PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA TORTURA

COALICIÓN CONTRA LA TORTURA

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICION CONTRA LA TORTURA

26 de junio – Día Internacional de las NNUU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura DETENCIÓN PREVENTIVA Y TORTURA

Si bien vivimos en tiempos de Democracia, la tortura sigue vigente en nuestro país, en formas diversas y manifestando graves secuelas. De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Subcomité respectivo realizó su segunda visita a Bolivia en mayo de 2017 y sacó conclusiones alarmantes de sus visitas a las cárceles.

Como primer punto a rescatar en ese valioso informe, el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) no puede cumplir con los requerimientos del Protocolo Facultativo. Citando el informe: “En relación a la metodología de trabajo del SEPRET, el Subcomité notó que el organismo ponía un énfasis desproporcionado en las condiciones materiales de detención, no entrando en detalle en eventuales alegaciones de tortura y malos tratos”. Esto se debe en gran parte a que el SEPRET no tiene la independencia institucional necesaria del Ministerio de Justicia que le permita denunciar al Estado. En este panorama funesto, en el que se perpetúa la tortura, el SEPRET no es lo suficientemente libre como para evitarlo.

En la actualidad, surgen nuevas formas de tortura, tan dañinas ―a nivel de secuelas― que merecen tanta atención como las que ya se reconocen desde hace mucho tiempo. Entre ellas, el más crítico y frecuente en nuestro país, es el abuso desmesurado de la detención preventiva. Al respecto, el Subcomité urge al Estado a formular una política criminal con atenta mirada a la vulnerabilidad y los derechos humanos, rechazando una aplicación generalizada de la detención preventiva en favor de una justicia restaurativa reparadora. Todo ello teniendo en cuenta que la gran mayoría de las detenciones preventivas conciernen crímenes de bagatela (según destacan los comisionados) de personas sin antecedentes criminales. En la práctica, la detención preventiva sigue constituyendo la regla, a pesar de su carácter excepcional.

La justicia boliviana está repleta de resoluciones infundadas, sobornos, amenazas e incluso torturas. El sistema de justicia carece de los recursos y mecanismos que se requieren para realizar una investigación rigurosa y objetiva. La adherencia al procedimiento de obtención y valoración de pruebas es virtualmente inexistente, haciendo de la confesión la panacea de todo juicio penal. Se ha documentado la existencia de una perversa alianza entre la policía y los operadores de justicia, misma que expone al presunto culpable a formas de tortura y/o de amedrentamiento para someterla y “ablandarla”. ¿Para qué molestarse en romper las cadenas de este esquema para presentar un argumento jurídicamente fundado y basado en pruebas fehacientes?

El “Informe sobre el estado de la Justicia 2018”[1] subraya que solamente un microscópico 0,35% del presupuesto total del Tesoro General de la Nación (TGN) se proporciona al Órgano Judicial, haciendo que el Estado también sea responsable de esta situación. Por su parte, de acuerdo a la ética jurídica, los abogados se encuentran legalmente obligados a “defender con lealtad y eficiencia” los intereses de las personas y a “observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico”, al contrario, se aprovechan de las debilidades del sistema en el que trabajan y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los procesados prometiéndoles la liberación y exigiendo honorarios imposibles.

El problema de esta situación es la cantidad de presos preventivos y la duración indefinida de su detención. Los daños psicológicos y físicos, además de políticos, económicos y sociales son graves para la víctima y repercuten en el entorno familiar, persistiendo más allá de su liberación. Las personas detenidas sin justificación ni condena, privadas hasta de sus derechos humanos más elementales, se hallan en un estado alarmante de impotencia, desesperación y depresión. El solo hecho de encontrarse en detención preventiva representa un fuerte golpe a las probabilidades de absolución o siquiera de un justo enjuiciamiento de la persona acusada. Como se muestra en la tabla siguiente, la detención preventiva da lugar a una serie de alarmantes irregularidades procesales que se acumulan en tanto tratos crueles, inhumanos y degradantes, hasta llegar a calificarse como tortura, en contravención de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Nos encontramos frente a una serie de nuevas formas de tortura que comparten una misma finalidad: la destrucción de la persona humana.

N° de casos tratados por el ITEI entre 2016 y 2018	Violación a los derechos humanos sufrida
52	Falta de respeto a la presunción de inocencia
48	Retardación de justicia
42	Extensión de la detención preventiva a un período mayor a 6 meses
15	Allanamientos ilegales
14	Amenazas de la policía para obtener información/confesiones
14	Tortura física
12	Amenazas dirigidas a abogados de defensa
10	Extensión de la detención preventiva a un período mayor a 3 años
7	Acumulación de juicios
7	Desconsideración de necesidades médicas durante el juicio
5	Amenazas a la familia de la víctima

La desesperación que experimenta la persona detenida conlleva en numerosos casos secuelas traumáticas. Sin embargo, no se limita al sufrimiento psicológico, allí donde emerge todo un abanico de dolencias físicas, tales como artritis, hipertensión, asma y problemas cardiacos. A su vez, los medios de comunicación suelen señalar lo que ellos consideran cierto, sin pruebas válidas de por medio, vulnerando el derecho a la reputación y dañando familias enteras, en particular a niños y niñas.

La gran mayoría de los funcionarios judiciales ignoran las condiciones que se sufren dentro de la realidad que son las cárceles bolivianas. Si, acorde a las palabras de Nelson Mandela, hay que juzgar a las naciones por cómo tratan a sus reclusos, la mirada extranjera debería juzgar severamente las acciones del Estado boliviano (tal y como lo hizo el Subcomité). De tal manera, se ha hecho de la detención preventiva una medida habitual, allí donde ha instaurado una operación automática e injustificada, creando un alarmante nivel de hacinamiento, que ahora alcanza un 330%. Literalmente, los presos ya no caben en las celdas y los sufrimientos biopsicososiales ya no caben en sus mentes ni en sus cuerpos. El Estado debería estar avergonzado, así como también los jueces, fiscales y abogados que permiten que esta nueva forma de tortura (que a su vez promueve la vulnerabilidad a otras numerosas formas de tortura) continué. 

Por lo expuesto, necesitamos ―ahora más que nunca― una nueva especie de operadores de justicia, que sean:

- Honestos y competentes con una mentalidad y ética profesionales;

- Respetuosos de las debidas garantías procesales (con la finalidad de la administración de la justicia);

- Defensores en contra de todo tipo de tortura y de malos tratos como método de investigación;

- Abyectos a las tentaciones de soborno, a las presiones políticas, económicas y mediáticas;

- Exigentes de las condiciones y la independencia necesarias para velar por el debido proceso.

Las organizaciones de la Coalición Contra la Tortura ―con el respaldo del citado informe del Subcomité― recomienda las siguientes acciones a seguir para las autoridades bolivianas:

- Que instituyan a prontitud un mecanismo nacional de prevención que goce de una total autonomía financiera y funcional en el ejercicio de sus funciones;

- Que otorguen al mecanismo nacional de prevención los recursos suficientes para desempeñar su labor con eficacia;

- Que sigan detenidamente las demás condiciones exigidas en el Protocolo Facultativo y en sintonía con las directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención;

- Que aseguren una nueva legislación que tipifique la tortura y otros malos tratos en concordancia con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

ADHESIONES INSTITUCIONALES

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal – ITEI Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz

Comunidad de Derechos Humanos Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo

Adesproc Libertad GLBT

Libertades Laicas Red Iberoamericana CLADEM Bolivia Colmena Juvenil

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL)

Jumampi Lurata

Consorcio Boliviano de Juventudes CONBOJUV

Mesa Departamental de Derechos Sexuales y Reproductivos

Red de Lucha contra la Violencia de Sucre

Comunidad de Productorxs en Artes (COMPA)

Asociación de Residentes y Refugiados Peruanos en Bolivia (ARPEBOL)

Católicas por el Derecho a Decidir

Psinergia

Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos Chuquisaca - CESATCH

Colectivo Rebeldía

Igualdad LGBTI

 ONG Realidades            

ADHESIONES PERSONALES

Patricia Brañez Miriam

 Granados Troche

Dirk Schmidt

Karina Flores de Schmidt

Jesús Loor

Carla Pamela Martínez Portugal. C.I. 4886786 L.P.

Paola Lorena Barriga Machicado

Roberto Peredo Palacios

José Luis Pardo Donoso

Eduardo León Arancibia

Marta Ticona

Dr. Eusebio Vera Apaza

Kathia Saucedo Paz

Wendy Cornejo

Patricia Guadalupe Flores Salinas

Karina Alcón Miranda. C.I. 9116412 L.P.

Gonzalo Sanjinés. Miembro del Comité Impulsor hacia la Cumbre Social. Presente en la lucha de los productores de coca.

Jenny Ybarnegaray Ortiz C.I. 2335810 L.P.

Alberto Moscoso

Angélica Siles Parrado C.I.477200 L.P.

Gloria Elizabeth Landaeta Rodriguez, C.I. 963852 - Cochabamba.

Edgar Cadima Garzón C. I. 385549 L. P.

Oscar Bravo E.

Aggy Gonzáles

David Inca Apaza. Activista promotor y defensor de los DDHH, fundador de la APDH Omasuyos Lourdes Sansetenea

Carlos Derpic Salazar C.I. 1271460 Pt.

Jhiery Fernández Sumi C.I. 4023781 Or.

Morelia Mamani Callisaya

Gloria Mendieta Ivica Tadic Pereira C.I. 2847294 S.C.

Jakelyn Liberata Tintaya Callisaya

Dominique Turpo E-4910558

Roxana María Cuevas Seláez

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[1] “Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018”, elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, apoyado por la Unión Europea y la Fundación para el Debido Proceso, publicado abril de 2019.