Hacia el Tribunal participativo de los pueblos
Hacia el Tribunal
participativo de los pueblos
Raúl Prada Alcoreza
El Tribunal de La Haya
tiene en sus manos el diferendo de la demanda marítima por parte de Bolivia,
demanda de resolución de un tema pendiente, el desenlace de la guerra del Pacífico, la pérdida del Litoral boliviano y de parte del
territorio del sur del Perú. Un Tribunal competente sobre conflictos internacionales y
sobre delitos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de La Haya es una designación que es empleada para nombrar diversos
tribunales internacionales, que tienen o han tenido su sede en la ciudad
de La Haya, Países Bajos. Puede referirse al Tribunal Permanente de Arbitraje, creada en 1899; al Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, organismo judicial de la Sociedad de Naciones y antecesor
de la Corte Internacional de Justicia; a la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las
Naciones Unidas; al Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoeslavia, creado por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas en 1993; a la Corte
Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma de 1998.
La Corte Internacional de
Justicia (CIJ,
también llamada Tribunal
Internacional de Justicia) es el principal órgano judicial de
las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945, en La Haya, Países
Bajos, siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte
Permanente de Justicia Internacional. Sus funciones principales son resolver
por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento
contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a
cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o
el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas, que hayan sido
autorizadas por la Asamblea General, de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas (procedimiento consultivo). El Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia forma parte integral de dicha Carta, situada en
su capítulo XXV. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 17
de abril de 2005 un reglamento mediante el cual se determinó la manera de
ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento.
En lo que corresponde a la fase de alegatos, ésta concluirá con un
periodo de procedimientos jurídicos. Entre el 19 y 28 de marzo se definirá gran
parte de la demanda marítima, prácticamente desde el estallido
de la guerra del Pacífico en 1879, conflicto que terminó convirtiendo a Bolivia
en un país mediterráneo, habiendo nacido con litoral en su geografía política
republicana.
Con la firma del Tratado de
Paz y Amistad de 1904 concluyó la guerra, dejando a Bolivia sin salida al mar,
en tanto que Chile se anexó los territorios del norte, que eran de Bolivia y
del Perú. Como se puede ver, si bien la
guerra culminó, el problema quedó pendiente y sin visos de resolverse. En 1920,
Bolivia llevó su petición al escenario internacional, interponiendo una
solicitud ante La Liga de Naciones, la institución creada después de la Primera
Guerra Mundial, que fue precursora de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta petición buscaba que la Asamblea de la flamante Liga de Naciones se
pronuncie para promover, por acuerdo de las partes, la revisión del tratado de
1904 entre Bolivia y Chile. El alegato
fue presentado por el jefe de la delegación boliviana Félix Aramayo.
La Liga determinó conformar
una comisión de tres juristas internacionales, quienes revisaron la petición
boliviana; en ese entonces, los juristas señalaron que la solicitud no era
admisible porque no cumplía cuestiones de forma. El historiador Robert
Brockmann, autor de “Tan lejos del mar”, interpretó que la Liga no dijo que no
tenía competencia, sino que la petición no estaba correctamente formulada. Se
dieron lugar otros eventos en los que hubo negociación y ofrecimiento por parte
de Chile para solucionar el enclaustramiento boliviano. El más relevante, fue
el ofrecimiento del exdictador Augusto Pinochet a su homólogo Hugo Banzer, en 1975,
de un corredor marítimo, en el tristemente célebre Abrazo de Charaña. Otro
antecedente, que es necesario mencionar, es la resolución 426 de la
Organización de Estados Americanos (OEA), emitida en 1979, que declara de
interés hemisférico la solución del enclaustramiento marítimo boliviano e insta
a los dos países a iniciar negociaciones.
El 23 de marzo de 2013, en el
Día del Mar, el presidente Evo Morales confirmó lo que había anunciado dos años
antes, que presentará una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, con el fin de que el tribunal obligue a Chile a
cumplir compromisos asumidos y negociar una salida soberana al océano Pacífico.
Un mes después, el 24 de abril, una delegación boliviana encabezada por el entonces
canciller David Choquehuanca entregó a la Secretaría de la CIJ la petición
contra Chile. Un año después, el 15 de abril de 2014, Bolivia entregó a la CIJ
su memoria, que es el documento que contiene los alegatos y pruebas en los que
el país basa su petición. En contraposición, el 15 de julio, el Gobierno
chileno presentó una excepción preliminar para que la CIJ se declare
incompetente para analizar la petición boliviana, argumentando que el tratado
de 1904 cerró la posibilidad de acceso soberano y fijó límites a perpetuidad. El
7 de noviembre de 2014, Bolivia presentó al alto tribunal los argumentos para
sostener que la CIJ sí es competente para tratar la demanda, los principales
argumentos fueron que el tratado de 1904 no resolvió el problema de la mediterraneidad,
más bien lo creó, y que esto fue aceptado por Chile de manera explícita en
diversos momentos en los que ofreció una solución a su demanda marítima. Entre
el 4 y 8 de mayo de 2015, se desarrollaron en la CIJ la ronda de alegatos
orales para definir la impugnación. Esta fase terminó con una pregunta del juez
Christopher Greenwood, exasesor de Chile: ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se
concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?
El 24 de septiembre de 2015,
la CIJ se declaró competente para llevar el caso boliviano, con 14 votos a
favor y dos abstenciones, lo que desató celebración en el país y desazón en
Chile. Chile presentó su contra-memoria el 13 de julio de 2016, en el que
sostiene que no hay ninguna obligación de negociar acceso soberano, y los
compromisos que Bolivia hace referencia son “acercamientos diplomáticos”.
Bolivia presentó su réplica el 21 de marzo de 2017, para contrarrestar los
argumentos chilenos. Finalmente, el 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su
dúplica, concluyendo la fase escrita de la demanda. El 18 de enero de
2018, la CIJ publicó el cronograma de alegatos orales, fijando este proceso
entre el 19 y 28 de marzo[1].
Hay que contextuar lo sucedido, sobre todo los acontecimientos que han marcado los decursos venideros; empero, no
hay que olvidar que nada es duradero; todo tiene su propia temporalidad, si se quiere, su ciclo. En esto entran, por cierto,
las consecuencias de una guerra; hablamos
de la guerra del Pacífico. Una guerra
tardía en relación a las guerras
continentales entre los proyectos
endógenos y los proyectos exógenos del
continente; la última guerra de este
calibre fue, quizás, la guerra de la
Confederación boliviana-peruana; en tanto que la guerra del Pacífico ya era
una guerra por el control geopolítico de los recursos
naturales, de parte de las burguesías intermediarias portuarias y mineras. En
todo caso, una guerra que comenzó
contra la nación Mapuche, después continuó con la guerra entre los Estado-nación subalternos de Bolivia, Chile y
Perú. Entonces, en sus comienzos, la guerra del Pacífico fue la continuidad de
la guerra de los Estado-nación criollos contra las naciones y pueblos indígenas. Es así que debemos comenzar a
interpretar los tratados de paz firmados por los tres países involucrados. Las
tres burguesías liberales, la se Santiago, la de Lima y la de Sucre, además de
la de La Paz, estaban interesadas en ser las intermediarias en la enajenación
de los recursos naturales al mercado internacional. De las tres burguesías, la
que demostró estar preparada para cumplir mejor con el papel de subordinación
al imperio británico fue la de Santiago; por eso, las burguesías de Sucre,
además de La Paz, y Lima se apresuraron en firmar los tratados de Paz. De los
dos tratados de Paz, la más lapidaria fue la de 1904, pues se clausuró la
salida marítima para Bolivia.
¿Cómo se ha podido aceptar semejante condición
de imposibilidad oceánica, la del enclaustramiento marítimo? No solo de
parte la burguesía liberal boliviana, sino incluso por parte de la burguesía
liberal chilena y la burguesía liberal peruana. Este desenlace fatal, que va pesar como una condena geográfica y
geopolítica, no es pues, obviamente aceptable ni desde la lógica ni desde las relaciones
de vecindad entre países, que, además, comparten historias más o menos
parecidas. Solo se puede entender que se edifica el tratado de 1904 sobre un prejuicio de la época compartido, el racial. Bolivia, de población
mayoritariamente indígena, no se merecía el respeto que suponen las relaciones
internacionales, asumidas en su momento. La burguesía liberal chilena se asume
como continuadora de la “tarea civilizatoria” de los conquistadores; en el
fondo, en el substrato de la
burguesía liberal subalterna, no hacían otra cosa que continuar con la labor
inconclusa “civilizatoria” de los conquistadores. Lo grave de todo esto, es que
la burguesía liberal boliviana aceptó este prejuicio
compartido como premisa para tomar la decisión de firmar el tratado de 1904. Las
tres burguesías liberales involucradas en la guerra del Pacífico compartían el
mismo prejuicio racial. Las naciones
y pueblos damnificados fueron otra vez las naciones
y pueblos indígenas; en estas condiciones y circunstancias, Bolivia de
población mayoritariamente indígena, fue tratada como una nación indígena. No solo por la burguesía chilena, sino también por
la propia burguesía boliviana y la burguesía peruana.
Ahora, en 2018, Bolivia tiene un “presidente indígena”, sin considerar
si usa una máscara indígena o no. Es
en este escenario que se da la
aceptación del Tribunal de La Haya para tratar el tema de la demanda marítima
de Bolivia. La situación no escapa a
la coyuntura, la de la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, tampoco a la reiteración
intensa de la nación Mapuche al reclamar sus derechos territoriales y
culturales; con todos los aditamentos que conlleva, como llevar el agua al
propio molino. Ningún tipo de gobierno hubiera perdido la oportunidad de hacer
esto; lo hace el gobierno de Evo Morales Ayma. Pero, es este un tema donde no
hay que perderse. Los pueblos tienen responsabilidad ante sí mismos, ante sus potencias sociales y posibilidades, ante la vida proliferante, donde se encuentran involucrados los pueblos, como formas singulares de la profusión vital. Los pueblos están como substratos
y más allá del Estado, de las políticas de Estado, de la razón de Estado. Los pueblos
tienen en sus manos la convivencia y
la coexistencia, además de la complementariedad y solidaridad de los pueblos.
En esta perspectiva, no deben dejarse llevar por las estrategias de Estado,
menos si son geopolíticas, es decir, de dominación y control espacial. Estas
estrategias no son sostenibles en el largo plazo; sin embargo, pueden confundir
a los pueblos en el mediano plazo. En el largo plazo se encuentra el horizonte de la integración en la Patria Grande. En consecuencia, en las
transiciones a la integración es
conveniente resolver los problemas pendientes, generados por las guerras
desatadas por las geopolíticas regionales[2].
Seguir sosteniendo, como lo hace la política oficial del Estado chileno,
de que no hay problemas pendientes desde el tratado de 1904, es persistir en la
legalización de una usurpación a través de la guerra. Esto no es sostenible, ni desde
el punto de vista de lo que se llama la justicia internacional, tampoco de la geopolítica a largo plazo. Los problemas
pendientes son el acervo de las condiciones infectadas de conflictos venideros.
Basar esta persistencia en el substrato del prejuicio
racial, en la confianza que da la victoria de una guerra, no es más que insistir en el presupuesto de una “superioridad”,
que no es otra cosa que la confianza en la correlación
de fuerzas militar. Esto, esta actitud, es la expresión elocuente de la
prepotencia persistente. Esta conducta no tiene futuro, pues sobre la base de
una guerra de conquista, que se
sostiene en el prejuicio colonial de “superioridad”,
cerrando toda posibilidad de arreglar el diferendo, sosteniendo que “no hay
problemas pendientes”, no se construye ni buenas vecindades, ni buenas
relaciones entre países, mucho más lejos se encuentra la posibilidad de
integración.
Solo el sustento de una psicología
racial, basada en el supuesto de la “superioridad blanca”, sostenida,
momentáneamente, en la confianza de las armas, puede explicar un comportamiento
prepotente, que justifica no solo la usurpación
territorial sino dejar a un país sin salida al mar. No entra esta conducta en
lo que se puede llamar el buen sentido;
responde al engolosinamiento de una victoria bélica conseguida. Los contextos históricos-políticos-económicos
han cambiado, si se quiere, también las condiciones y situaciones geopolíticas.
Los pueblos ya cuentan con largas experiencias y memorias sociales sensibles. Seguir con lo mismo a estas alturas,
es pretender repetir la anacrónica
situación de la correlación de fuerzas y de la exclusión de los pueblos de fines del siglo XIX.
Cuando se dice que no se va a ceder un solo milímetro de territorio, que
la soberanía territorial no se toca,
de qué exactamente se está hablando. ¿Una larga costa al sur del Pacífico
entregada en concesión a empresas trasnacionales ratifica acaso la soberanía
del Estado-nación trasandino? ¿Territorios que pertenecieron desde las guerras
de la independencia a otros países señalan legítimamente
la soberanía del Estado-nación
vencedor de la guerra? Estamos ante una ideología
chauvinista, que cierra las puertas a
que los pueblos libremente puedan
arreglar los problemas pendientes. Los pueblos
del continente tienen la responsabilidad
de resolver todos los problemas generados desde las oleadas de conquista y la
diferida colonización, que parece no
terminar. El proyecto de las burguesías
portuarias, que son las que vencieron las guerras del interior
contra los puertos, ha dado todo lo
que puede dar; los desenlaces de la subordinación a los imperialismos dominantes y al mercado internacional. No han salido
los países involucrados de la dependencia;
al contrario, han consolidado la dependencia,
encubiertas con los goces banales del capitalismo
financiero y especulativo. Es más, en plena crisis ecológica, los pueblos
del mundo parecen encaminarse, si siguen las mismas rutas, al apocalipsis. No hay porvenir para los pueblos y países si
persisten en los estrechos marcos de las republiquetas.
La integración es una tarea
ineludible y urgente.
La arrogancia diplomática, en estas circunstancias del presente, no es más que una pose de
doctorcitos orgullosos y melindrosos. Defender una victoria y una conquista
territorial discutible no es más que pretender enseñorearse en una región
devastada por el modelo colonial
extractivista del capitalismo dependiente. Si eso los hicieron los abuelos
de la clase política y la perpetraron
a lo largo de más de un siglo, resulta altamente anacrónico hacerlo en el presente.
Por otra parte, no se crea que tienen una actitud distinta las clases políticas
de los otros países involucrados. La clase política peruana, aposentada en estructuras de poder altamente
vulnerables, se pavonea de los indicadores de la metafísica estadística, cuando esta linealidad numeraria oculta la
destrucción de cuencas, de territorios, de geologías, de pueblos, de bosques,
de la sierra y de la Amazonia. La clase
política boliviana se une en torno a la reivindicación
marítima, a pesar de sus diferencias políticas, pero considerando la reivindicación como propaganda política
y excusa para hablar de soberanía y
de la patria mancillada. Están lejos de comprender los substratos histórico-políticos-económicos y geopolíticos que
empujaron a la guerra del Pacífico.
[1] Leer
De la guerra del Pacífico a la demanda en la CIJ:
139 años en busca de justicia. http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180318/guerra-del-pacifico-demanda-cij-139-anos-busca-justicia.
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