La burguesía rentista
La burguesía rentista
Raúl Prada Alcoreza
La burguesía rentista
Suena contradictorio,
pues hemos aprendido que la renta la
paga la burguesía industrial y la
recibe el terrateniente, el
propietario de la tierra. No podría haber una burguesía rentista. Sin embargo, en la modernidad tardía se observan fenómenos
abigarrados; por ejemplo, una hiper-burguesía
de la energía fósil, que controla el mundo
institucionalizado, que monopoliza los mercados, que controla los procesos de las cadenas
productivas, que es propietaria del mundo institucionalizado; que está
vinculada al sistema financiero internacional, mediante el cual invierte especulativamente, no productivamente, logrando
super-ganancias[1]. Que controla gobiernos,
sean de “derecha” o de “izquierda”, que sostiene tercamente la preservación de
la energía fósil, a pesar de sus
consecuencias altamente contaminantes y depredadoras, por lo tanto,
destructivas, a pesar de contar con la posibilidad de otras formas de energía,
llamadas limpias. Esta hiper-burguesía
es la propietaria del mundo institucionalizado y controla las
reservas de recursos naturales, las
cadenas productivas, los mercados, la tecnología empleada, el sistema
financiero; hace marchar al mundo
bajo su batuta.
El capitalismo financiero ha establecido
algo así como una renta del capital;
se paga por su uso; no solamente por
concepto de préstamo, de crédito, si se quiere, también de inversión, sino por
el uso mismo del capital. Ciertamente el capital
no es tangible como lo es la tierra y ciertamente no es lo mismo
hablar de renta de la tierra en
comparación de algo parecido a este cobro en lo que respecta al capital. Sin embargo hay algo que
comparten; se cobra por su uso sin
haber hecho nada para ganar este cobro. Ocurre algo así como que haya propietarios del capital, a quienes se
les paga por el uso que se hace del
mismo. Es como si el fenómeno de la ganancia ociosa de la renta de la tierra se extendiera por
todas partes y adquiriera una figura
abstracta, casi metafísica, de renta del capital. De aquí podemos
colegir que la hiper-burguesía se
beneficia de una especie de renta del
capital, de una manera ociosa y especulativa.
¿Qué pasa con las burguesías subsidiarias, las burguesías que se encuentran como dependientes y subalternizadas por esta hiper-burguesía?
Hablemos de una peculiaridad en las periferias
del sistema-mundo capitalista; la
peculiaridad de la clase social que
se beneficia con la renta
hidrocarburífera y de minerales. Aparentemente no podríamos hablar de clase, cuando se trata de que el que
recibe la renta es el Estado, no una clase. Sin embargo, el Estado está
administrado por personas, estas personas que fungen como funcionarios son las que administran los recursos del Estado; entre éstos, los relativos a la renta de minerales e hidrocarburos. Las
decisiones las toman las jerarquías
de los mandos, sobre todo, los gobernantes. El Estado tiene un sistema operativo que distribuye sus ingresos; este sistema operativo es el presupuesto. Es donde se decide la
proporción del gasto en la estructura de rubros, en la estructura institucional y en la estructura poblacional. Es donde también
se decide sobre el destino de la
inversión, productiva, social, de infraestructura. La renta hidrocarburífera y de los minerales se distribuye en el
conjunto de gastos del Estado. En este transcurrir, cuando circulan los gastos del Estado, aparece una especie
de renta aviesa, cuando se “cobra” por administrar
los fondos, cuando se “cobra” por gobernar. No vamos a hablar de lo que se
acostumbra, de corrupción, que es un
término jurídico y moral. Nos interesa comprender
el funcionamiento de la maquinaria del poder, sobre todo, cuando
genera estos fenómenos de rentas aviesas no contabilizadas ni
legalizadas institucionalmente. El término de renta - que abusivamente hemos extendido para señalar los fenómenos que genera el capital financiero, para señalar los fenómenos que generan la renta minera, petrolera y gasífera -
parece apropiado, pues adquiere un cariz no denunciativo, sino económico, como efectivamente ocurre.
Resulta que esta renta aviesa ha terminado conformando
una clase privilegiada, que hemos
denominado a tientas, siguiendo los modismos del sentido común, los nuevos
ricos; empero, no son solamente tales, sino que llegan a usar sus ganancias como inversiones
en la compra de acciones. Al hacerlo
no solamente son rentistas, en el
sentido tradicional de la palabra, como eran los latifundistas, sino que al hacerlo, al participar en la compra de acciones, terminan formando
parte de la burguesía de la modernidad tardía, que invierte en acciones; al hacerlo, participa de las cadenas productivas y de las inversiones
especulativas. Por eso, podemos justificar el uso del término abigarrado de burguesía rentista.
Este fenómeno del aburguesamiento de altos dignatarios de
Estado, se da con asombroso esparcimiento en las administraciones
gubernamentales. Las denuncias de corrupción
de dignatarios de Estado solo alcanzan a vislumbrar la puta del iceberg; los
dignatarios presos son mucho menos, un fragmento de la punta del iceberg. El fenómeno
no se detiene ni con estas denuncias ni con llevar a la cárcel a unos cuantos
dignatarios, expresidentes de Estado; tampoco se detendría si se llevaría,
hipotéticamente, a todos los dignatarios de estado a la cárcel. Parece formar
parte no solo del funcionamiento del sistema-mundo capitalista, sino del aburguesamiento de la jerarquía de la burocracia de Estado.
La hipótesis es la
siguiente: paradójicamente las nacionalizaciones han ocasionado la formación de una burguesía rentista. A esta burguesía
le interesa que el sistema-mundo
funcione como funciona, pues la misma se reproduce,
en parte, a partir del flujo de la
renta aviesa, que se convierte, en alguna proporción, como inversión especulativa en compra de acciones. Por lo tanto, esta burguesía rentista forma parte de la burguesía mundial. Esta burguesía rentista puede pronunciar un
discurso “antiimperialista”; empero, lo que importa no es el discurso, sino su vinculación efectiva con las máquinas
económicas del sistema-mundo
capitalista. Es más, la burguesía rentista
es la más interesada en preservar y prolongar el uso de la energía fósil;
por lo tanto, comparte el mismo interés con la hiper-burguesía de la energía fósil.
El tema es éste, también el problema; el substrato relacional del sistema-mundo
capitalista es éste; no aparece en el
plano de intensidad discursivo e
ideológico. No aparece obviamente en las pedradas discursivas que se disparan mutuamente los estratos inter-burgueses del mundo. La
concomitancia en mantener, prologar y promocionar la energía fósil entre la hiper-burguesía
mundial y las burguesías rentistas
de los países periféricos, incluso de las potencias
emergentes, las hace, efectivamente formar parte de lo mismo, del sistema-mundo
capitalista extractivista.
¿En qué queda la
pelea entre “gobiernos progresistas” y gobiernos
del imperio? Como hemos optado por evitar términos que juzgan comportamientos, tratando, mas bien, observar pragmáticamente los fenómenos atingentes de la actualidad,
en el sistema-mundo, en el
espaciamiento de su geopolítica, en
las regiones, países y localidades,
diremos que se trata de competencias
inter-burguesas por la apropiación
del excedente, producido mundialmente, buscando una participación mayor en el reparto. Se puede entender entonces, desde otra perspectiva, esta pragmática, lo que llamamos lo límites y las contradicciones de los “gobiernos progresistas”, sus conservadurismos-progresistas o progresismos-conservadores. No es que “traicionan”
o que su “traición” es inherente a la clase
social de donde emergen o es la contradicción
congénita de programas políticos reformistas,
como cree la “izquierda” radical; sino que los gobernantes y la jerarquía de la
estructura de poder llegan a formar
parte de la burguesía mundial; es
más, se trata de una burguesía
subsidiaria de la hiper-burguesía de
la energía fósil. Mucho menos sostenible es el discurso populista que acusa de sus propias incongruencias a la
“conspiración” de “derecha” y del “imperialismo”. Se trata simplemente de la estratificación de la burguesía conformada en el sistema-mundo capitalista y de sus competencias inter-burguesas.
Puede que todo esto,
este aburguesamiento y la reproducción diferencial de la burguesía mundial, se dé sin consciencia de clase, por así decirlo,
usando este concepto marxista. En realidad, la burguesía no actúa con consciencia
de clase; por eso, actúa competitivamente,
de una manera despiadada con respecto a sus competidoras. Por eso también no
puede resolver el problema matricial
de la crisis del capitalismo contemporáneo,
que es crisis de sobreproducción,
administrada y diferida como crisis
financieras. Problema resoluble racionalmente;
por ejemplo, como darse cuotas de
producción industrial para no saturar el mercado. Cada estrato burgués, cada burgués, se comporta egoístamente, no como clase
social. Solo teóricamente se habla, en este caso, de consciencia de clase.
Funcionamiento de la economía política de la
renta aviesa, comúnmente llamada corrupción
Astrid Puentes Riaño[2]
hace una descripción sugerente de lo que denominamos renta aviesa, que ella denomina, como se conoce comúnmente, corrupción. Analiza uno de los casos más
sobresalientes y escandalosos de la historia
reciente, el caso Odebrecht. Vamos a comenzar
con su análisis y descripción en el artículo Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el
interés público o sólo el dinero? En el artículo mencionado Astrid Puentes
escribe:
La represa Belo
Monte, proyecto involucrado en el caso Odebrecht,
ha dañado a
comunidades indígenas de Brasil. | Crédito: Crédito:
Amazon Watch /
Maíra Irigaray.
Febrero 23, 2017
La corrupción en
América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la
consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la
corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un
impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero,
sino también el interés público.
Debemos preguntarnos
entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran
realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas
para el pago de coimas millonarias.
Los detalles de la
compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese
día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron
la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado
aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y
Mozambique.
Según el documento,
“…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con
conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer
de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de
funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de
partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener
y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público.
Los directivos
involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros,
senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron
encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son
evidentes.
Aunque no fue posible
acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada
país da cuenta de los siguientes:
- Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el
soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros.
- Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias
extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos.
- Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras
de alta ingeniería más importantes del país.
- Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien
la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno
de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores.
- México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina,
y el gasoducto Los Ramones II Norte.
- Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto
Piura y el tren eléctrico de Lima.
- República
Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la
hidroeléctrica Pinalito.
En todos los países,
los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados
como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y
empresas.
Obras de construcción de la represa Belo Monte, en la Amazonía
brasileña. | Crédito: Programa de Aceleração do Crescimento/Creative Commons.
Pero también son
proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han
denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo
su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las
termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen
alternativas sostenibles y más efectivas.
Las denuncias, en su
mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar
pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados.
Los pedidos de
justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la
evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún
más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para
los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el
ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados.
Ante una industria de
corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso
Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en
gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los
beneficios. Esos daños también deben ser sancionados.
El caso podría ser
solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave
en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas
efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e
implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos
implicados en el escándalo.
Una lección clara es
la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de
las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y
de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos,
transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona
interesada en proteger el interés público.
Dado que en algunos
casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las
personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio
Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos
y las mejores opciones para resarcir los daños.
Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones
transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que
buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede
contribuir a que ello sea una realidad[3].
Cuatro
constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia, escribe, a
propósito del tema en cuestión, lo siguiente:
Cuatro de las cinco grandes constructoras
brasileñas implicadas en el mayor caso de pago de sobornos de la región, la llamada
Operación Lava Jato, participaron en al menos siete proyectos de
infraestructura —seis de ellos estratégicos— en Bolivia.
El 11 de diciembre de 2016, una investigación
del Grupo de Diarios de América, un consorcio de 11 periódicos tradicionales de
la región (ninguno de Bolivia), reveló que el escándalo de los sobornos pagados
en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones se extiende a 16
obras de por lo menos seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela,
República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
El caso, destapado en el gigante sudamericano
en 2015 y conocido como Operación Lava Jato (“Lavadero de autos”), da cuenta de
que desde 2003 todos esos proyectos estaban a cargo de Andrade Gutiérrez,
Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht.
Solo la última de ellas pagó unos $us 788
millones en coimas en 12 países de América Latina y África, de acuerdo con
documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el 21 de
diciembre del año pasado.
La acciones ilícitas de Odebrecht motivaron
el inicio de investigaciones en varios países del mundo y acuerdos de
cooperación entre fiscales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Las corruptelas únicamente de Odebrecht
implican directa e indirectamente a varios presidentes y expresidentes, como los
argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los brasileños Luiz Inácio
Lula da Silva y Dilma Rousseff, los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro,
los colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el ecuatoriano Rafael
Correa, los peruanos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro
Pablo Kuczynski y otros de República Dominicana, Guatemala, México, Panamá,
Angola y Mozambique.
Ante esta ola de seguimientos judiciales en
varios países de América Latina, las autoridades bolivianas —hasta donde se
conoce— no han iniciado ninguna pesquisa para determinar si las adjudicaciones
otorgadas a Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht en el periodo
2003-2016 —que abarcan las gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa,
Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales— fueron otorgadas de forma legal.
Una revisión de notas publicadas entre 2013 y
2016 por las agencias internacionales EFE y AFP da cuenta de que Odebrecht, la
principal acusada de establecer una red multinacional de sobornos, se adjudicó
en el país al menos un proyecto de envergadura.
El 1 de febrero de 2005 ganó la puja para
construir la carretera de 102 kilómetros (km) El Carmen-Arroyo, que con una
inversión de $us 75 millones vinculó aún más Santa Cruz con Brasil y hoy forma
parte del llamado “Corredor Vial Interoceánico”. Esta obra fue inaugurada el 15
de enero de 2009 por Lula y Morales.
Ese mismo día se entregó también la ruta de
139 km Roboré-El Carmen, que fue ejecutada por Camargo Correa con una inversión
de $us 94,9 millones.
Ambos proyectos fueron financiados por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), actual Banco de Desarrollo de América
Latina. Otra obra en la que intervino Camargo fue la pavimentación de San
José-Roboré, de 138 km.
Queiroz Galvao, por su parte, tendió en 2004
el puente “Alfonso Gumucio” para reemplazar a otro que quedó destruido en
diciembre de 2003 por la crecida del río Chapare, en Cochabamba. La plataforma,
clave para el transporte de carga al Pacífico, requirió de una inversión de $us
5,3 millones que fueron financiados por la CAF.
Deficiencias. La constructora Queiroz Galvao,
a su vez, se adjudicó en 2003 la construcción de la carretera Potosí-Tarija, de
433 km. El proyecto se comenzó a ejecutar en 2004, se interrumpió en septiembre
de 2007 y se reanudó en diciembre de ese mismo año, luego de que la compañía se
comprometiera a reparar con sus propios recursos 93 km de la vía que fueron
observados por deficiencias técnicas (rajaduras).
Sin embargo, la brasileña no terminó la obra
y en 2009 la cedió sin licitación a su coterránea OAS, que la concluyó en julio
de 2013. La vía tuvo un costo total de $us 226 millones, de los que 188 millones
correspondían a un crédito del Banco do Brasil y el saldo a recursos de la CAF.
OAS, asimismo, se adjudicó en agosto de 2008
la construcción de toda la polémica ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La
obra de 306 km, que contaba con el auspicio de Lula, fue paralizada ante el
rechazo de sectores indígenas a que el Tramo II de la ruta atravesara el
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los trazos I y III continuaron a cargo de la empresa hasta abril de 2012, cuando el
Gobierno decidió anular el contrato por incumplimiento de plazos.
Esta carretera se debía construir con una
inversión total de $us 415 millones, de los que 83 millones debían ser
financiados por el Estado boliviano y 332 millones por el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que también comprometió los
$us 3.600 millones que estaban destinados a los 16 proyectos impulsados por las
cinco principales implicadas en Lava Jato en seis países de la región.
En marzo de 2012, el expresidente del Servicio
Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic declaró que las adjudicaciones de
obras a OAS en Bolivia se daban como un “pago” del “aporte que habría hecho
esta empresa a las campañas políticas de Lula (da Silva) y Evo (Morales)”.
Ese mismo mes, el líder del opositor
Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, denunció al embajador brasileño Marcel
Biato que el entonces presidente de la estatal Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) Luis Sánchez pagó ilegalmente en 2009 un total de $us 7,5
millones a OAS, antes de firmar el contrato para la carretera por el TIPNIS. Entre
otras obras que ejecutó OAS está la carretera Potosí-Uyuni, de 199,8 km y $us
108,1 millones, que fue entregada en 2012.
Durante el periodo de revisión de notas se
pudo notar que las cuatro constructoras brasileñas participaron también en
otras licitaciones para la construcción de carreteras, puentes y otros.
En 2007, Odebrecht, por ejemplo, expresó a
las autoridades bolivianas, a través de su filial Braskem, su interés en
invertir $us 1.500 millones para la construcción en Bolivia de dos plantas de
polietileno y una de etileno, además de centrales hidroeléctricas en las
cuencas amazónicas de Beni. La compañía suscribió también a fines de ese mismo
año convenios para estudiar la formación de un complejo petroquímico para
industrializar el gas[4].
Economía política de la renta aviesa y
economía política generalizada
Ante la
pregunta de cómo funciona la economía política de la renta aviesa,
podemos comenzar a lanzar algunas apreciaciones, hipótesis interpretativas, que nos dejan estas primeras descripciones expuestas. La pregunta que
se hace Astrid Puentes es sugerente: Debemos preguntarnos
entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran
realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas
para el pago de coimas millonarias. Esta parece la cuestión; el objeto de los contratos no parece
estribar en las obras, sino en lo que
llamamos la obtención de la renta aviesa.
Renta que vuelve a ingresar a la dinámica económica, a través de compras suntuarias o lo que hemos
señalado como compras de acciones. La
economía-nacional, la economía-regional y la economía-mundo funcionan también con estas circulaciones dinerarias, cuyo itinerario
pasa por la renta aviesa.
Las denuncias hechas por corrupción
de altos funcionarios del Estado, se concentran en las anomalías en la adjudicación, en los altos montos de los proyectos
y contratos, en las obras
incumplidas. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta cómo funciona la economía-mundo. La economía-mundo
requiere accionar los procesos
productivos, los procesos
circulatorios y de distribución,
los procesos de consumo; lo hace
mediante los circuitos financieros,
que se alimentan de las circulaciones
dinerarias. Sabemos desde Karl Marx que la economía política separa valor
de cambio del valor de uso,
valorizando el valor abstracto,
desvalorizando el valor concreto.
Desde la ampliación de la crítica de la
economía política a la crítica de la economía política generalizada, no
debería sorprendernos que la economía
política de la renta aviesa separe la valorización
de renta aviesa de la valorización de
las obras comprometidas, desvalorizando
las obras concretas y valorizando la
renta aviesa. Esta diferenciación
y valorización sería congruente con
la economía política generalizada.
No es tanto como dice Astrid Puentes que las obras son como la excusa
para la coima, sino, mas bien, se
parece más a como el valor abstracto
se valoriza en detrimento del valor de
uso. La renta aviesa se valoriza en detrimento de las obras, que son el referente
de esta economía política de la renta
aviesa. Esta economía política
sui generis funciona en base al acopio de la renta aviesa, dejando como en la sombra las obras. Las obras son como
el sostén olvidado de la misma renta
aviesa. Lo que importa entonces es el acopio
de la renta aviesa, no las obras.
Se puede decir que, de la misma manera que ocurre con la fuerza de trabajo, la que recibe un salario calculado pos su valor de cambio, que corresponde al
monto de las mercancías comprables para satisfacer
sus necesidades y la de su familia,
la población usuaria de las obras recibe algo así como el valor de cambio de las necesidades o servicios que tienen que cubrir el usufructúo de las obras. Así mismo, en el proceso de producción, la fuerza de trabajo es usada como valor de uso, cualidad que no ingresa en
el cálculo económico; de la misma
manera, se puede decir que la población
usuaria es aprovechada como valor de
uso mentado, en este caso, como referente
cualitativo de las necesidades de servicio de la población, cualidad que tampoco entra en el cálculo económico. Según la crítica de la economía política marxista,
la plusvalía se genera por el tiempo de trabajo socialmente necesario
no pagado; de la misma manera, se puede decir que no solamente la renta aviesa, sino también la super-ganancia de las empresas
involucradas, se generan por las expectativas
no satisfechas por esta economía política
aviesa y por la economía política
generalizada, de la que se beneficia la hiper-burguesía
mundial. Así como el proletariado es considerado como la población de donde se obtiene la fuerza de trabajo, de la misma manera,
se puede decir, que la población de
usuarios es considerada como la población
a la que se le ofrecen las obras, que
entran en las dinámicas perversas de la economía política generalizada. Es la población que contiene las necesidades
que se proponen supuestamente satisfacer los proyectos y las obras.
Estamos entonces ante una economía
política de la renta aviesa, que forma parte de la economía política generalizada. Aunque se trate de una economía política marginal, por así
decirlo, juega un papel en la apropiación
del excedente producido mundialmente.
Sin embargo, no olvidemos que, en lo que respecta a lo abigarrado del fenómeno
en cuestión, se trata de una renta.
¿Qué cobra esta renta? Se trata de la
posesión de las funciones administrativas del Estado; se cobra esta posesión, que facilita, por su ubicación
en la maquinaria estatal, el acceso rápido a los servicios que presta; esta vez, a las empresas privadas, sobre todo
las trasnacionales, bajo control de la hiper-burguesía
mundial.
En consecuencia, considerando las conformaciones
abigarradas, las configuraciones
saturadas, las estructuras barrocas, del sistema-mundo
capitalista, en la etapa de dominancia
del capitalismo financiero, en el ciclo largo del capitalismo vigente, la burguesía rentista juega su papel en la compulsa por la apropiación del excedente,
producido mundialmente. La renta aviesa,
conjuntamente con el capitalismo
financiero y especulativo,
participa en la compulsa por la apropiación del excedente, del que no contribuyeron en la producción del mismo, como lo hace la burguesía industrial, el proletariado
explotado, los pueblos esquilmados,
los ecosistemas destruidos. Se trata
de tres burguesías parásitas que, sin
embargo, se han convertido en dominantes
en la etapa decadente del sistema-mundo capitalista.
[2]
Astrid
Puentes es una de
las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA y responsable de los esfuerzos legales
y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y trabaja con AIDA desde
2003 y, desde las oficinas de CEMDA en Ciudad de México, desde 2004. Cuenta con
amplia experiencia en litigio en interés público, especialmente con respecto a
la relación entre derechos humanos y ambiente. Ella tiene un LL.M. (Maestría en
Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en
Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su Licenciatura en
Derecho en la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid es parte de la
Junta Directiva de EarthRights International desde 2014 y de la Junta
Internacional de International Rivers.
[3] Leer de Astrid Puentes Riaño Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés
público o sólo el dinero? AIDA. http://www.aida-americas.org/es/blog/tsunami-de-odebrecht-recuperar-el-interes-publico-o-solo-el-dinero?gclid=CjwKCAjwtdbLBRALEiwAm8pA5RUuLbMcdTMbEYoZCFI7XPn8saLX1iontEwdtYbOW3aqm-q4PtyhHBoC0oQQAvD_BwE.
[4] Leer de Wálter Vásquez Cuatro
constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia. La
Razón.
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