Consideraciones sobre la coyuntura de transición
Consideraciones sobre la coyuntura de transición
Raúl Prada Alcoreza
Consideraciones conceptuales y
descriptivas generales
El teatro político es un espectáculo
para seducir al público, para hacerle creer que esa es la “realidad”, la de la
narrativa política. Haciéndole olvidar la realidad efectiva, que es la sociedad
la que coloca los andamios del espectáculo, cada vez es más decadente.
La casta política es el estrato de la
sociedad que usurpa la voluntad general, conglomerado dinámico de las
voluntades singulares, por medio del mecanismo institucional de la
representación y delegación. Se convierte en “clase” dominante en el campo
político.
La madurez del pueblo se expresa en el
uso crítico de la razón, su facultad iluminadora y orientadora. Cuando inhibe
esta facultad y busca un amo, un patriarca, un Caudillo, un representante, es
inmaduro, un sujeto dependiente, un subordinado sin voluntad propia.
La democracia plena es el autogobierno del pueblo, la
democracia restringida y formalizada, es la democracia representativa y
delegativa. Los estados modernos, es decir,
las repúblicas, aunque se denominen Estado Plurinacional, son democracia institucionalizada.
La democracia institucionalizada tiene como referente la Constitución y
tiene como arquitectura la malla institucional y las prácticas del ejercicio
democrático. Como substrato para su funcionamiento se suponen las prácticas
emergidas de la ética, el sentido de valores. Precisamente lo que falta en las
prácticas de la casta política es este substrato ético, también las prácticas
consecuentes con la estructura institucional, así como con la constitución. Por
lo tanto, la casta política, con sus prácticas, demuele la democracia. Recuperar
el ejercicio de la democracia es ejercer el control social sobre el quehacer de
la casta política. En Bolivia mucho más, es ejercer la participación y el
control social, el ejercicio de la democracia participativa, directa,
comunitaria y representativa.
El concepto de transición, que viene del latín transitĭo, corresponde a la acción
y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica
un cambio en un
modo de ser o estar. Por lo general se entiende
como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La transición
supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Por ejemplo, se
habla de transición política para
hacer referencia a las etapas sucesivas que se viven en un país durante el
cambio de un sistema por otro. Se ha hablado de la transición a la democracia haciendo
referencia a cuando un régimen militar llega a su fin y comienza a
desarrollarse el ejercicio de la democracia. En este tipo de transiciones,
se ha dado lugar a que convivan, en los primeros momentos, elementos de ambos regímenes.
Por ejemplo, pueden darse elecciones libres, por una parte y por otra conservarse
los jueces designados por la dictadura.[1]
En Bolivia se habla recientemente de transición política al referirse al gobierno de transición, por medio de
sustitución constitucional, después del derrocamiento del régimen clientelar de
Evo Morales Ayma, por parte de la movilización social de resistencia
democrática. En todo caso habría que
preguntarse: ¿Transición a dónde? ¿De la forma de gubernamentalidad clientelar
a qué forma de gubernamentalidad? ¿Otra vez neoliberal? ¿Otra vez neopopulista?
Empero, no hay que olvidar que esta transición se da en el marco de la
Constitución vigente, Constitución del Estado Plurinacional Comunitaria, por lo
tanto, en el marco de lo que debería ser dicho Estado; realización no cumplida
por el régimen clientelar de Evo Morales Ayma, pues lo que ha hecho es restaurar
el Estado-nación, cambiarle de nombre, asumiendo como máscaras los símbolos
oficiales, en forma de barniz, del Estado Plurinacional. Entonces, mientras tengamos
como marco y referencia jurídico-política a la Constitución, el gobierno que
salga de las elecciones también está obligado a cumplir con la Constitución. Sabemos
que puede ocurrir, como en el gobierno neopopulista, mantener una conducta de
simulación mientras se desacata a la Constitución. Sin embargo, mientras la
Constitución sea el referente, lo que se devela es la inconstitucionalidad de
los gobiernos, si esto vuelve a acaecer.
Entonces, ¿de qué clase de transición estamos hablando? ¿Una transición
incierta? Por lo tanto, más que transición parece ser todavía,
mientras no haya un cambio de situación, de condición, del estar y del ser,
un puente cuyo final no vemos pues está atravesado por una niebla densa. Una transición
incierta o una repetición de lo mismo en el circuito interminable del
círculo vicioso del poder. En La revolución truncada dijimos que se
culminó el ciclo de la forma de gubernamentalidad clientelar,
concretamente el ciclo de las gestiones de gobierno de Evo Morales, que este
ciclo viene marcado por simetrías opuestas; una de ellas es que el gobierno de
Evo Morlales, producto de la victoria electoral, asciende montado en la
movilización prolongada (2000-2005), y que su caída también viene marcado por
otra movilización, la revolución pacífica boliviana, acompañada por la
reacción violenta y desesperada de las masas afines, que todavía creen en el
proceso de cambio, truncado, en pleno contexto subjetivo de desconcierto. El episodio trágico de Senkata, donde se
encuentra la planta de de YPFB, aparece tanto cuando cae el gobierno neoliberal
de Gonzalo Sánchez de Losada, así como cuando cae el gobierno de Evo Morales,
pero inmediatamente después, no antes, como en el caso anterior; esta vez para
defender al caudillo derrocado y, después, para pedir la renuncia de la
presidenta de la sustitución constitucional, derivando esta movilización en el
acuerdo de pacificación entre las organizaciones sociales y el gobierno de
transición. Hay otras simetrías opuestas, en la coyuntura álgida del derrocamiento
del caudillo; empero, también interesa mostrar así mismo analogías repetitivas
en la coyuntura de transición, sobre todo después de la postulación a la
presidencia de Janine Añez. Tanto Evo Morales como Janine Añez no cumplen con
su palabra, a pesar de decir que no se postularan, lo hacen. Los partidarios de
ambos los empujan a una continuidad insalubre, a pesar de las promesas, que no
se cumplen. Lo que se repiten son ciertas prácticas de poder, aquellas que
tienen que ver con el reproducir disposiciones de poder a la sombra del
caudillo, en un caso, a la sombra del nuevo referente presidenciable.
En esta perspectiva podemos señalar otras continuidades en el gobierno de
transición; por ejemplo, lo más importante, la continuidad en el modelo
colonial extractivista del capitalismo dependiente, modelo que también
compartieron los gobiernos neoliberales, incluso los gobiernos anteriores, solo
que con distintos discursos y estilos a los efectuados por el gobierno neopopulistas.
Sumando a esta continuidad depredadora, podemos señalar la continuidad de las políticas
ecocidas; el gobierno de Janine Añez no abroga el decreto ecocida del gobierno
de Evo Morales, que avala la expansión demoledora de la frontera agrícola, incinerando
bosques y arrasando ecosistemas. Así mismo, se ha notado, aunque en menor
grado, nepotismos reiterados.
Volvemos a la pregunta de cómo funciona el poder, cómo funcionan las
máquinas de poder.
¿Qué es el poder?
En ¿Qué es el poder y cómo funciona? escribimos:
Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado
a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está
enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la
consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que
fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que
recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada
manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la
experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar
las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas
que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos
masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.
El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración
de justicia funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin
embargo, la experiencia destaca ampliamente los
contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la
práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya
creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por
lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca
convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del
convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su
destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de
la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin
contar con las condiciones de posibilidad para serlo.
Si hay administración de justicia en el Estado moderno es
para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento
de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es
la legitimación; por eso lo hace, por cumplir
con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es
así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando
no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición
ideal del
Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.
A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular,
de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos
constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder.
Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos
ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos
jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan
como referente del discurso político; el poder funciona a través de los
engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de
poder.
Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa
en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de
distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de
manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y
desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento
del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las
dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal.
Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no
desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer.
Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo
que no se acata ni se cumple.
Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de
variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a
la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta
ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la
vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por
inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es
precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías
del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas
tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y
enunciativa jurídico-política.
¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas
y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento
del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio
político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de
cosas,
las situaciones problemáticas que
aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica
jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de
las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de
poder,
a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.
En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo
que podemos llamar el descalabro del ejercicio del
poder,
del ejercicio de la política, del ejercicio de
la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de
poder requiere
de cierta congruencia entre los planos de
intensidad donde se desplaza, entre los campos
sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado,
entre las interacciones entre Estado y sociedad.
Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la
mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos
críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a
exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa
a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos,
en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento
del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de
poder;
se averían y pueden colapsar.
Ya no se trata de la crisis múltiple del
Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis
técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de
poder,
de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis
técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e
interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar
como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se
trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis
técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado
de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin
embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir,
lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento
del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis
técnica del Estado.
¿Por qué se llega a una situación de crisis
técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple
del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta
política en el gobierno. No es el perfil personal de los
gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro
de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles
personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la
parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis
estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de
gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo
directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos
patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para
cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en
las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no
institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad
clientelar hace uso del Estado como dador de
prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria
estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato
maquínico.
Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus
capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro
la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se
diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en
la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina
social, política y económica. Puede que la máquina
social tenga
más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales;
sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.
La ideología populista, para hablar de una manera
general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades,
cree, por eso se siente segura, que la convocatoria
popular basta
para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un
error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder.
La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento
maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de
disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de
fuerzas,
como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de
guerra,
sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal.
Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria.
Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de
la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria
del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal,
sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la
maquinaria estatal.
Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo
del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento
de la máquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del
poder.
Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el
uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona
lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de
gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al
abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una
exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción
retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la
maquinaria estatal.
Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía
de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis
técnica del
Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la
crisis del
Estado-nación por las prácticas de la forma de
gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a
ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica”
por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis
del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la
demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas
comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado[2].
Transición incierta y el círculo vicioso del poder
La coyuntura de la transición electoral muestra una continuidad de la
crisis constitucional, institucional y del fraude electoral, de la coyuntura
anterior. La continuidad consiste en la persistencia de la crisis política,
signada, sobre todo, en la crisis estructural de los partidos políticos. Los
operadores políticos están muy lejos de siquiera aproximarse a los
desenvolvimientos de la potencia social, desplegada durante el conflicto
de la revolución pacífica boliviana y la reacción social, que se sucedió
en pleno desconcierto, de los sectores sociales afines al Movimiento al
Socialismo (MAS).
El gobierno de Janine Añez ha dejado de ser “gobierno de
transición” para convertirse en un gobierno de la continuidad inconstitucional.
Cómo el anterior gobierno, pisotea la Constitución. El pueblo, el soberano,
tiene la responsabilidad de defender la Constitución. La presidenta de “transición”
se ha dejado manejar por una fraternidad de machos. La fraternidad masculina
conservadora, beneficiada por el gobierno del Caudillo déspota. El círculo
vicioso del poder continúa la reproducción de la casta política, domina
al pueblo por la simulación. El delito
constitucional múltiple es no cumplir con la Constitución del Estado
Plurinacional Comunitario y Autonómico, con el Sistema de Gobierno de la
Democracia Participativa, Directa, Comunitaria y Autonómica. Postularse en una
coyuntura álgida de transición. Se repiten no solo continuidades
perversas del poder, a pesar de las diferencias ideológicas; lo sorprendente,
hasta las mismas frases y hasta los mismos horarios, ritmos de la demagogia.
Podemos hablar de la eterna “traición” al pueblo por la casta política. El
“gobierno de transición” ha destruido la legitimidad de la convocatoria a
elecciones, ha vuelto a la perversa manía de la demagogia y la extorsión
discursiva al pueblo. Queda anulada la legitimidad de la convocatoria. El
pueblo tiene la responsabilidad de garantizar la convocatoria. En consecuencia,
todo el “gobierno de transición” debe renunciar por delito inconstitucional y
por haber faltado la palabra al pueblo. Deja de ser de transición para
convertirse en un dispositivo del círculo vicioso del poder. El pueblo tiene
la responsabilidad de garantizar la realización electoral. Así mismo, la constitución exige la nacionalización
de los hidrocarburos, después de la desnacionalización efectuada por Evo
Morales con los Contratos de Operaciones. Si no se hace esto el “gobierno de
transición” también es inconstitucional. Teóricamente el pueblo tiene derecho a
la subversión.
Abundan los ejemplos de las sintonías
entre el “gobierno de transición” y el anterior gobierno clientelar; por
ejemplo, la campaña contra la línea de aviación estatal, BOA, en beneficio de
la línea de aviación privada, Amazonas. Se ha ido el gobierno clientelar y
corrupto, pero ha vuelto una burguesía intermediaria, que medra a costa del
Estado, con el mal gobierno llamado equivocadamente de “transición”, que es de
continuidad inconstitucional. Otra continuidad entre el “gobierno de
transición” y el gobierno clientelar anterior es el dominio de la burguesía
agroindustrial, otro jinete del Apocalipsis, además del dominio de las
trasnacionales extractivistas, conocidas como jinetes de la muerte planetaria.
Teniendo en cuenta este panorama reciente
de la coyuntura de la transición electoral, podemos decir que el peso de las
secuencias de hechos, de los decursos, contiene más de la repetición de las
prácticas de poder que la incorporación de nuevas prácticas o, por lo menos, de
otros estilos matizados. Desde esta perspectiva, la “transición” aparece más
como continuidad soterrada de lo que acontecía bajo el régimen clientelar. Otro
ejemplo de los parecidos o, si se quiere, entre el “gobierno de transición” y
el “gobierno progresista” es la repetición de los escándalos. En el periódico Página Siete aparece la noticia del
escándalo de venta de cargos en el Ministerio de Minería, que enloda al
ministro Carlos Huallpa, a pesar de que en la Dirección de Asesoría Jurídica negaron
que la autoridad de esa cartera esté involucrada en los negociados de su
exasesor. En el ministerio aseguraron que la autoridad es quien interpuso la
querella en contra de su exasesor Juan de Dios F., quien en la actualidad tiene
detención domiciliaria, después de ser aprehendido por los delitos de uso indebido
de influencias. El director de Asesoría Jurídica de Minería, Wilson Beltrán
dijo que: “Sobre las denuncias, entre comillas, de funcionarios del ministerio,
no tenemos conocimiento de ninguna de manera oficial y a la unidad jurídica
menos llegaron éstas de manera verbal o escrita. Sobre el tema de que el
ministro (Huallpa) estaría involucrado, por el contrario, él es el denunciante,
por lo que se descarta que sea así”. Destacó que el ministro, como jefe de
cartera, dentro de la imputación figura como denunciante y en la práctica él es
quien firmó el memorándum de destitución del exfuncionario Juan de Dios F.
y fue quien presentó la denuncia de los negociados. El
exfuncionario trabajó desde diciembre en el Ministerio de Minería, pero en la
página web de la Contraloría se verificó que el sospechoso presentó su
declaración jurada el 20 de noviembre del año pasado[3].
Siguiendo con las analogías, el gobierno
de Jeanine Añez Chávez también obedece a las trasnacionales extractivistas. La
destitución de Zuleta fue impuesta a pedido de una empresa alemana que se
beneficia de un contrato oneroso, del gobierno de Evo, que le regala el litio
por cuarto de siglo. Se luchó y derrocó al Caudillo déspota por ser agente de
las trasnacionales extractivistas y pirómano del Chaco y la Amazonia, ecocida y
democracida. El gobierno de Jeanine Añez continúa por el mismo camino, el
círculo vicioso del poder.
¿Qué es la política?
¿Qué es la política? Esta pregunta, ya no hecha desde la
teoría, tampoco desde la filosofía política, sino desde la descripción empírica
de los hechos, desde la descripción de lo que hacen los políticos. ¿Qué hace la
casta política? Dejemos a un lado los escándalos, en los que cae, una y
otra vez, la casta política, también dejemos, por un momento, sus
incongruencias y sus inconsistencias. Partamos de la siguiente pregunta: ¿Por
qué es tan incongruente la clase política? Lo incongruente es lo que no
conjuga, lo que no es, por así decirlo, lógico. Hasta podemos decir, lo
incompatible. Entonces, ¿por qué la casta política actúa de esa manera, de una
manera incongruente?
En primer lugar, podemos sugerir, porque no lo interesa
la congruencia; esta no entra en sus planes, no es su objetivo cumplirla,
aunque, en todo caso, busque, algunas veces, guardar las apariencias. ¿Cuál es
el objetivo de la clase política? También, antes, dijimos que se trata de la
reproducción del poder, así como de la reproducción misma de la casta
política; en pocas palabras, de satisfacer el oscuro objeto del deseo, el
poder. Pero, fuera de estas finalidades inherentes de parte de la casta
política, ¿por qué la incongruencia no obstaculiza su reproducción política
y la reproducción del poder? ¿Acaso por qué el poder mismo no es congruente?
Otra vez, ¿por qué el poder mismo no sería congruente?
Volviendo atrás, cuando comenzamos a lanzar las tesis
genealógicas del poder. El poder es relación de fuerzas, si se quiere,
se puede configurar campos de correlaciones de fuerzas, donde se supone
la siguiente dinámica: fuerzas que afectan respecto a fuerzas afectadas,
fuerzas activas respecto a fuerzas pasivas. Más allá de este enunciado nietzscheano
y foucaultiano o, mas bien, retomando sus consecuencias, otro enunciado
derivado: se trata del despliegue de fuerzas separadas de lo que pueden,
fuerzas separadas de su potencia. Entonces, visto de esta manera, el
poder es des-potenciamiento, por más paradójico que parezca decirlo. En otras
palabras, la paradoja sería la siguiente: Cuando se consigue, supuestamente, el
poder, es cuando, precisamente se pierde la potencia. La potencia
social, creativa e inventiva, se pierde cuando el poder se realiza y manifiesta,
en su espectacular esplendor. El poder vendría a ser el vaciamiento de la potencia
social.
[2] Ver ¿Qué
es el poder y cómo funciona?
[3] Leer Escándalo de venta de cargos enloda al Ministerio de
Minería. https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/29/escandalo-de-venta-de-cargos-enloda-al-ministerio-de-mineria-244884.html.
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