Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución llama a la Abstención y el voto nulo en la Constituyente
Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución llama a la Abstención y el voto nulo en
la Constituyente
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25/07/17
Los integrantes de la
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hicieron público un
comunicado rechazando la Asamblea Nacional Constituyente y llamando a la
población a la abstención, y al voto nulo para los que vean forzados a
participar de la misma.
Con la firma de los ex ministros Héctor Navarro, Oly Millán
Campos, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, los profesores universitarios
Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, el
constitucionalista Freddy Gutiérrez, el Mayor General Cliver Alcalá Cordones y
los dirigentes de Marea Socialista Gonzalo Gómez, Juan García y Roberto López
Sánchez, entre otros, difundieron un documento que proclama: No a la Asamblea
Nacional Constituyente, Abstención y Voto Nulo.
Definen la convocatoria como
una usurpación por parte del Presidente Maduro y así mismo rechazan la política
de la cúpula de la MUD, “dirigida a generar una fractura institucional a través
de la creación de un gobierno y un Estado paralelo con el apoyo de Washington…
”
El documento desglosa las razones del rechazo en 8 puntos que hacen un recorrido
por las que según ellos, son violaciones a la Constitución del ’99 y
representan una usurpación al poder originario del pueblo venezolano.
Los
firmantes explican a lo largo del texto una serie de delitos en los que habría
incurrido el presidente al tiempo que desmontan, según su punto de vista, los
argumentos que según el convocante la justificaría.
Alertan al mismo tiempo que
de mantenerse la constituyente se cerrarían definitivamente todas las
posibilidades de dialogo y se dejaría solo el camino de la violencia para
dirimir el conflicto actual. A continuación el texto completo del comunicado:
No a la Asamblea Nacional Constituyente
ABSTENCION Y VOTO NULO
La Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución se pronuncia frente a la convocatoria
del CNE a unas elecciones para el próximo domingo 30 de julio, de presuntos
constituyentistas a una presunta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
convocada usurpadoramente por el Presidente Maduro.
Por otra parte, aunque no
es el objetivo principal de este documento, reiteramos nuestro rechazo a la
política de la cúpula de la MUD dirigida a generar una fractura institucional a
través de la creación de un gobierno y un Estado paralelo con el apoyo de
Washington, con todas las implicaciones conocidas que esto tiene. Al colocarse
al margen de la constitución, esto atiza aún más la violencia y va a contravía
de una salida constitucional y pacífica a la crisis.
1. Decimos usurpación
porque el Art. 347 de la Constitución le asigna al pueblo de Venezuela y sólo a
él, por ser el depositario del poder constituyente originario, la autoridad
para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con facultades para
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución.
Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es
prerrogativa exclusiva del pueblo de Venezuela en su conjunto, consultado en
Referendo. El Presidente en Consejo de Ministros, las 2/3 partes de la Asamblea
Nacional y el 15 % del Registro Electoral Permanente (REP), de acuerdo al Art.
348 de la Constitución, pueden tener la iniciativa para llamar a ese Referendo.
Lo que no pueden hacer es ignorarlo. Esa es la usurpación que denunciamos por
parte del Presidente Maduro.
No ignoramos que la razón verdadera para no
convocar ese Referendo es que el Gobierno sabe perfectamente que lo perdería en
una forma apabullante.
2. Al delito de usurpación realizado en la convocatoria,
le sigue el atropello expresado en las Bases Comiciales. En primer lugar,
mediante la sobre-representación de los municipios con menor población, y
sub-representación de la población de los municipios con mayor población.
Violando los principios constitucionales de la representación proporcional
(Artículos 63 y 293 de la Constitución) y de igualdad entre todos los ciudadanos
(un ciudadano un voto), los votos de habitantes de los municipios donde el
gobierno considera que cuenta con mayor apoyo electoral valen mucho más que los
votos de los habitantes de los principales centros urbanos, donde reside la
mayor parte de los habitantes del país y donde es mayor el rechazo al gobierno.
De acuerdo al último censo nacional de población del año 2011, los diez (10)
municipios de mayor población contaban con una población de 8.354.071
habitantes, lo que representaba el 32% de la población total del país: Distrito
Capital, Maracaibo, Valencia, Caroní, Iribarren, Sucre, San Francisco, Maturín,
Girardot y Simón Bolívar (Barcelona). Por la forma tramposa como se han
diseñado las bases comiciales, estos diez municipios solo contarían con 22
representantes territoriales en la Asamblea Nacional Constituyente, esto es,
una representación de solo 6,0% de los miembros escogidos territorialmente. En
contraste con esto, los 212 municipios que tienen una población menor de 50 mil
habitantes, que en total cuentan con una población mucho menor que la población
de los diez municipios más poblados, contarían con 212 miembros escogidos
territorialmente, esto es, 58% del total de los integrantes de la ANC electos
territorialmente. El Municipio Simón Rodríguez del Estado Táchira con 2.445
habitantes elegiría un representante, mientras que en el Distrito Capital se
elegiría un representante por cada 277.700 habitantes (siete representantes por
1.943.901 habitantes).
El número de representantes de cada estado tiene poco
que ver con su población. Los estados Táchira y Falcón son los estados que
tienen mayor número de representantes (30 y 26 respectivamente). Siete estados
(Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara Miranda y Zulia y el Distrito
Capital) tienen mayor población que estos dos estados y sin embargo tienen un
número menor de representantes. La población del Estado Zulia es
aproximadamente cuatro veces mayor que la del Estado Falcón, y sin embargo
tiene menos representantes. El Estado Táchira con una población de 1.168.908
habitantes tendría 30 representantes mientras que el Distrito Capital con
1.943.901 habitantes tendría solo siete representantes.
De acuerdo al Decreto
Presidencial que establece las bases comiciales para las elecciones de la ANC,
se elegirían Constituyentes Sectoriales en representación de cada uno de los
siguientes sectores: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y
Campesinas, Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con
discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6) Pensionados y Pensionadas. 7)
Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales. Se establece
igualmente que por cada ochenta y tres mil (83.000) electores del registro
electoral se elegirá un representante sectorial. (Decreto Nº 2.878 del 23 de
mayo, 2017). El CNE ha anunciado que habrá un total de 173 representantes
sectoriales. Esto define arbitrariamente un universo de 14.359.000 electores y
electoras con derecho a participar en la elección de los representantes
sectoriales, dejando afuera de las representaciones sectoriales a
aproximadamente cinco millones de electores y electoras del país. Violando el
principio básico de igualdad contemplado en la Constitución, se definen de esta
manera ciudadanos y ciudadanas de primera, que podrán votar dos veces (voto
territorial y voto sectorial) y unos cinco millones de ciudadanos de segunda
que solo podrán votar una vez (voto territorial).
Las listas de electores y
electoras correspondientes a cada uno de los sectores que han sido definidos en
las bases comiciales no han sido auditadas, sobre estas listas no existe
control externo alguno. De acuerdo al CNE, "El Consejo Nacional Electoral
solicitará los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios
y asociaciones, debidamente establecidos." (Resolución del 7 de junio de
2017). La mayor parte de estas listas son controladas directamente por el
gobierno o por los gremios u organizaciones privadas.
3. Desde el punto de
vista de la profunda crisis de la sociedad venezolana, es esta una
constituyente innecesaria. Los problemas principales que hoy confronta la
población (inseguridad, escasez de alimentos y medicamentos básicos, inflación,
violencia) no son problemas de origen jurídico-constitucional. El gobierno
cuenta hoy con todos los instrumentos jurídicos y los poderes del Estado para
confrontar la crisis, mediante políticas públicas. No es mediante la
constitucionalización de las Misiones y los CLAP, que se van a resolver los
problemas de la inseguridad, la escasez, la inflación.
4. No hay garantía
alguna de que los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente vayan a ser
sometidos a la consideración de la población de Venezuela, tal como sí ocurrió
con la Constitución del año 1999. La garantía de esa consulta no está contemplada
ni en el decreto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (decreto
N° 2.830, del primero de mayo de 2017), ni en el decreto que establece las
bases comiciales (Decreto Nº 2.878 del 23 de mayo de 2017). Lo único que existe
en este sentido es una exhortación no vinculante “a las y los integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente que resultaren electas y electos, a que, el
proyecto de Constitución que se redacte en su seno sea sometido a referéndum
aprobatorio popular, en los términos previstos en el artículo 70 de la
constitución de la República Bolivariana.” realizada mediante una resolución
del CNE (7 de junio del 2017) que no compromete en nada a la Asamblea Nacional
Constituyente. Queda en manos de esta asamblea que asumirá inconstitucionalmente
poderes supra-constitucionales decidir si se hace o no un referéndum para
aprobar la nueva constitución. Es posible, por lo tanto, que independientemente
del nivel de participación en las elecciones del 30 de julio, los resultados de
esta Constituyentes sean impuestos al conjunto de la sociedad sin consultar a
la población venezolana.
5. Tiene poca credibilidad que uno de los objetivos de
la Constituyente sea la “Reivindicación del carácter pluricultural de la
Patria”, cuando después de 18 años del proceso bolivariano los derechos de los
pueblos indígenas, claramente establecidos en la Constitución del año 1999, no
se han hecho efectivos y no se ha avanzado en la reclamación principal de estos
pueblos, el reconocimiento y la demarcación de sus territorios.
Tampoco puede
esperarse que una Asamblea Nacional Constituyente contribuya a “La preservación
de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor
especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad
y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad.” Hay en la
actualidad una amplia gama de normas jurídicas de protección ambiental que han
sido violadas sistemáticamente por el Estado. Lo que se requiere no es la
creación de nuevas normas y regulaciones, sino que se cumpla lo que está
establecido en la Constitución del 1999 y las leyes derivadas de ésta.
6. El
gobierno ha anunciado insistentemente que se trataría de una Asamblea Nacional
Constituyente plenipotenciaria. De acuerdo a Elías Jaua, Presidente de la
Comisión Presidencial para la Constituyente, ésta sería “supra constitucional,
originaria y todo órgano del Poder Público quedan subordinados a esta
asamblea...” Diosdado Cabello ha afirmado que "No habrá instancia alguna,
poder constituido que pueda oponerse a las decisiones que soberanamente"
tomará la Asamblea Nacional Constituyente. Esto implicaría que a partir del
momento en que se instalase la Asamblea Nacional Constituyente, ésta
concentraría todos los poderes del Estado. De hecho, desde ese momento quedaría
derogada la Constitución del año 1999 con todos sus derechos y garantías y se
establecería un régimen que no podría ser calificado sino de autoritario ya que
concentraría todo el poder en una sola instancia que estaría lejos de ser
representativa del conjunto de la sociedad. Esa presunta ANC es un poder
derivado, representativo, no es el poder originario que reside
intransferiblemente en el pueblo (art. 5).
7. El gobierno ha respondido a la
crisis debida a la caída de los precios del petróleo y la imposibilidad de
continuar con el mismo grado de dependencia de los hidrocarburos optando por
otro modelo extractivista aún más depredador: el extractivismo minero. Con la
apertura del llamado Arco Minero del Orinoco, 112 mil kilómetros cuadrados del
territorio nacional, han sido dispuestos para la explotación por parte de las
grandes corporaciones mineras transnacionales. El gobierno esperaba la llegada
acelerada al país de grandes volúmenes de inversiones. Sin embargo, en la
medida en que las decisiones en torno al Arco Minero se han realizado en
violación abierta de la Constitución y de las principales leyes ambientales,
laborales y de los derechos de los pueblos indígenas, la grandes empresas
consideran que no cuentan con la seguridad jurídica requerida para realizar
grandes inversiones que solo serían rentables a mediano y largo plazo. ¿Será
que uno de los objetivos principales de la Asamblea Nacional Constituyente, que
explica lo acelerado que ha sido el proceso de convocatoria, consiste
precisamente en garantizarle a las transnacionales la seguridad jurídica que
están exigiendo?
8. Además de su carácter no constitucional, ha habido un abuso
sistemático del poder por parte del gobierno para imponer, a como dé lugar,
este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Eso ha operado
fundamentalmente por dos vías. En primer lugar, mediante el uso apabullante de
los medios de comunicación del Estado para hacerle propaganda a esta
convocatoria negándole la participación a toda opinión crítica. En segundo
lugar, ha habido una sostenida ofensiva de chantajes dirigido a los empleados
del Estado y de las empresas públicas, y a los receptores de los programas de
las misiones y de los CLAP, amenazando con la pérdida de sus empleos o
beneficios como si el Estado y los recursos de los programas sociales fuesen
propiedad privada del PSUV y del alto gobierno.
Presidente Maduro y otros
voceros del gobierno han argumentado que con esta Constituyente se busca la paz
y el diálogo. Nada más lejos de la verdad. Con una Constituyente ilegítima y
mono-partidista podrían cerrarse en forma definitiva las posibilidades de
diálogos y negociaciones, con lo cual podría quedar la violencia como la única
alternativa para procesar las profundas diferencias que existen hoy en la
sociedad venezolana.
Estas son las razones por las que llamamos a todo el
pueblo que pueda hacerlo, a abstenerse de votar y expresar de esta forma
rotunda su rechazo a la usurpación de la soberanía popular y a las violaciones
a la Constitución que significan las Bases Comiciales. A quienes su
circunstancia particular les obligue a votar, les llamamos a que voten nulo
para deslegitimar, de esa contundente forma, la pretensión de “fiesta
democrática” con la que el Gobierno pretende hacer pasar la usurpación.
¡¡¡ABSTENTE PARA RECHAZAR LA ANC!!!
¡¡¡SI TE OBLIGAN VOTA NULO!!!
Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución Caracas 26 de julio de 2017
Por la
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Héctor Navarro Oly Millán
Campos Esteban Emilio Mosonyi Edgardo Lander Ana Elisa Osorio Gustavo Márquez
Marín Santiago Arconada Freddy Gutiérrez Trejo Cliver Alcalá Cordones Gonzalo
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