Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar
Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar
Raúl Prada Alcoreza
El dato de que el MAS se vio obligado a
recurrir a una violación explicita de la Constitución, en lo referido a la
reelección del presidente, desconociendo, además, el referéndum de 2016, es
decir la voluntad popular, nos
muestra claramente los límites de la forma
de gubernamentalidad clientelar. Ya no convoca, tampoco puede hacer
funcionar las redes clientelares – perdió el referéndum -, por eso no puede
conservar la masa cuantitativa de sus clientelas, entonces, se ve empujado a
incrementar el uso del monopolio
institucional de la violencia, acompañado por el uso no institucional de la violencia, como la coerción y el chantaje
sobre los propios miembros de los tribunales, aunque fuesen incluso
partidarios. Este dato indica que la forma
de gubernamentalidad clientelar ha llegado a su límite; no va más. Se requiere gobernar mediante la fuerza descarnada, la violencia
explicita del Estado.
Ingresamos entonces a la mutación de la forma de gubernamentalidad clientelar a
otra forma del ejercicio del poder, que ya no gobierna,
sino que impone sin mediaciones clientelares, mediante el
uso descarnado de la violencia. Si se usan, para encubrir, a las instituciones,
se lo hace de una manera no institucional, tampoco legal, a no ser que se
considere que la grotesca maniobra leguleya lo sea. Entonces estamos ante la
instauración del ejercicio del poder
sin mediaciones. No tiene sentido hablar, sobre todo, en este caso, de si
quedan resquicios de la democracia formal.
Ni la apariencia; todo se ha reducido
a la imposición a secas, usando el control de los órganos de poder del
Estado cooptados. Este uso de las instituciones no es ni aparentemente
institucional, menos aparente democrático.
Es insulso pues disputar elecciones en estas condiciones de imposibilidad política. Si
se lo hace es como pretender ejercer la libertad
en la cárcel, pretender desplazarse en el encierro,
pretender arar en el desierto o en el mar. No hay las condiciones mínimas de posibilidad democráticas para realizar
elecciones. Hacerlo significa “legitimar” la tiranía. Otro ejemplo figurativo:
es como exponerse cada vez más en la emboscada preparada por los detentadores
del poder político; un refrán popular dice meterse en la boca del lobo. En este
escrito no insistiremos en demostrar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y
la ilegalidad de la determinación habilitadora del TSE; de esto hablamos antes,
en otros textos[1].
Lo que nos interesa en concentrarnos en las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar.
Una primera convulsión citable es la que
corresponde a la expansión e irradiación de la corrosión institucional y la corrupción
galopante como mecanismos de cohesión
dolosas de la forma de
gubernamentalidad clientelar. Esta expansión e irradiación de la economía política del chantaje nos
muestra que no solamente gobierna la tipificada burguesía rentista, sino que las estructuras del manejo político corresponden al lado oscuro del poder; es decir, a las
formas paralelas de dominación no institucionales. En términos metafóricos,
recurriendo a la memoria narrativa sobre
estos temas, podríamos decir que estamos ante formas de organización mafiosas, que manejan la cosa pública.
¿Cuándo podemos datar
el nacimiento de estas formas de
organización mafiosas de la cosa pública? No conviene remontarnos, ahora, a
la genealogía de estas formas del lado oscuro del poder, ya lo
hicimos en otros ensayos, sino situarnos en un lapso manejable de la historia reciente[2]. Desde nuestra
lectura, podemos situar un nacimiento
reiterado en la temporalidad política
del “gobierno progresista”, cuando se dio el manejo gubernamental de la
nacionalización de los hidrocarburos. No se permitió terminar oficialmente,
aunque técnicamente se lo haya hecho, las auditorias a las empresas
trasnacionales, que gozaron de las concesiones neoliberales. Es más, se
hicieron desaparecer los informes técnicos de la mencionada auditoria. Se sabe
que las empresas trasnacionales terminaron debiendo al Estado por
incumplimientos a los contratos y por haber cometido deslices, para decirlo
suavemente, administrativos y financieros. Sin embargo, el “gobierno
progresista” se apresuró a aprobar, en el Congreso, Contratos de Operaciones
que entregaban el control técnico de
la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Es más,
estas empresas extractivistas volvieron a ganar por concepto de indemnización.
En consecuencia, haciendo un balance, ganaron antes, a la manera neoliberal,
con el 82% de su participación en el excedente;
ganaron con la indemnización, que no les correspondía, pues debían al Estado;
ganaron porque volvieron a controlar
la explotación de los hidrocarburos, además de aumentar su participación,
reconocida solo en el 18% por el Decreto Ley “Héroes del Chaco”, al 50%. ¿Cómo
explicar este desenlace? ¿Cuáles son los mecanismos que se movieron e
incidieron en los resultados?
La hipótesis de
interpretación plausible es la que supone un compromiso y una complicidad de
los jerarcas del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales
extractivistas de los hidrocarburos involucradas. La inocencia, que parece un término apropiado, tanto de los apologistas del “proceso de cambio” como
de los militantes-soldados del
partido gobernante, es que este comportamiento no solo les parece inaudito sino
incluso imposible en un gobierno popular,
que deriva de la movilización social.
Esta inocencia se da porque se
desconecta de la experiencia y la memoria sociales políticas de la
modernidad, sobre todo del decurso de las llamadas revoluciones. Es más, se desentienden completamente, ya sea por
desconocimiento o por bloqueo mental, de la concomitancia genealógica entre poder y corrupción, ya se trate de versiones de “derecha” o de versiones de
“izquierda”.
Recurriendo al
enunciado de Karl Marx, que expresa una intuición
lucida de la historia política de la
modernidad, la que dice que la historia
no se repite y si se repite lo hace, la primera vez, como tragedia, la segunda, como farsa,
podemos añadir que la inocencia se
desentiende de esta decadencia. Las
primeras revoluciones modernas fueron
trágicas; las segundas, dramáticas; en tanto que las terceras,
una farsa. Ahora bien, teniendo en
cuenta este contexto histórico,
podemos decir que las “revoluciones” del “socialismo del siglo XXI” o del
“socialismo comunitario” corresponden a comedias
grotescas. La inocencia,
entonces, no ve que lo que ha ocurrido, la complicidad del “gobierno
progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas se da en escenarios
estridentes, donde sobresale la banalidad ideológica, es decir, el vaciamiento
ideológico, donde lo que más importa es hacer creer que lo que ocurre es como
dice el discurso gubernamental, no así, lo que ocurre efectivamente.
Ahora bien, este
fenómeno no es un atributo local o nacional, sino nacional y mundial. Se da,
claro está, en sus singularidades
propias y locales. Recordemos a lo que nos enseña Emmanuel Wallerstein; no hay
una historia del capitalismo
nacional, hay una historia mundial del
capitalismo, donde los desarrollos nacionales del capitalismo son genealogías singulares de la historia
del sistema-mundo capitalista. De la
misma manera, como hemos dicho antes, no hay una historia nacional del Estado moderno, sino que se trata de las genealogías estatales en la conformación del sistema-mundo político. En otras palabras, palabras locales, lo que
pasa en Bolivia pasa en el mundo.
Las llamadas empresas
trasnacionales extractivistas no son equiparables a las empresas clásicas,
referentes de la ideología liberal;
son definitivamente algo completamente cambiado y distinto. El término de monopolio no resuelve el problema de la
caracterización de lo que son estas complejas estructuras económicas, políticas,
tecnológicas y comunicacionales. Para decirlo de una manera fácil, aunque
esquemática, se puede decir que estas formas de organización de la explotación,
producción, distribución, consumo y especulación de la acumulación ampliada de capital han aprendido a moverse y funcionar
en un mundo de revoluciones sociales.
Es más, es cuando más ganan estas empresas.
El pragmatismo o, si se quiere, el realismo político, no se da tanto en el reformismo de los “gobiernos
progresistas”, sino, sorprendentemente, en el “socialismo” de las mega
estructuras organizacionales de estas “empresas”, que controlan las cadenas
productivas, comerciales y de consumo. En otras palabras, las empresas
trasnacionales extractivistas se metieron en su bolsillo a los “gobiernos
progresistas” desde un principio. La retórica
populista es inútil ante el control
mundial de las reservas, los mercados, la producción, la tecnología y las
comunicaciones de las empresas trasnacionales. La retorica populista sirve para convencer a la clientela, sino es el pueblo,
de la necesidad de “defender el proceso de cambio”.
Si los Contratos de
Operaciones fueron un renacimiento de
la relación perversa entre el ejercicio del poder y las genealogías de la corrupción, el caso QUIBORAX es como un evento desbordante
de la decadencia del “proceso de
cambio”. En resumen: una empresa fantasma,
que invierte menos de un millón de dólares, recibe como indemnización la suma
de 42 millones de dólares. ¿Cómo explicar este desenlace sin hacer intervenir la complicidad de la jerarquía del
“gobierno progresista”? Considerar, como lo ha dicho la versión oficialista del
gobierno, que se trata de descuidos técnicos jurídicos del presidente de
sustitución constitucional, anterior al gobierno “revolucionario” del “proceso
de cambio”, es volver a pecar de inocencia
supina. En este caso se trata de no exactamente una empresa trasnacional
extractivista sino, sorprendentemente, de una empresa fantasma. Todo este tema, de la explotación del litio se
movió en los espacios provisorios de la especulación.
Desde los Contratos
de Operaciones hasta el caso escandaloso de QUIBORAX las formas de organización mafiosas del manejo de la cosa pública terminaron de consolidarse.
Lo que era, en un principio, como un diseño elemental, terminó siendo una estructura de cohesión política-económica articuladora. No se puede decir que
en este caso sea una trasnacional
extractivista fantasma la que controla el proceso especulativo financiero, sino que es la misma mafia política la que logra controlar el decurso del juicio iniciado
al Estado boliviano.
No olvidemos que
usamos lo de organización mafiosa
metafóricamente, sobre todo para ilustrar. Lo que importa aquí no es
descalificar moralmente, sino comprender
cómo funcionan las estructuras y formas de poder en la modernidad tardía, sobre todo, en la coyuntura presente. En otras palabras,
en la modernidad tardía, en la era de la simulación,
convertida, en la actualidad, en el periodo del espectáculo, las formas
organizacionales y las estructuras
del lado oscuro del poder se convierten en las tendencias de mayor incidencia en el ejercicio del poder y en el despliegue de las dominaciones.
Sería inapropiado
atribuir estos fenómenos de distorsión e incluso de perversión a los “gobiernos
progresistas”, como lo hace el discurso endémico neoliberal, además del
discurso neoconservador del fascismo criollo, pues es una fenomenología política y económica compartida tanto por unos y
otros. Se trata de la crisis múltiple
del Estado-nación; es más, de la crisis
de la civilización moderna. La salida a la decadencia o lo que llamamos el círculo
vicioso del poder no se encuentra, obviamente, en seguir moviéndose en el
ritmo del péndulo, de “izquierda” a “derecha” o viceversa, sino de escapar del campo gravitatorio del círculo vicioso del poder. Que lo que
decimos sea teórico, se entiende; empero, tiene validez como pedagogía política.
Otra convulsión corresponde a la
contradicción principal del “gobierno progresista” de Bolivia. Este gobierno se
autonombra como “gobierno indígena”, además de “gobierno de los movimientos
sociales”. El conflicto del TIPNIS, aunque no solo, pues hubo muchos conflictos
con las naciones y pueblos indígenas, devela el carácter anti-indígena del
“gobierno progresista”. Un gobierno que opta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es, de
por sí, anti-indígena, pues atenta contra los territorios indígenas y la Madre
Tierra. La esquizofrenia política del “gobierno progresista” se devela cuando
se autonombra como “gobierno indígena” y convierte a los pueblos indígenas, que
defienden sus territorios, en enemigos
del “proceso de cambio” o vinculados a la “conspiración imperialista”.
Para no hacer una
lista larga de las convulsiones,
buscando citar las más ilustrativas y anecdóticas, podemos pasar a los
comportamientos despóticos y desbordantes del “gobierno progresista” en la
coyuntura presente. Ante la derrota en el referéndum del 2016 sobre la reforma
constitucional para habilitar al presidente a la reelección indefinida, la estructura palaciega y los órganos de
poder cooptados del Estado, optan por una “estrategia”, si se la puede llamar
así, “catastrófica”, para usar un término requeté-usado por el ideólogo del neopopulismo. Esta
“estrategia” consiste en que todo vale, más allá de que el fin justifica los medios. El pragmatismo
llevado al extremo, es más, el oportunismo
llevado al extremo, incluso el cinismo
llevado al extremo, empuja a desconocer el referéndum de 2016, además de
desechar la Constitución. El montar escenarios grotescos, como la interpretación
absurda del Convenio de San José; el empujar a determinaciones del Tribunal
Supremo Electoral que termina validando la insólita resolución del Tribunal
Constitucional Plurinacional, que no es otra cosa que perpetrar un golpe de
Estado, devela claramente que lo que mueve estas conductas es la compulsión por
el oscuro objeto del poder deseado.
Sin embargo,
recortando la lista posible de convulsiones,
lo que tenemos o parece ser, es la muerte
de una de las formas de gubernamentalidad
clientelar, la presente. Ya no pueden dar más de sí. Han caído tres
“gobiernos progresistas”; los otros se debaten en sus propias convulsiones.
Quedan tres, incluyendo al de Centro América. Lo que se observa es que solo
pueden prolongar por un tiempo su estadía en el sillón presidencial
incrementando desbocadamente la violencia estatal. Sin embargo, hemos aprendido
en la historia reciente que a mayor
violencia menos legitimidad, por más
que la violencia desbocada pueda, en algún caso, no en todos, lograr diferir la
dramática administración de la cosa pública.
El “gobierno
progresista” de Evo Morales Ayma ha incidido en una coyuntura altamente complicada e inestable. Sobre todo, al optar
por la “astucia criolla”, que cree que se puede sustituir la realidad efectiva por el ardid de la astucia política. La apariencia que da
esta sensación solo dura un tiempo provisorio; esto depende de la correlación de fuerzas en los momentos. A corto plazo es posible
mantener esta apariencia; empero, no
lo es a mediano plazo, mucho menos a largo plazo.
Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar expresan la clausura no solo de esta forma de gubernamentalidad, sino también de las aparentemente opuestas.
Ahora bien, la clausura no quiere
decir que los países y los pueblos no insistan, en lapsos cortos, en repetir
los contrastes, siguiendo la ruta pendular del círculo vicioso del poder. Lo
que quiere decir, es que, teórica e históricamente, el círculo vicioso del poder se clausura.
[1] Ver Crisis
del Tribunal Supremo Electoral.
Profundo, pertinente y concreto, Raul Prada un Intelectual boliviano de profunda producción que debe alimentar la reflexión de los intelectuales y la práctica de los políticos en la busqueda de cambios estructurales reales y a favor del pueblo boliviano.
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