia mundial, “potencias emergentes”. Ambos presidentes, uno, de un país
anclado en el modelo colonial
extractivista del capitalismo dependiente, el otro, de un país que se
vanagloria, en sus estratos elitistas, de ser “potencia emergente”, son los
dispositivos simbólicos, en el teatro político, del demoledor desarrollo
capitalista, en la modernidad tardía, cuando domina el mundialmente capitalismo
financiero y especulativo.
Otra descripción,
esta vez de lo que acaece en Bolivia, es ilustrativa empíricamente de la destrucción
ecológica para dar lugar al desarrollo desigual capitalista en la geopolítica del sistema-mundo moderno.
La descripción publicada parte de las metas propuestas por la forma de gubernamentalidad clientelar del
“gobierno progresista”. Para seguir con las consecuencias desastrosas de la
persecución anodina de estas metas, por personajes políticos gobernantes, que,
a pesar de que se reclamen “progresistas” y hasta “socialistas del siglo XXI”,
es más, partidarios del “socialismo comunitario”, son, efectivamente, operadores
de las estructuras de poder dominantes en el orden mundial, el imperio, y agentes encubiertos de las
empresas trasnacionales extractivistas.
El Gobierno plantea llegar a 13 millones de hectáreas
cultivadas en 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
advertía, en 2012, señaló que las áreas agrícolas disponibles en el país serían
de sólo 8,9 millones de hectáreas. La observación pertenece al investigador del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique
Ormachea, quien observa que la medida beneficiará a los agroindustriales y que el
engrosamiento de la frontera agrícola implica destruir terrenos de vocación
forestal. “El estudio Compendio Agropecuario 2012, publicado por el Ministerio,
señala que el total agrícola disponible (es decir la sumatoria de la superficie
cultivada, barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola) alcanza a 8,9
millones de hectáreas, es decir, sólo el 8,1 por ciento del territorio
nacional”, señala Ormachea. El investigador, con base en el estudio del
Ministerio, añade que si a estos 8,9 millones se restan las tierras que ya
están siendo cultivadas y aquellas en barbecho o descanso, las tierras con
potencial agrícola se reducen a la mitad, es decir a 4,5 millones. Ormachea
resalta que en la medida en que la política gubernamental acordada con los
agroindustriales está destinada a la producción de biocombustibles, es decir a
potenciar los cultivos de caña de azúcar y soya, las tierras con potencial
agrícola en Santa Cruz, Beni y Pando alcanzan a sólo 2 millones de hectáreas. “Como
se puede inferir, una ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de
hectáreas supone sobrepasar ampliamente estos límites, por lo que el incremento
de la frontera agrícola se expandirá a áreas de clara vocación forestal del uso
del suelo, que incluyen los territorios indígenas, seguramente con resultados
productivos de muy corto plazo, pero no sustentables a futuro; lo que ocurre
hoy en la Chiquitanía expresa esta obsesión gubernamental”.
Ormachea señala que Bolivia se sitúa entre los países con
menores rendimientos agrícolas de la región y con distancias abismales con
relación a la productividad alcanzada por los países desarrollados. En el
período comprendido entre 2005/2006 y 2016/2017, es decir durante el “proceso
de cambio”, los rendimientos promedio anuales apenas sufrieron un muy ligero
incremento de 4,76 toneladas métricas por hectárea a 4,96. Se requieren, por
tanto, políticas públicas orientadas a mejorar sustancialmente la
productividad”. El investigador plantea que, considerando la propuesta gubernamental
de lograr 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas
métricas hacia 2025, en realidad se retrocede en productividad, pues se
alcanzaría un rendimiento de sólo 3,46 toneladas métricas por hectárea. “Gran
regalo del MAS para celebrar el bicentenario de Bolivia, a costa, obviamente,
de sus bosques y su biodiversidad”.
El estudio cuantifica 90 mil kilómetros cuadrados como la
totalidad de superficie agrícola disponible. Unos 27.500 kilómetros cuadrados
corresponden a la superficie cultivada. Hay otros 45 mil kilómetros cuadrados
con potencialidad agrícola. La mayoría está en Santa Cruz, con 15 mil
kilómetros cuadrados. Pando tiene 6 mil. Algo más de 9.500 kilómetros están
reservados como zonas de descanso[2].
Otra
descripción empírica también ayuda ilustrativamente a comprender los alcances
de la fenomenología apocalíptica de
la destrucción capitalista, sobre todo, en una de las periferias de la geopolítica del sistema-mundo moderno. Se
enfoca la trágica situación en el Chaco húmedo boliviano, sobre todo en la geografía
administrativa denominada Chiquitana.
El
incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la
distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) ha negado que se haya dado permisos de asentamientos en
las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen
a esa repartición del Gobierno central. Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA
entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades
interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y
gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se
vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y Amazonía del
país. Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agroecológica
Marcelo Quiroga Santa Cruz adjudicada con 650 hectáreas de tierra y la
Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San
Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San
Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael. Posteriormente,
en marzo, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades
colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de
Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las
provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz. Otro
documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de
Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos
por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un
proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.
El
director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera
aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que
hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de focos
de calor redujeron, supuestamente, un 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados. “Nosotros
desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor
hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos
desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”. Sin
embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de
Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume
comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de
hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía. Entre
Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas
con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré,
específicamente, se encuentran la Comunidad Campesina Agroforestal Aguas Claras
y la Comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de
2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por existir
ahí una reserva natural. Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el
tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados en la
Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos.
También se muestran en imágenes carteles de las comunidades interculturales con
nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores”, hasta “Comunidad Evo Morales”. El
director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que
decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente
todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no
se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto
no se tenga todo este desastre controlado”.
Para
el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por
el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el
70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas
agropecuarias. Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los
incendios afectan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San
Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez. La Fundación Tierra
calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía, desde
el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que
promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales. El investigador
y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS),
Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las diez normativas
elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera
agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios
indígenas. Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del
consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la
Ley 337 de 2013, que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales
desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de
julio de 2019, que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en
tierras comunitarias en ambos departamentos. “Se debe cambiar el modelo
productivo agroextractivista, que supone la liquidación de los bosques
nacionales”. La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con
el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión
agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas
de Brasil. La Chiquitanía, en un mapa elaborado por esa organización, se encuentra
justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta región
amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.
En
marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras,
Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de
Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos,
conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos. “De estas
26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000
hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que
ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”. El 9 de
julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el
mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a
las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había
aprobado para la acción de los interculturales meses antes. El anterior decreto
26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la
Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas
y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras
comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas”
o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz. Con el siniestro de la
Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo,
las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la
redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores
corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo
Morales. Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el
siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en
este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada
entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos[3].
Lo sugerente de estas descripciones empíricas
es que nos muestran las correlaciones y vinculaciones entre dispositivos jurídicos
y políticos con los desplazamientos de la destrucción ecológica. Por otra
parte, es importante anotar, que proporcionalmente, la magnitud de la
destrucción de la Amazonia es relativamente mayor en Bolivia que en Brasil. El
aditamento, un tanto distinto a lo que ocurre en Brasil, es que el gobierno
boliviano se presenta como “defensor de la Madre Tierra”, aunque, ciertamente,
desde el conflicto del TIPNIS y la evidencia de la Cumbre de Naciones Unidas de
Cancún se ha caído la careta; en cambio, el gobierno fascista criollo brasilero
se presenta descarnadamente tal como es, incluso en sus propios discursos desnudos
y provocadores. Empero, este contraste
complementario nos muestras que es inocuo tratar de diferenciar a los gobiernos
por la forma ideológica con la que se
presentan, pues, al margen de que esto tenga efectos en la convocatoria
discursiva a los pueblos, se trata de dispositivos discursivos diferenciales al
servicio de lo mismo, el funcionamiento de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, en su etapa tardía y de
dominancia del capitalismo financiero y especulativo.
En Bolivia, se ha tratado de presentar los incendios
como un accidente, en el mejor de los casos, como un descontrol del chaqueo, que
estaba normado como “quema controlada”, en el peor de los casos, en su forma grotescamente
manipuladora, como una extensión casual de los incendios dados en el Brasil y
en Paraguay. Sin embargo, esta versión oficialista cae por su propio peso, pues
no puede ocultar ni las políticas extractivistas del gobierno, tampoco sus
dispositivos jurídicos, leyes, normas, reglamentos, que alientan la ampliación
de la frontera agrícola, incluso avanzando en áreas de vocación forestal. Por
otra parte, no pueden ocultar lo que efectivamente ha ocurrido, la entrega de
tierras a “comunidades” de colonizadores, mal llamados “interculturales”, además
de las concesiones dadivosas a la burguesía agroindustrial de la soya y también,
en su desenvolvimiento, del añorado biocombustible, acompañado por la promoción
de los transgénicos.
En otras palabras, observando lo que ocurre en
Sud América, en la álgida coyuntura de
crisis ecológica del presente, lo que acaece en la Amazonia, tanto
brasilera como boliviana, así como en la Amazonia peruana, además de lo que
acaece en el Chaco paraguayo, corresponde a los costos de muerte ecológica del
desarrollo del capitalismo en su etapa tardía, es decir, financiara, especulativa
y desbordadamente extractivista. Que se den perfiles de gobierno distintos, en rostros
diferentes de presidentes, no sugiere otra cosa que el desenvolvimiento destructivo
del capitalismo puede darse en distintas versiones políticas.
Conclusiones
1.
Las máquinas
ecocidas, que son las máquinas capitalistas, además, en su contexto mayor, máquinas de poder, despliegan, en plena
modernidad tardía, cuando se combinan barrocamente, una vinculación perversa de tecnologías
de última generación con la destrucción atroz de las formas de vida en el
planeta, son máquinas de guerra sofisticadas
de la civilización moderna contra la vida.
2.
El funcionamiento
de estas máquinas corresponde a la heurística depredadora del sistema-mudo capitalista, sobre todo, en
la etapa de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y
demoledoramente extractivista.
3.
La crisis ecológica es planetaria, no está focalizada en
algunas regiones o espacios cardinales del planeta. La diferencia radica en
que, desde la perspectiva de la geopolítica
sistema-mundo capitalista, las regiones de las periferias tiene que pagar, fuera del desarrollo desigual y combinado y la desigualdad diferencial de los
términos de intercambio, además de la
proletarización generalizada de sus poblaciones, con la destrucción sistemática
e irreparable de sus bosques y de sus suelos.
4.
En Brasil, el proceso de la destrucción ecológica, que,
obviamente comenzó antes, y comprometió a los “gobiernos progresistas” del PT,
ha cobrado una desmesura descomunal en el gobierno de Jair Bolsonaro. En
Bolivia, en la tercera gestión de los gobiernos de Evo Morales Ayma, también denominado
“progresista”, la desmesura descomunal de la destrucción ecológica cobra apocalípticamente
magnitudes escalofriantes.
5.
La alianza de los gobiernos del PT fue desplazándose,
paulatinamente, con los distintos estratos de la burguesía, primero con la burguesía
industrial, lo que es comprensible, después, con los estratos burgueses mas
bien especulativos. El gobierno de Jair Bordonero, a pesar del perfil
desnudamente fascista criollo, puede leerse como continuidad de lo que se venía
proyectando, a pesar de la diferencia en las políticas sociales, de salud y del
trabajo. En otras palabras, las gestiones corrosivas de los últimos gobiernos
del PT cavaron la sepultura del proyecto “progresista”. En circunstancias catastróficas de crisis múltiple
del Estado, en el contexto coyuntural del derrumbe ético y moral del proyecto
progresista, emerge, casualmente, un personaje altamente anacrónico, de los
estratos de la lumpen-burguesía, aliada, por cierto, a los estratos recalcitrantemente
conservadores de la oligarquía “café con leche”.
6.
La alianza del gobierno de Evo Morales con los estratos
más conservadores de la burguesía boliviana, sobre todo con los estratos más
depredadores, patentiza no solamente el decurso de la genealogía del poder del “gobierno progresista”, sino la fatalidad
ineludible del circulo vicioso del poder
y del modelo colonial extractivista del
capitalismo dependiente.
[1] Leer Escándalo:
cómo se organizaron las criminales quemas en la Amazonia.
https://www.laizquierdadiario.com/Escandalo-como-se-organizaron-las-criminales-quemas-en-la-Amazonia?utm_content=buffer38388&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2nNkuHaKiRbqsmn7Y_VVznyCfjcGQ0SzIaWHx7iDW9lv6YJLDlj6_uOtk.
[2]
Leer Cedla: Gobierno pasa por alto sus cifras para la frontera agrícola. https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/cedla-gobierno-pasa-alto-sus-cifras-frontera-agricola.
[3] Leer Siniestro de
la Chiquitanía destapa masiva distribución de tierras del oriente para
interculturales. http://www.visorbolivia.com/noticia/5656.
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