Fiscal pide enjuiciar a Mesa y él llama a defender el 21F

Afirmó que el proceso en su contra avanzará en “tiempo récord” y que no se prestará a la lógica del Gobierno, que busca repostular al presidente Evo Morales.

Página Siete

El expresidente Carlos Mesa se sintió “condenado” y convocó a defender el 21F, después de conocer que la Fiscalía presentó ayer el requerimiento acusatorio para dar inicio al juicio de responsabilidades en su contra.

“Aquí de lo que estamos hablando ya es de una condena. No tengan  ustedes ningún temor de decir que yo ya he sido condenado. Esta acusación que el fiscal ratifica después de la  petición del Procurador  General y esta pantomima que vivimos en la que estuve  presente, protagonizada por el ministro Arce y una mayoría  parlamentaria de dos tercios, es el adelanto de lo que va a pasar”, manifestó Mesa.

La exautoridad sostuvo que, a partir de la acción de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia dará curso a la solicitud “en tiempo récord”, para ponerlo en consideración de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Consultado sobre si considera que el proceso iniciado en su contra tiene connotaciones políticas, Mesa apuntó que no le cabe ninguna duda de que es así.

“Lo que el Gobierno está tratando de hacer es electoralizar este momento político con un objetivo muy claro: que nos olvidemos del 21 de febrero (de 2016). Lo que el Gobierno quiere hacer es decir aquí vamos a definir quiénes van a enfrentarse políticamente en la elección de 2019, quiénes van a ser los potenciales rivales de Evo Morales Ayma, y el Gobierno asume, piensa que yo puedo ser uno de los rivales porque aparezco bien posesionado en las encuestas”, dijo.

En ese sentido, Mesa remarcó que no va a entrar en la lógica que el Gobierno quiere, “que nos  olvidemos del 21 de febrero y que asumamos que Evo Morales va a ser candidato” presidencial.

“Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia y aquí, en este momento, yo quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera propositiva, de manera comprometida en la defensa del 21 de febrero y en la petición democrática de que el Gobierno del presidente Morales y el TSE escojan el camino adecuado, que es el reconocimieno del 21F y darle  la espalda a esa aberración que se hizo cuando el TCP decidió habilitar al presidente Morales”.

Mesa cuestionó, además, la falta de independencia de poderes y afirmó que no confía en el sistema judicial.

“Cómo puedo confiar en la justicia, cómo se puede confiar en un mecanismo  judicial manejado desde el Poder Ejecutivo, en un Fiscal General que lleva adelante  una investigación en la que no convoca a personas fundamentales para que la investigación se culmine, entre ellas a las personas que nosotros hemos mencionado”, aseguró.

Experto: En 6  meses se puede tener sentencia contra el expresidente

La sentencia final que puede emitir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  en  caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el juicio de responsabilidades   contra el expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax, se tendrá en unos seis meses, dijo el investigador en asuntos jurídicos Franz Barrios.

 “El fiscal remitió  los antecedentes, ahora este requerimiento debe ir a consulta a la Sala Plena del TSJ, para que a su vez sea remitido a la Asamblea pidiendo autorice el enjuiciamiento. Esta instancia, en un plazo de menos de tres meses, a través de la comisión mixta, debe revisar los antecedentes. De darse la autorización, un tribunal del TSJ iniciará la etapa de juicio. Todo el proceso puede tomar seis meses, para que los miembros del TSJ emitan una sentencia final contra Mesa”, explicó.

  El experto acotó que si bien en la Asamblea se puede demorar unos tres meses para revisar los antecedentes del caso, también dependerá de la voluntad política para que se autorice o rechace l requerimiento acusatorio.

La Fiscalía General presentó ayer el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de  Mesa y sus  exministros  Gustavo Pedraza, Freddy  Escobar y  Luis   Fernández.

Las disposiciones de la Ley 044 dan cuenta de que en caso de existir materia justiciable, la Fiscalía  requerirá ante el TSJ el enjuiciamiento, requerimiento que previa consulta a su Sala Penal  será remitido a la ALP y pedir autorización.

En el numeral II del artículo 16 se especifica que la Comisión Mixta de Justicia Plural, del Legislativo, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al pleno de la Asamblea y ésta, por decisión de al menos dos tercios, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá  los antecedentes a la Sala Plena del TSJ.

Con la autorización legislativa se inicia la etapa preparatoria, hecha por el  fiscal general bajo el control de la Sala Penal del TSJ, precisa el artículo 17.

El Gobierno creó en 2006 el Consejo de Defensa Legal

La administración del presidente Evo Morales creó en 2006, mediante Decreto Supremo 28694, el Consejo Nacional de Defensa Legal, debido a la demanda de Quiborax; todas las acciones del litigio debían ser informadas al presidente Evo Morales, reveló ayer el diputado Wilson Santamaría (UD).

La norma fue dictada en 2006 y en su artículo 2 dispone la “creación del Consejo Nacional de Defensa Legal de Bolivia Ad Hoc, con la finalidad de coordinar y articular la defensa legal del Estado Boliviano y de su Secretaría Técnica como órgano asesor del mismo, ante la demanda de arbitraje internacional interpuesta en contra del Estado por la empresa Non Metallics  Minerals SA en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

Santamaría cuestiona si este consejo cumplió con las atribuciones que le encomendó el Gobierno mediante una norma expresa, ya que la misma estaba conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Economía y Finanzas, y de Minería, y podían ser reemplazados por los viceministros, dice la norma, según ANF.

“La Fiscalía, en una investigación objetiva debe convocar a todos los involucrados, ¿el fiscal conoce de este decreto? ¿Sabe que en el país la responsabilidad es solidaria y mancomunada cuando existe una delegación expresa? ¿Convocó a estos otros ministros (a declarar)?, porque el Gobierno les delegó defender al Estado en el caso Quiborax”, sostuvo el legislador.

Por el arbitraje perdido, el expresidente Carlos Mesa denunció a los ministros Héctor Arce y César

Navarro, además del procurador general del Estado, Pablo Menacho, y la exsubprocuradora Elizabeth Arismendi.

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